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De la justicia climática a la responsabilidad legal climática

LONDRES – Muchos concluyeron que la conferencia climática COP27 del mes pasado fue un fracaso porque no se avanzó con las promesas de la cumbre de la COP26 del año pasado, y por la falta de compromisos claros para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. En términos más amplios, el propio proceso de la COP recibió críticas por su inadecuación y, en última instancia, inaplicabilidad, dado que depende de la unanimidad de las partes.

Pero gracias a la COP27 hubo un adelanto importantísimo: las economías avanzadas del mundo —entre ellas, Estados Unidos y la Unión Europea— finalmente aceptaron cierta responsabilidad por las «pérdidas y daños» causados por el cambio climático. En el lenguaje burocrático del comunicado final, acordaron «establecer nuevos acuerdos de financiamiento para colaborar con los países en desarrollo especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático en respuesta a las pérdidas y daños». Se formó un comité especial de 24 países para determinar cómo financiar, gestionar y distribuir el nuevo fondo, que deberá presentar sus conclusiones en la cumbre de la COP28 a fines del año que viene en los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, dado que los republicanos pronto controlarán la Cámara de Representantes, resulta difícil creer que EE. UU. pondrá mucho dinero sobre la mesa. También es incierta la participación de China entre los mayores contribuyentes. Aunque actualmente es una de las principales fuentes de emisiones, las Naciones Unidas sigue considerándola como un país «en desarrollo». Finalmente, aunque la UE aceptó, en principio, que los países más responsables del cambio climático deben ayudar a cubrir los costos asociados, se encamina a una recesión que muy probablemente limite sus aportes.

La participación de China es especialmente importante, no solo genera casi un tercio de las emisiones mundiales, además la UE condicionó su participación a las contribuciones de China. Por eso el ex primer ministro británico Gordon Brownadvirtió que podemos terminar con un «fondo sin proveedores de fondos».

Pero más allá de cuán factible sea ese peligro, no debe restar importancia a lo acordado por los gobiernos en la COP27. Que el mundo desarrollado haya aceptado su responsabilidad por el impacto del cambio climático sienta las bases para las reparaciones e indica un grado de responsabilidad legal que ahora será puesto a prueba en los tribunales de todo el mundo. «La justicia climática» evolucionará para pasar de un poderoso eslogan a una cuestión legal viva. Si el cambio climático es consecuencia de las emisiones pasadas y presentes e impulsa el aumento de la incidencia y gravedad del clima extremo, eso implica que se pueden atribuir las inundaciones de este año en Pakistán y la creciente desertificación del norte de África a quienes causaron las emisiones.

¿Pero, exactamente, quien es responsable? Los gobiernos del mundo desarrollado aceptaron parte de la responsabilidad, pero la responsabilidad y, por lo tanto, la responsabilidad legal, también se pueden atribuir a las empresas que produjeron y vendieron los productos que generaron las emisiones, y obtuvieron beneficios por ello. Las empresas de energía pueden tratar de afirmar que hasta las décadas de 1980 de 1990 no había consenso científico sobre los efectos climáticos negativos de la quema de hidrocarburos, pero no es posible mantener esa defensa a partir de la década de 1990.

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La era de la responsabilidad legal potencial tuvo inicio entonces hace aproximadamente 30 años, cuando el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, junto con otros, comenzaron a crear un cuerpo de investigación científica creíble. Y ahora tenemos encima a la era de la responsabilidad climática legal real. Para las empresas involucradas —especialmente aquellas sujetas a las leyes y decisiones políticas de las economías avanzadas— esa responsabilidad constituye una amenaza existencial. Resulta análoga al Acuerdo de Conciliación General que resolvió el conflicto entre las tabacaleras y 46 fiscales generales estatales estadounidenses por la responsabilidad de los costos médicos asociados con el tabaquismo.

Pero aunque por ese acuerdo las empresas tuvieron que pagar 206 000 millones de dólares a lo largo de 25 años, el cambio climático y los costos asociados a él son mucho mayores. Los riesgos son mundiales y continúan creciendo debido a que las emisiones siguen aumentando. De hecho, lo peor todavía no ha llegado y los costos potenciales son casi incalculables.

Habrá, con certeza, una feroz batalla legal, pero con la simple aceptación de la responsabilidad por los costos mundiales del cambio climático, en principio, las partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático dejaron salir al genio de la botella. Las empresas de combustibles fósiles y sus inversores no podrán afirmar que no fueron advertidos.

Es cierto, la COP27 desilusionó a muchos participantes y observadores. Es comprensible que los científicos y activistas climáticos, entre otros, estén consternados porque se está ignorando la urgencia del cambio climático y otras cuestiones más inmediatas —como la crisis del costo de vida y la guerra de Rusia en Ucrania— desplazan la atención de los responsables de las políticas y del público. Pero la realidad es que probablemente se recordará a la COP 27 como un punto de inflexión. Ahora que el mundo desarrollado aceptó finalmente un grado de responsabilidad financiera por las pérdidas y daños causados por el cambio climático, el debate climático en términos más amplios pasará, en lo sucesivo, a la cuestión de la responsabilidad legal. Y eso, a su vez, podría cambiar de manera fundamental los incentivos para los protagonistas principales.

Traducción al español por Ant-Translation

https://prosyn.org/ml8bWMRes