pa1706c.jpg Paul Lachine

¿Se privatiza la naturaleza?

BERLÍN – Hoy en día pocas personas tienen la esperanza de que convenciones de las Naciones Unidas como la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el  Convenio sobre la Diversidad Biológica puedan evitar el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los suelos cultivables y el agua. Asimismo, la búsqueda de límites estrictos a las emisiones de CO2 y normas ambientales y sociales más rígidas para reducir el consumo de recursos naturales y proteger a los trabajadores parece estar pasado de moda pues las economías afectadas por la crisis están inquietas de que dichas regulaciones obstaculicen la inversión y el comercio.

Como los viejos métodos han perdido credibilidad, algunos gobiernos, economistas e instituciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han adoptado un nuevo enfoque, que se basa en la idea de que la naturaleza es un proveedor de “servicios de ecosistemas”. Con dicho enfoque han transferido la responsabilidad de atender el riesgo medioambiental al sector privado y a los mecanismos basados en el mercado.

Según este nuevo paradigma, la preservación ambiental es un asunto comercial en el que el medio ambiente es solamente un conjunto de bienes y servicios comercializables. El resultado de esta lógica es que los servicios de ecosistemas ya no serán gratuitos. En efecto, de acuerdo con Pavan Sukhdev, el autor principal de la investigación The Economics of Ecosystems and Biodiversity (La economía de los sistemas y la biodiversidad), que tiene por objetivo subrayar el impacto económico del deterioro ambiental, “Usamos la naturaleza porque es valiosa, pero la perdemos porque es gratuita.”.

Si  duda, asignar valor a los servicios de ecosistemas va más allá de etiquetarlos con un precio. De hecho, este enfoque puede ayudar a definir las políticas medioambientales más eficientes para obtener los beneficios de la biodiversidad y los ecosistemas. A diferencia del PIB, algunos modelos nuevos de contabilidad incluyen mecanismos para cuantificar las ventajas de los servicios de ecosistemas o los costos de su destrucción, creando así una base para tomar medidas económicas y políticas.

El peligro radica en que el paradigma desembocaría fácilmente en la financialización de la naturaleza. En efecto, el proceso ha empezado, por ejemplo, el Programa ONU-REDD incluye incentivos de mercado y financieros para reducir las emisiones de gases efecto invernadero debido a la deforestación y la degradación de los bosques.

De igual manera, “los hábitats de reserva” permiten a los promotores comerciar créditos de hábitat o de biodiversidad –obtenidos mediante medidas que protegen, restauran o mejoran hábitats o especies- para compensar los costos ambientales del desarrollo. Además, los sistemas de comercio de carbono reducen el valor de los suelos y bosques a su capacidad de almacenamiento de carbono.

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Todo esto implica la propiedad privada de servicios de ecosistemas. Sin embargo, en muchos países, los ecosistemas intactos restantes se encuentran en áreas pobladas por pueblos indígenas, lo que crea inevitablemente conflicto con las comunidades afectadas y al interior de estas. Los locales querrán saber quién ostenta la propiedad de los servicios y quién obtiene los beneficios de los créditos asociados. Y quienquiera que sea tendrá que asumir la responsabilidad de cumplir los complicados requisitos de contabilidad y conformidad, y mitigar al mismo tiempo los riesgos de exclusión.

Además, la voluntad del sector privado para financiar, por ejemplo, la conservación de los bosques, depende de la integración de varios créditos en los programas globales de comercio de emisiones –una remota posibilidad dado el estado de las negociaciones internacionales climáticas. Bajo la situación actual, el comercio de emisiones funciona solamente como una forma de corregir el enfoque tradicional de los países industrializados. La creciente participación de los instrumentos basados en el mercado en la conservación solo permitirá a las empresas manipular sus obligaciones ambientales, mientras que para los gobiernos será más fácil desatender su responsabilidad en el diseño de políticas ambientales.

Por ejemplo, el año pasado, el poderoso lobby agroindustrial de Brasil logró hacer que el gobierno aprobara un nuevo código forestal, que incluye instrumentos basados en el mercado para ofrecer a los productores agrícolas más flexibilidad en las actividades de conservación. Como resultado, los propietarios de tierras que reducen más la vegetación de la permitido por ley ahora pueden volver a satisfacer los criterios de conformidad mediante la compra de créditos de compensación en la Bolsa de valores ambiental de Rio de Janeiro (Bolsa Verde) a aquellos que tienen más de la cantidad mínima obligatoria de cubierta forestal.

Motivados por el  nuevo esquema, aquellos que quieren ofrecer créditos de compensación tomaron tierras por la fuerza en zonas donde no es redituable talar –una respuesta orientada por el mercado que estuvo acompañada de violaciones a los derechos humanos. La experiencia de Brasil pone de manifiesto los riesgos de una política ambiental laxa –que ofrece la posibilidad a aquellos con recursos la opción de salir del problema a costa de ciudadanos más vulnerables, en particular pueblos indígenas y agricultores a pequeña escala pobres.

La crisis económica global expuso los riesgos de depender exclusivamente de los mercados para regular la actividad económica. Dado que las consecuencias de una crisis ambiental mundial serían mucho más devastadoras, subordinarse a los mecanismos basados en el mercado para proteger y fortalecer el medio ambiente es una receta que conduce al desastre.

A fin de evitar un resultado como ese, las personas en todo el mundo deberían rechazar la idea de que la naturaleza es un proveedor de servicios y exigir a los responsables del diseño de políticas trabajar activamente para proteger y restablecer hábitats y biodiversidad. No se debe permitir que los mecanismos para “compensar” las actividades perjudiciales desvíen la atención de lo que realmente es urgente, como prevenir la deforestación y suprimir gradualmente los combustibles fósiles.

Con este fin, debe prohibirse la financialización de la naturaleza mediante derivados y otros productos financieros. Después de todo, si bien el valor monetario actual de un bosque tropical intacto no corresponde a los recursos minerales y naturales que contiene, su importancia para la supervivencia humana es invaluable.

Además, los gobiernos deberían suprimir gradualmente los subsidios que perjudican el clima y la biodiversidad, como los incentivos en efectivo orientados a estimular la reducción de la masa forestal en nombre de actividades “productivas” como la agricultura. Con ello, los países podrán cumplir sus objetivos de protección ambiental mientras que ahorran recursos fiscales.

Todo esto no quiere decir que los mecanismos basados en el mercado no sirven para la protección y restauración ambiental. Sirven pero solo si forman parte de un marco integral que tome en cuenta el verdadero e inconmensurable valor del medio ambiental natural.

Traducción de Kena Nequiz

https://prosyn.org/fWz5aGJes