EDINBURGO – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de Dubái será en apenas unas semanas, pero queda cada vez más claro que solo una audaz iniciativa financiera encabezada por los Emiratos Árabes Unidos podrá brindar el financiamiento y apoyo fundamentales para el Sur Global.
A pesar de las devastadoras sequías, inundaciones e incendios descontrolados que preceden a la cumbre y ponen de relieve la urgente necesidad de actuar, las conversaciones previas a ella lograron escasos avances en la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños con el objetivo de ayudar a los países más pobres del mundo a mitigar los efectos del cambio climático. Se decidió que el Fondo residirá durante cuatro años en el Banco Mundial, pero no se logró ningún acuerdo sobre las obligaciones de los responsables históricos de las emisiones ni, de momento, para establecer flujos de efectivo sustanciales.
Es en los EAU donde reside la clave para solucionar esa brecha financiera. Si persuaden a los petroestados más ricos del mundo para que paguen un impuesto voluntario del 3 % sobre los ingresos imprevistos por las exportaciones de gas y petróleo de 2022, se podrían captar USD 25 000 millones. Un gravamen de esas características reuniría el capital inicial necesario para motivar a las economías desarrolladas responsables de la mayor parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) a emitir garantías, que permitirían a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) estimular la inversión.
Ciertamente, Al Jaber es muy consciente de la urgente necesidad de actuar con decisión. En junio enfatizó —en una comunicación privada con algunos gobiernos— la importancia de adoptar una estrategia coordinada que usaría garantías estatales para apalancar el capital privado, reflejando la visión de los EAU de nuevos e innovadores mecanismos financieros que permitan apalancar el financiamiento privado. También desea utilizar mecanismos de garantía estatal a gran escala para movilizar inversiones privadas significativas, enmarcándolos como una forma de unir a todos los grupos y partes interesadas para promover la acción climática.
Pero Al Jaber no solo es presidente de la COP28 sino también director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. Se encuentra en una posición única para liderar con el ejemplo y conducir a su propio país a que aporte lo que le corresponde. Un gravamen de USD 25 000 millones, que representaría menos del 10 % de los ingresos de la industria petrolífera y gasífera en 2022, debiera ser la contribución mínima esperable de los países que son grandes exportadores de petróleo.
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El marcado contraste entre los ingresos récord por exportaciones de los países productores de petróleo y los millones de personas que en el Sur Global se vieron empujadas a la pobreza por el brusco aumento del costo de la electricidad pone de relieve este imperativo. En 2022 las ganancias por exportaciones de los países de la OPEP fueron de USD 888 000 millones, un aumento de USD 266 000 millones respecto del año anterior; y los 6 exportadores de petróleo más ricos se embolsaron USD 800 000 millones. Las ganancias por exportaciones de petróleo de los EAU se dispararon, de USD 76 000 millones en 2021 a USD 119 000 millones.
El aumento de los precios de la energía resultó especialmente lucrativo para los petroestados de Medio Oriente. Las ganancias por exportaciones energéticas de Catar saltaron de USD 87 000 millones a USD 132 000 millones en 2022, mientras que las de Kuwait aumentaron de USD 63 000 millones a USD 98 000 millones, lo que le permite a cada uno de esos países pagar un gravamen de USD 2000 millones. Noruega, que casi triplicó su ganancias por exportaciones, de USD 48 000 millones a USD 140 000 millones, podría pagar fácilmente USD 5000 millones.
Pero la mayor contribución debiera ser la de Arabia Saudita, cuyas ganancias por exportaciones petroleras se dispararon a USD 311 000 millones en 2022, con un pasmoso aumento de USD 120 000 millones respecto del año anterior. Una contribución de USD 9000 millones sería menos de lo que los sauditas gastan por año en fútbol y golf, y menos de la mitad de lo que supuestamente estaban dispuestos a pagar para comprar la Fórmula 1.
