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Para arreglar nuestros dañados océanos

NAIROBI – Muchas personas saben que los océanos cubren más del 70 por ciento de la superficie del mundo y que la pesca marina proporciona alimentos para miles de millones de personas. Lo que es menos sabido es que las zonas de alta mar –las zonas de los océanos del mundo que quedan allende los límites de la jurisdicción nacional, que se extiende hasta 200 millas de la costa– constituyen las dos terceras partes, aproximadamente, de nuestros océanos y el 45 por ciento de la superficie del planeta.

Esa zona, que tal vez contenga la mayor reserva de diversidad biológica que queda en la Tierra, es explotada por muchos países, pero nadie la gestiona. Además, está sometida a una presión extrema. Según las conclusiones de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tres cuartas partes de la pesquerías marinas están explotadas hasta el máximo –o más aún– de su capacidad máxima. Según el más reciente informe “Estado de la pesca y la acuicultura del mundo” de las Naciones Unidas, el 85 por ciento –o más aún– de las poblaciones de peces están totalmente explotadas: los mayores niveles jamás registrados.

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Desde luego, el problema no es la falta de compromisos, incluidos los formulados en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Más bien, lo que falta es su cumplimiento.

Los gobiernos van una vez más “camino de Río” para celebrar una cumbre en junio de 2012, acertadamente denominada Río+20. En este mes, se reunirán en Nueva York, en las Naciones Unidas, como parte de sus preparativos para la cumbre, que se centrará en particular en los océanos. Es un momento apropiado para recordarnos los compromisos subscritos en Río hace veinte años y ponernos a  aplicarlos. Ello es aplicable a los ecosistemas en general y a los océanos en particular.

Gran parte de la difícil situación de las pesquerías marinas del mundo es una consecuencia de la pesca excesiva, subvencionada y en gran escala, que está imponiendo una carga cada vez mayor a los pobres y los vulnerables, en particular en los países costeros en desarrollo y los pequeños Estados insulares.

La declaración de Río, publicada en la Cumbre de la Tierra de 1992, reconoce la obligación de velar por que las actividades no dañen el medio ambiente de otros Estados ni el situado allende los límites de la jurisdicción nacional. El agotamiento de la pesca, tanto en las zonas económicas exclusivas como en las zonas de alta mar, revela cómo está incumpliendo la comunidad internacional uno de los compromisos más importantes resultantes de la reunión de 1992.

Diez años después de la reunión de Río, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica), hubo nuevos intentos de gestionar de forma sostenible el medio marino. En una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas negociadas y aprobadas desde 2004 se han expuesto también regímenes para proteger la diversidad biológica de las profundidades marinas. Sin embargo, el cumplimiento ha sido irregular en el mejor de los casos.

Otro planeamiento defendido en la reunión de Johannesburgo fue el de crear una red representativa de zonas marinas protegidas, incluidas reservas “de captura prohibida”. El año pasado, en Nagoya (Japón), los gobiernos acordaron la creación, de aquí a 2020, de dichas zonas en el diez por ciento de los océanos del mundo. Actualmente, semejantes niveles de protección sólo son aplicables al uno por ciento, aproximadamente, por lo que falta mucho camino por recorrer.

Hace decenios que los científicos se han pronunciado claramente sobre la pesca. Sin embargo, los gobiernos han hecho caso omiso, una y otra vez, de las advertencias de sus propios expertos. La gestión marina sigue siendo un mosaico de órganos nacionales e internacionales, con jurisdicciones separadas y en muchos casos superpuestas, y sin rendición mundial de cuentas. Además, en muchas partes  del mundo no hay nadie a cargo de los océanos. Hay que resolver esa grave deficiencia.

Un impedimento particular es la gestión de las zonas de alta mar o la falta de ella. Sin mecanismos internacionalmente acordados para designar y gestionar las zonas marinas protegidas en aguas internacionales, los compromisos subscritos en Nagoya equivaldrán a poco más que promesas vacías.

Las subvenciones son otro problema. Se calcula que unos 27.000 millones de dólares al año dedicados a subvencionar la industria pesquera a escala mundial han creado un exceso de capacidad de pesca que supera por un factor de dos a uno la capacidad de los peces para reproducirse. Dicho de otro modo, hay el doble de buques de pesca industrial que capturan peces de lo que los océanos pueden sostener.

El PNUMA calcula que una inversión de 110.000 millones de dólares en los próximos años para fortalecer la gestión de la pesca, incluida la creación de zonas marinas protegidas, el desmantelamiento y la reducción de la capacidad de las flotas y el reciclaje de los trabajadores, permitirá la recuperación de la pesca del planeta. Semejante inversión, respaldada por medidas normativas, tendría como consecuencia un aumento de los niveles de capturas de las 80 millones de toneladas actuales a 90 millones de toneladas en 2050, tras una disminución inicial de aquí a 2020.

Se calcula que el valor actual de los beneficios de volver más ecológico el sector de la pesca representa entre tres y cinco veces la inversión: un rendimiento excelente tanto para las personas como para el medio oceánico. Entretanto, se puede reducir al mínimo la pérdida de puestos de trabajo a corto y medio plazo centrando las reducciones de capacidad en un número relativamente pequeño de grandes buques industriales, por oposición a las flotas artesanales en pequeña escala.

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Según las proyecciones, al recuperarse las poblaciones de peces agotadas, el empleo en la pesca volverá a aumentar en muchos países en los próximos decenios. La conferencia Río+20, que se celebrará el año que viene, brinda una importante oportunidad para demostrar que la cooperación internacional por mediación de las Naciones Unidas es posible y que se puede lograr una transformación.

El mundo no puede seguir permitiéndose el lujo de aplazar el restablecimiento de la salud y la riqueza de los océanos. Los quinientos millones de personas que dependen de una industria pesquera sana y los mil millones que dependen de la pesca como fuente primordial de proteínas no pueden esperar otros veinte años para que la comunidad internacional actúe.