1

Bosques que matan

NUEVA YORK – Edwin Chota encontró la muerte en la selva que luchaba por proteger. Este activista ambiental peruano había solicitado ayuda a su gobierno tras recibir amenazas de muerte por parte de los taladores ilegales que pululan por la zona vecina a su aldea, situada en la profundidad de la selva amazónica. Pese a su solicitud, en septiembre, él y otros tres prominentes miembros de la comunidad asháninka de Perú, fueron emboscados y baleados a muerte en un sendero de la jungla cuando se dirigían a un encuentro con activistas de Brasil, su país vecino. La viuda de Chota viajó durante seis días por vía fluvial para llegar a la capital regional e informar de los asesinatos.

La muerte de Chota es un recordatorio del precio que los activistas locales en algunas de las zonas más remotas del mundo están pagando por defender sus comunidades de la explotación y la industrialización. La demanda mundial de recursos naturales está en aumento, y a las comunidades indígenas no se les brinda mayor protección frente a quienes quisieran destruir sus territorios, selvas y ríos. De hecho, se las está asesinando impunemente a un ritmo alarmante, a veces con la complicidad de las propias autoridades gubernamentales.

Chicago Pollution

Climate Change in the Trumpocene Age

Bo Lidegaard argues that the US president-elect’s ability to derail global progress toward a green economy is more limited than many believe.

Perú es uno de los principales ejemplos. Según revela un informe recientemente dado a conocer por el grupo activista Global Witness, Perú ocupa el cuarto lugar del mundo en cuanto a asesinatos de activistas ambientales (después de Brasil, Honduras y las Filipinas), con 58 de ellos asesinados entre 2002 y 2013. Más de la mitad del país está cubierto por selvas, pero se las está destruyendo de manera cada vez más rápida para satisfacer el voraz apetito internacional por madera y productos afines.

A pesar de que el Banco Mundial estima que el 80% del comercio de la madera en Perú es ilegal, sus autoridades han aprobado leyes que facilitan la inversión y el emprendimiento en proyectos agrícolas, mineros y de explotación maderera. Se ha hecho caso omiso de los llamados al gobierno para reconocer la titulación de sus tierras ancestrales que reclaman los pueblos originarios.

Desgraciadamente, este fenómeno no se limita exclusivamente a Perú. Según Global Witness, entre 2002 y 2013, más de 900 personas en 35 países murieron defendiendo el ambiente o luchando por el derecho a su territorio. El número de víctimas ha aumentado notablemente en los últimos años. En todo el mundo, los activistas son asesinados a una tasa media de dos a la semana. Y puesto que no se suele informar sobre dichas muertes, su número real podría ser aún más alto. Solamente en diez casos se ha llevado a la justicia a los autores de los hechos.

Las muertes de activistas ambientales como Chota no son el resultado de oscuras disputas en lugares remotos y salvajes, sino que son consecuencia directa tanto de la incesante demanda de productos como maderas dura, aceite de palma, caucho, gas natural y carne de res por parte del mundo desarrollado, como de la escasa regulación de los mercados que suplen estos productos. La madera de un solo cedro tropical puede comercializarse en US$ 9.000 en Estados Unidos, y un árbol de caoba puede llegar a los US$ 11.000. Estos son montos por los que algunos matarían en zonas rurales y pobres.

Perú se ha comprometido a proteger sus bosques, que cubren alrededor del 60% del país y se encuentran entre los más grandes y mejor mantenidos del mundo. Las actividades relacionadas al uso de la tierra y a la explotación de los bosques producen cerca de la mitad de las emisiones de gas invernadero del país, y algunas semanas después del asesinato de Chota el gobierno peruano celebró un acuerdo con Noruega según el cual este último se compromete a pagar hasta US$ 300 millones durante los próximos seis años si Perú frena su deforestación.

Sin embargo, las leyes tributarias, la escasa labor policial, la corrupción endémica y la debilidad de los derechos a sus territorios que tienen los 300.000 indígenas de Perú, amenazan con eclipsar las buenas intenciones. Una de las formas más efectivas de frenar la deforestación es asegurar el derecho de los pueblos originarios a sus territorios, pero el gobierno peruano no ha dado curso a reclamaciones que afectan a 20 millones de hectáreas. Las comunidades indígenas necesitan más apoyo y protección para continuar manteniendo intactos sus bosques.

El próximo mes, se llevará a cabo en Perú un importante congreso sobre el cambio climático patrocinado por las Naciones Unidas, en el cual se espera que los esfuerzos por proteger los bosques del mundo sean el tema de mayor relieve - aun cuando se esté asesinando a quienes físicamente se interponen en el camino a la deforestación. El gobierno debería reconocer la vulnerabilidad cada vez más alta de los defensores del ambiente y sostener sus derechos sobre el territorio que están protegiendo.  

Fake news or real views Learn More

Ello significa profundizar el combate a la tala ilegal y a la corrupción generalizada, mejorar la gobernanza de los bosques (como lo estipula el Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos) y derogar las leyes que recientemente han debilitado la protección ambiental. La alternativa es clara: más muertes en las fronteras ambientales de Perú.

Traducción del inglés de Ana María Velasco