BOGOTÁ - La reciente Semana del Clima en Nueva York, que reunió a líderes empresariales, funcionarios, científicos y representantes de otros sectores para debatir soluciones climáticas e impulsar el progreso hacia la descarbonización, puso de relieve hasta qué punto los bosques se han convertido en un gran negocio. El pujante mercado voluntario de intercambio de emisiones de carbono, en el que las empresas compran créditos que representan una compensación de sus emisiones basada en la naturaleza, valía unos 2000 millones de dólares en 2021 y puede alcanzar entre 10 000 y 40 000 millones de dólares en 2030. Hay quien ve en la preservación y restauración de los bosques una solución definitiva para el cambio climático.
Pero para las comunidades indígenas (incluida mi tribu en la Amazonia colombiana), la llegada de los operadores de créditos de carbono fue el comienzo de una historia turbulenta: acuerdos dudosos, apropiación de tierras y desalojos violentos en territorios disputados. Nuestra experiencia colectiva genera serias dudas sobre la integridad de un mercado que va camino de expandirse por América Latina y África conforme las mayores empresas del mundo apelan cada vez más al uso de compensaciones basadas en los bosques para alcanzar la neutralidad de carbono.
Nadie niega que los créditos por compensación de emisiones eran una buena idea. Se trataba de que las empresas, mediante mecanismos de mercado, compensaran sus emisiones de dióxido de carbono, reconociendo la superioridad de las prácticas de conservación de las comunidades indígenas, a las que les pagarían por evitar la deforestación. El mecanismo también refleja la importancia de los bosques como sumideros naturales de carbono, que pueden aportar más de un tercio de la mitigación necesaria para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de aquí a 2030.
Pero lo que ha surgido es un mercado desregulado y opaco con importantes defectos de diseño. Una investigación reciente del Berkeley Carbon Trading Project muestra que Verra, el principal programa de créditos de carbono del mundo, ha dado a los diseñadores de los proyectos libertad para elegir metodologías que maximizan la cantidad de créditos que pueden recibir. El resultado ha sido sistemas de compensación que absorben mucho menos carbono del prometido (incluso nada).
Ni siquiera los proyectos que realmente suponen una reducción de las emisiones de carbono están exentos de polémica. Un ejemplo es el de Alto Mayo, en la Amazonia peruana, que supuso el 40% de la compensación de emisiones de Disney entre 2012 y 2020; este proyecto consiguió evitar cierto grado de deforestación, pero generó conflictos por el desalojo violento de comunidades que habitan en los bosques.
¿Cómo es que una buena idea salió tan mal? Una de las causas principales es la falta de regulación adecuada. Algunos operadores (a veces llamados «cowboys del carbono») van a las comunidades indígenas de América Latina y África y las engatusan para que entreguen los derechos sobre los créditos de carbono correspondientes a sus bosques, mediante contratos que casi siempre son abusivos: desde concesiones irrevocables por cien años hasta cláusulas que otorgan a los operadores la mitad de los ingresos obtenidos de los créditos de carbono.
Y algunos operadores incluso apelan a tácticas más agresivas. TotalEnergies se apropió de tierras de agricultores congoleños para un plan de reforestación, pagándoles en algunos casos alrededor de un dólar por hectárea y en otros, nada. Algunas agricultoras denunciaron que aparecieron unos hombres que se desplazaban en camioneta y las echaron de sus campos. Los agricultores firmaron un documento que describía los pagos como «simbólicos» y «con vistas a la liberación del derecho al uso» de la tierra.
Es común que los proyectos de compensación de emisiones de carbono tengan lugar en jurisdicciones donde la propiedad de la tierra plantea difíciles problemas que exigen diligencia, precisión y conocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas. Pero en el «Salvaje Oeste» de los mercados de carbono, donde todo tiene que ser rápido, se redactan acuerdos con escasa preocupación por la historia, la cultura o los derechos, lo que coloca a comunidades indígenas como la mía en una situación precaria.
Mientras tanto, el apetito empresarial de créditos forestales de compensación de carbono no para de crecer. La intensa presión a la que están sometidas las empresas para que cumplan las metas de neutralidad de carbono hace que sea mucho más fácil y rápido comprar créditos que reducir las emisiones propias. Súmese esta demanda voraz a un mercado desorganizado y mal regulado, y habrá operadores dispuestos a crear créditos por los medios que sean, sin importar el impacto climático.