Además, un gravamen sobre las ganancias imprevistas por la venta de combustibles fósiles podría incentivar a todos los países desarrollados a colaborar. El principio de asumir la parte justa de los costos es sencillo: los países e industrias que históricamente generaron más emisiones de GEI y disfrutaron los mayores ingresos per cápita debieran hacerse cargo de una proporción mayor de los costos.
Una porción del gravamen de USD 25 000 millones se debiera asignar directamente al Fondo para Pérdidas y Daños, y el resto debiera funcionar como capital aportado para un nuevo instrumento de financiamiento climático orientado a apoyar al Sur Global. Ese capital, a su vez, se vería complementado con garantías de varios miles de millones de dólares por parte de quienes más emisiones generan en el mundo. Los BMD podrían entonces apalancar esos fondos y, potencialmente, cuadruplicar los recursos disponibles para los países con ingresos bajos y medios.
Varios organismos internacionales respaldaron este uso estratégico de las garantías y las destacaron en tres informes recientes al G20, entre los que se cuentan los elaborados por el economista N.K. Singh y el exsecretario del Tesoro de EE. UU., Lawrence H. Summers. Adoptar la propuesta de Singh-Summers para triplicar el gasto anual del Banco Mundial —de USD 390 000 millones— junto con la iniciativa de Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados, para canalizar un financiamiento internacional de USD 100 000 millones hacia el Sur Global representaría paso fundamental para movilizar el millón de millones de dólares de inversión anual necesaria para que los países más pobres del mundo aceleren su transición hacia un futuro resiliente a los cambios climáticos y puedan cumplir sus objetivos de desarrollo.
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The US retirement system is failing American workers. But after decades of pushing fake fixes – especially forcing people to work longer – US policymakers have an opportunity to make real progress in bolstering Americans' economic security in old age.
proposes a Grey New Deal that would boost economic security for all US workers in old age.
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
EDINBURGO – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) de Dubái será en apenas unas semanas, pero queda cada vez más claro que solo una audaz iniciativa financiera encabezada por los Emiratos Árabes Unidos podrá brindar el financiamiento y apoyo fundamentales para el Sur Global.
A pesar de las devastadoras sequías, inundaciones e incendios descontrolados que preceden a la cumbre y ponen de relieve la urgente necesidad de actuar, las conversaciones previas a ella lograron escasos avances en la creación de un Fondo para Pérdidas y Daños con el objetivo de ayudar a los países más pobres del mundo a mitigar los efectos del cambio climático. Se decidió que el Fondo residirá durante cuatro años en el Banco Mundial, pero no se logró ningún acuerdo sobre las obligaciones de los responsables históricos de las emisiones ni, de momento, para establecer flujos de efectivo sustanciales.
Como presidente de la COP28, el sultán de los EAU, Al Jaber, enfrenta la tarea fundamental de salir del impasse actual y cumplir su promesa de diseñar un plan de financiamiento que cubra el déficit anual de un millón de millones de dólares del Sur Global para iniciativas de mitigación y adaptación.
Es en los EAU donde reside la clave para solucionar esa brecha financiera. Si persuaden a los petroestados más ricos del mundo para que paguen un impuesto voluntario del 3 % sobre los ingresos imprevistos por las exportaciones de gas y petróleo de 2022, se podrían captar USD 25 000 millones. Un gravamen de esas características reuniría el capital inicial necesario para motivar a las economías desarrolladas responsables de la mayor parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) a emitir garantías, que permitirían a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) estimular la inversión.
Ciertamente, Al Jaber es muy consciente de la urgente necesidad de actuar con decisión. En junio enfatizó —en una comunicación privada con algunos gobiernos— la importancia de adoptar una estrategia coordinada que usaría garantías estatales para apalancar el capital privado, reflejando la visión de los EAU de nuevos e innovadores mecanismos financieros que permitan apalancar el financiamiento privado. También desea utilizar mecanismos de garantía estatal a gran escala para movilizar inversiones privadas significativas, enmarcándolos como una forma de unir a todos los grupos y partes interesadas para promover la acción climática.
