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La necesidad de hacer que las calificaciones ESG importen

SELANGOR, MALASIA – MSCI, una de las entidades de calificación ambiental, social y de gobernanza más influyentes del mundo, está a punto de reducir de un plumazo las calificaciones ESG de 31.000 fondos de inversión. La radical medida viene tras su decisión de actualizar su metodología y exigir a los fondos que cumplan estándares más altos para recibir calificaciones de AA o AAA. Se podría esperar que un paso de esta magnitud tenga un impacto de grandes consecuencias sobre los mercados financieros que deban ser examinados por las entidades reguladoras. Por desgracia, hasta ahora los proveedores de calificaciones ESG (ERP) han escapado hacia fuera del radar regulatorio.

Las calificaciones ESG se utilizan para orientar decisiones de inversión. Sin embargo, como lo indican las bajas de categoría de la MSCI, son en la actualidad altamente subjetivas y suelen estar infladas. De hecho, la calificación de casi la mitad de las compañías incluidas en un análisis realizado en 2021 por Bloomberg Businessweek había sido ascendida por el MSCI como resultado de cambios metodológicos. Apenas dos años más tarde, una nueva ronda de cambios está trayendo bajas de calificación masivas y más incertidumbre sobre lo que se puede esperar.

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Este problema no es exclusivo del MSCI. Según un informe publicado en 2022 por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), los enfoques de las ERP para medir el riesgo o el impacto adolecen de graves inconsistencias. La falta de normas en común y metodologías transparentes conduce a la asignación errónea de precios de valores y bonos -y, como en el caso del MSCI, de los fondos que los sostienen- y socava la eficacia de la toma de decisiones por parte de los gerentes de inversión.

Se necesita con urgencia la intervención reguladora para establecer un sistema de calificación ESG fiable y creíble que sea al mismo tiempo preciso y predecible. El primer paso para ello es asegurarnos de que las metodologías utilizadas por todas las ERP sean transparentes y estén verificadas desde su inicio por actores independientes. Las entidades reguladoras deberían exigir a las ERP que provean evidencias concretas y estructuradas para sustentar las calificaciones asignadas y la validez de sus criterios.

Más todavía, todo cambio a la metodología o pautas internas de una ERP debería ser evaluado y confirmado de manera independiente. Y, si un cambio de criterio o metodología causará amplios ajustes de calificaciones, las entidades reguladoras deben antes evaluarlo y aprobarlo, tal como lo harían si se enfrentaran a la perspectiva de rebajas de calificación del crédito a gran escala.

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Las Calificaciones de Fondos ESG del MSCI se basan en evaluaciones no reguladas que examinan el riesgo financiero de una compañía según factores de ESG, enfoque conocido como materialidad única, más que por su influencia sobre el medio ambiente o la sociedad. Si bien algunas ERP plantean que sus calificaciones sí implican efectos más amplios, estas afirmaciones son difíciles de verificar mediante sus metodologías divulgadas.

El método de la materialidad única es particularmente inadecuado para fondos expuestos a activos relacionados con combustibles fósiles. El examen de la IEEFA encontró que el MSCI ha otorgado calificaciones ESG máximas a fondos con más de un 85% de exposición a inversiones en combustibles fósiles. Son calificaciones altamente engañosas, porque subestiman los riesgos que dichas firmas generan y exageran su impacto positivo.

La dependencia de combustibles fósiles expone a los inversionistas al riesgo climático que, de no estar adecuadamente representado, podría generar pérdidas sustanciales en la forma de destrucción de valor y altos costes de oportunidad. En último término, las altas calificaciones ESG pueden hacer que las firman parezcan más amigables con el medio ambiente de lo que son en realidad, haciendo que los inversionistas inclinen sus carteras de inversión hacia firmas con malos rendimientos de sostenibilidad.

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Las ERP deberían considerar la adopción de una “doble materialidad” que refleje el impacto de una empresa sobre la sociedad y el planeta. Sólo un enfoque así -acompañado de una estricta supervisión reguladora- podrá asegurar que las calificaciones ESG ayuden a evitar el ecoblanqueo y promuevan inversiones realmente sostenibles.

No se debería subestimar la escala del problema. Las calificaciones de ESG influyen sobre la asignación de billones de dólares en los mercados de capitales. Si están infladas y resultan ser engañosas -debido a normas arbitrarias, metodologías opacas y sesgos arraigados en quienes proveen la información- bien podrían llevar a un desastre, tal como las calificaciones engañosas de los valores respaldados por hipotecas hicieron posible la crisis financiera global de 2008.

Una mejor regulación del sector de las calificaciones ESG es vital no sólo para prevenir la próxima crisis financiera, sino también para posibilitar un avance genuino hacia la sostenibilidad. La buena noticia es que la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido, la Junta de Bolsa y Valores de la India, la Comisión Europea y la Agencia de Servicios Financieros de Japón ya están explorando maneras de hacer más estrictos los estándares de las calificaciones ESG. Otras entidades reguladoras del mercado deberían imitarles, en el mejor interés de los inversionistas y el planeta.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

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