Un hecho particularmente indignante es la abundancia de ecopostureo en el mercado voluntario de emisiones. Es sabido que muchos sistemas de compensación exageran la cantidad de carbono que capturan; pero según una investigación de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial (una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro), el 94% (nada menos) de los créditos forestales de Verra no aporta ningún beneficio climático.
Cuestionamientos similares ha recibido el inédito plan de descarbonización guyanés. Hace unos meses, la Hess Corporation (que recibió una concesión para exploración petrolera frente a las costas de Guyana), compró al país créditos forestales por 750 millones de dólares. Pero los bosques en cuestión están hace siglos bajo la custodia de pueblos indígenas, y el riesgo de deforestación es muy bajo. De hecho, el proyecto permite un nivel de deforestación superior a los niveles históricos del país. Los activistas en el tema señalan que las promesas de reducción de emisiones exageradas causan más daño climático, algo que es muy aplicable al país petrolero más reciente de Sudamérica; y algunas comunidades indígenas afirman que las autoridades han vendido algo que no es suyo.
Es necesario que los pueblos indígenas recibamos una compensación justa por el importante trabajo que realizamos para salvaguardar los bosques. En vez de eso, el sistema actual nos obliga a lidiar con volatilidad en los precios de los créditos, operadores que buscan rentas y mercados que no tienen en cuenta los derechos humanos. Derechos a los que ni siquiera el marco regulador de los mercados de carbono que está desarrollando Naciones Unidas (que puede sentar un precedente peligroso para otras normas) presta la atención que se merecen.
Para restablecer la credibilidad del mercado voluntario de créditos no bastarán reformas graduales. La financiación de los programas de protección forestal tiene que estar estrictamente regulada, basarse en datos científicos creíbles y ser impermeable a la demanda empresarial de créditos fáciles de obtener. Las comunidades forestales, como la mía, deben recibir seguridad financiera a largo plazo y participar en la toma de decisiones en vez de ser meros observadores.
Los sistemas de créditos basados en la naturaleza no están del todo errados: hay que pensar en los bosques como herramientas para la mitigación del calentamiento global y pagar a las comunidades que los protegen. Pero en su forma actual, el mercado voluntario de emisiones está plagado de deficiencias, y el resultado es sistemas de protección forestal que exageran su impacto climático y explotan a las comunidades locales. Es hora de una revisión radical.
BOGOTÁ - La reciente Semana del Clima en Nueva York, que reunió a líderes empresariales, funcionarios, científicos y representantes de otros sectores para debatir soluciones climáticas e impulsar el progreso hacia la descarbonización, puso de relieve hasta qué punto los bosques se han convertido en un gran negocio. El pujante mercado voluntario de intercambio de emisiones de carbono, en el que las empresas compran créditos que representan una compensación de sus emisiones basada en la naturaleza, valía unos 2000 millones de dólares en 2021 y puede alcanzar entre 10 000 y 40 000 millones de dólares en 2030. Hay quien ve en la preservación y restauración de los bosques una solución definitiva para el cambio climático.
Pero para las comunidades indígenas (incluida mi tribu en la Amazonia colombiana), la llegada de los operadores de créditos de carbono fue el comienzo de una historia turbulenta: acuerdos dudosos, apropiación de tierras y desalojos violentos en territorios disputados. Nuestra experiencia colectiva genera serias dudas sobre la integridad de un mercado que va camino de expandirse por América Latina y África conforme las mayores empresas del mundo apelan cada vez más al uso de compensaciones basadas en los bosques para alcanzar la neutralidad de carbono.
Nadie niega que los créditos por compensación de emisiones eran una buena idea. Se trataba de que las empresas, mediante mecanismos de mercado, compensaran sus emisiones de dióxido de carbono, reconociendo la superioridad de las prácticas de conservación de las comunidades indígenas, a las que les pagarían por evitar la deforestación. El mecanismo también refleja la importancia de los bosques como sumideros naturales de carbono, que pueden aportar más de un tercio de la mitigación necesaria para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de aquí a 2030.
Pero lo que ha surgido es un mercado desregulado y opaco con importantes defectos de diseño. Una investigación reciente del Berkeley Carbon Trading Project muestra que Verra, el principal programa de créditos de carbono del mundo, ha dado a los diseñadores de los proyectos libertad para elegir metodologías que maximizan la cantidad de créditos que pueden recibir. El resultado ha sido sistemas de compensación que absorben mucho menos carbono del prometido (incluso nada).