Pero Al Jaber no solo es presidente de la COP28 sino también director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi. Se encuentra en una posición única para liderar con el ejemplo y conducir a su propio país a que aporte lo que le corresponde. Un gravamen de USD 25 000 millones, que representaría menos del 10 % de los ingresos de la industria petrolífera y gasífera en 2022, debiera ser la contribución mínima esperable de los países que son grandes exportadores de petróleo.
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El marcado contraste entre los ingresos récord por exportaciones de los países productores de petróleo y los millones de personas que en el Sur Global se vieron empujadas a la pobreza por el brusco aumento del costo de la electricidad pone de relieve este imperativo. En 2022 las ganancias por exportaciones de los países de la OPEP fueron de USD 888 000 millones, un aumento de USD 266 000 millones respecto del año anterior; y los 6 exportadores de petróleo más ricos se embolsaron USD 800 000 millones. Las ganancias por exportaciones de petróleo de los EAU se dispararon, de USD 76 000 millones en 2021 a USD 119 000 millones.
El aumento de los precios de la energía resultó especialmente lucrativo para los petroestados de Medio Oriente. Las ganancias por exportaciones energéticas de Catar saltaron de USD 87 000 millones a USD 132 000 millones en 2022, mientras que las de Kuwait aumentaron de USD 63 000 millones a USD 98 000 millones, lo que le permite a cada uno de esos países pagar un gravamen de USD 2000 millones. Noruega, que casi triplicó su ganancias por exportaciones, de USD 48 000 millones a USD 140 000 millones, podría pagar fácilmente USD 5000 millones.
Pero la mayor contribución debiera ser la de Arabia Saudita, cuyas ganancias por exportaciones petroleras se dispararon a USD 311 000 millones en 2022, con un pasmoso aumento de USD 120 000 millones respecto del año anterior. Una contribución de USD 9000 millones sería menos de lo que los sauditas gastan por año en fútbol y golf, y menos de la mitad de lo que supuestamente estaban dispuestos a pagar para comprar la Fórmula 1.
Además, un gravamen sobre las ganancias imprevistas por la venta de combustibles fósiles podría incentivar a todos los países desarrollados a colaborar. El principio de asumir la parte justa de los costos es sencillo: los países e industrias que históricamente generaron más emisiones de GEI y disfrutaron los mayores ingresos per cápita debieran hacerse cargo de una proporción mayor de los costos.
Una porción del gravamen de USD 25 000 millones se debiera asignar directamente al Fondo para Pérdidas y Daños, y el resto debiera funcionar como capital aportado para un nuevo instrumento de financiamiento climático orientado a apoyar al Sur Global. Ese capital, a su vez, se vería complementado con garantías de varios miles de millones de dólares por parte de quienes más emisiones generan en el mundo. Los BMD podrían entonces apalancar esos fondos y, potencialmente, cuadruplicar los recursos disponibles para los países con ingresos bajos y medios.
Varios organismos internacionales respaldaron este uso estratégico de las garantías y las destacaron en tres informes recientes al G20, entre los que se cuentan los elaborados por el economista N.K. Singh y el exsecretario del Tesoro de EE. UU., Lawrence H. Summers. Adoptar la propuesta de Singh-Summers para triplicar el gasto anual del Banco Mundial —de USD 390 000 millones— junto con la iniciativa de Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados, para canalizar un financiamiento internacional de USD 100 000 millones hacia el Sur Global representaría paso fundamental para movilizar el millón de millones de dólares de inversión anual necesaria para que los países más pobres del mundo aceleren su transición hacia un futuro resiliente a los cambios climáticos y puedan cumplir sus objetivos de desarrollo.
Traducción al español por Ant-Translation