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Grandes contaminadores: a pagar

YAKARTA – Hace unos meses, lluvias torrenciales en Myanmar causaron corrimientos de tierra que arrasaron con cientos de casas y provocaron destrucción de cultivos a gran escala. Más de 1,3 millones de personas fueron afectadas, y más de 100 murieron. En Vietnam, los mismos diluvios causaron desbordes de depósitos de lodo tóxico en minas de carbón, cuyo contenido se volcó a través de aldeas y hasta la bahía de Ha Long (Patrimonio de la Humanidad); hubo 17 muertos. La creciente frecuencia e intensidad de estos fenómenos climáticos extrema la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Y que quede claro: estos fenómenos son, al menos en parte, resultado del cambio climático. Como señala el climatólogo Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, hoy en día “todos los fenómenos meteorológicos se ven afectados por el cambio climático, porque se producen en un entorno más cálido y húmedo que antes”.

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Los encargados de las negociaciones internacionales sobre el clima lo reconocen, hasta cierto punto. Los efectos sufridos por la gente de Myanmar y Vietnam se consideran costos inevitables de la falta de adaptación al cambio climático, lo que los funcionarios clasifican como “pérdidas y daños”. Pero estos términos no expresan la real magnitud de las consecuencias, especialmente el impacto en vidas humanas. Los muertos de Myanmar y Vietnam no son solo “costos inevitables”, y sus seres queridos no pueden simplemente “adaptarse” a su pérdida.

Esta fría retórica refleja la inadecuación de las respuestas al cambio climático producidas hasta ahora por los negociadores internacionales. De hecho, si el mundo industrializado hubiera hecho lo necesario para detener el cambio climático, como se prometió hace una generación, lo más probable es que Myanmar y Vietnam se hubieran ahorrado la cifra reciente de “pérdidas y daños”.

Pero Myanmar y Vietnam ni son ni por asomo los países en desarrollo a los que el incumplimiento de los compromisos asumidos por las economías que se dicen avanzadas deja en situación más vulnerable. Los diminutos estados insulares del Pacífico, por ejemplo, no han podido levantar defensas adecuadas contra las “supermareas” que avanzan sobre sus tierras y provocan la salinización de los bolsones (“lentes”) de agua dulce encerrados bajo sus atolones. Las poblaciones de estos países (entre los más pobres del mundo) pagan con sus vidas y con sus economías las consecuencias del cambio climático. Y como no tienen recursos para adaptarse, sus padecimientos continuarán.

Pero la iniquidad no termina allí. Los causantes del problema (los mayores contaminadores del mundo) siguen embolsando ganancias supermillonarias y reciben enormes subsidios de los gobiernos (se estima que alcanzarán los 5,3 billones de dólares en 2015, o sea unos diez millones de dólares por minuto).

¿Y quiénes son esos contaminadores? Según un estudio realizado en 2013 por el científico Rick Heede, casi dos tercios de las emisiones de dióxido de carbono generadas desde mediados del siglo XVIII son atribuibles a solo 90 de las mayores entidades productoras de combustibles fósiles y cemento, muchas de las cuales siguen en operación. Cincuenta son sociedades de accionistas, como ChevronTexaco, ExxonMobil, Shell, BP y Peabody Energy; 31 son empresas estatales, como la saudita Aramco y la noruega Statoil; y nueve son estados como Arabia Saudita y China.

En reconocimiento de la evidente injusticia (por no hablar del poder destructivo) de este estado de cosas, se lanzó una nueva iniciativa, el Proyecto de Impuesto al Carbono (con apoyo de cada vez más personas y organizaciones), para exigir que los grandes contaminadores paguen una compensación a los países en desarrollo vulnerables. En concreto, el Proyecto de Impuesto al Carbono propone cobrar un tributo en el punto de extracción de los combustibles fósiles.

Dicho impuesto es compatible con el derecho tributario internacional, incluido el principio de que “el que contamina, paga”, y crearía una fuente de financiación predecible (del orden de miles de millones de dólares) para las comunidades que más la necesitan, sin liberar a los gobiernos de la responsabilidad de proveer fondos públicos. Y al elevar el costo de la extracción de combustibles fósiles, contribuiría a la larga a la discontinuación de un sector para el que no hay lugar en un mundo climáticamente seguro.

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Felizmente, el mundo no dependerá de la persuasión moral para anotarse la victoria. Empresas extractoras y gobiernos ya enfrentan presiones legales cada vez más intensas. Los sobrevivientes del tifón en Filipinas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del país para demandar que se investigue la responsabilidad de las grandes empresas de combustibles fósiles por el cambio climático. El grupo holandés Urgenda y casi 900 codemandantes lograron poner en el banquillo al gobierno holandés y obligarlo a adoptar políticas climáticas más estrictas. Un agricultor peruano decidió demandar a la empresa alemana RWE, productora de carbón, para que cubra el costo de proteger su hogar, amenazado por el posible desborde de un lago de origen glaciar. Y los firmantes de la Declaración de los Pueblos para la Justicia Climática de los países insulares del Pacífico están decididos a llevar a los grandes contaminadores a los tribunales por sus actividades que causan la destrucción de sus hogares.

Si no se toman medidas, demandas como estas serán cada vez más frecuentes y difíciles de rebatir. Las grandes empresas del petróleo, el gas y el carbón deben aceptar su responsabilidad por el cambio climático y empezar a hacer aportes reales a la adaptación, o prepararse para pelear por su propia supervivencia, en una batalla que, a la larga, simplemente no pueden ganar.