Ni siquiera los proyectos que realmente suponen una reducción de las emisiones de carbono están exentos de polémica. Un ejemplo es el de Alto Mayo, en la Amazonia peruana, que supuso el 40% de la compensación de emisiones de Disney entre 2012 y 2020; este proyecto consiguió evitar cierto grado de deforestación, pero generó conflictos por el desalojo violento de comunidades que habitan en los bosques.
¿Cómo es que una buena idea salió tan mal? Una de las causas principales es la falta de regulación adecuada. Algunos operadores (a veces llamados «cowboys del carbono») van a las comunidades indígenas de América Latina y África y las engatusan para que entreguen los derechos sobre los créditos de carbono correspondientes a sus bosques, mediante contratos que casi siempre son abusivos: desde concesiones irrevocables por cien años hasta cláusulas que otorgan a los operadores la mitad de los ingresos obtenidos de los créditos de carbono.
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Y algunos operadores incluso apelan a tácticas más agresivas. TotalEnergies se apropió de tierras de agricultores congoleños para un plan de reforestación, pagándoles en algunos casos alrededor de un dólar por hectárea y en otros, nada. Algunas agricultoras denunciaron que aparecieron unos hombres que se desplazaban en camioneta y las echaron de sus campos. Los agricultores firmaron un documento que describía los pagos como «simbólicos» y «con vistas a la liberación del derecho al uso» de la tierra.
Es común que los proyectos de compensación de emisiones de carbono tengan lugar en jurisdicciones donde la propiedad de la tierra plantea difíciles problemas que exigen diligencia, precisión y conocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas. Pero en el «Salvaje Oeste» de los mercados de carbono, donde todo tiene que ser rápido, se redactan acuerdos con escasa preocupación por la historia, la cultura o los derechos, lo que coloca a comunidades indígenas como la mía en una situación precaria.
Mientras tanto, el apetito empresarial de créditos forestales de compensación de carbono no para de crecer. La intensa presión a la que están sometidas las empresas para que cumplan las metas de neutralidad de carbono hace que sea mucho más fácil y rápido comprar créditos que reducir las emisiones propias. Súmese esta demanda voraz a un mercado desorganizado y mal regulado, y habrá operadores dispuestos a crear créditos por los medios que sean, sin importar el impacto climático.
Un hecho particularmente indignante es la abundancia de ecopostureo en el mercado voluntario de emisiones. Es sabido que muchos sistemas de compensación exageran la cantidad de carbono que capturan; pero según una investigación de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial (una organización de periodismo de investigación sin fines de lucro), el 94% (nada menos) de los créditos forestales de Verra no aporta ningún beneficio climático.
Cuestionamientos similares ha recibido el inédito plan de descarbonización guyanés. Hace unos meses, la Hess Corporation (que recibió una concesión para exploración petrolera frente a las costas de Guyana), compró al país créditos forestales por 750 millones de dólares. Pero los bosques en cuestión están hace siglos bajo la custodia de pueblos indígenas, y el riesgo de deforestación es muy bajo. De hecho, el proyecto permite un nivel de deforestación superior a los niveles históricos del país. Los activistas en el tema señalan que las promesas de reducción de emisiones exageradas causan más daño climático, algo que es muy aplicable al país petrolero más reciente de Sudamérica; y algunas comunidades indígenas afirman que las autoridades han vendido algo que no es suyo.
Es necesario que los pueblos indígenas recibamos una compensación justa por el importante trabajo que realizamos para salvaguardar los bosques. En vez de eso, el sistema actual nos obliga a lidiar con volatilidad en los precios de los créditos, operadores que buscan rentas y mercados que no tienen en cuenta los derechos humanos. Derechos a los que ni siquiera el marco regulador de los mercados de carbono que está desarrollando Naciones Unidas (que puede sentar un precedente peligroso para otras normas) presta la atención que se merecen.
Para restablecer la credibilidad del mercado voluntario de créditos no bastarán reformas graduales. La financiación de los programas de protección forestal tiene que estar estrictamente regulada, basarse en datos científicos creíbles y ser impermeable a la demanda empresarial de créditos fáciles de obtener. Las comunidades forestales, como la mía, deben recibir seguridad financiera a largo plazo y participar en la toma de decisiones en vez de ser meros observadores.
Los sistemas de créditos basados en la naturaleza no están del todo errados: hay que pensar en los bosques como herramientas para la mitigación del calentamiento global y pagar a las comunidades que los protegen. Pero en su forma actual, el mercado voluntario de emisiones está plagado de deficiencias, y el resultado es sistemas de protección forestal que exageran su impacto climático y explotan a las comunidades locales. Es hora de una revisión radical.