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REDD+ en París: las manos en la masa

BERLÍN – Hace 30 años la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas lanzó el Plan de Acción por los Bosques Tropicales, la primera iniciativa global intergubernamental para luchar contra la pérdida de bosques. Desde entonces la deforestación ha seguido su ritmo sin pausa, y no parece que el último esfuerzo internacional por detenerla (conocido como Programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, o REDD+) vaya a ser más eficaz. Irónicamente, lejos de proteger los bosques del mundo el resultado más notable de ambos acuerdos ha sido la producción de muchos y muy costosos estudios de consultoría.

REDD+ se creó como parte de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, y se espera que en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en París se concluyan los detalles del acuerdo para su puesta en práctica. Sin embargo, si los líderes mundiales desean abordar la deforestación seriamente, deberían abandonar el REDD+ y sustituirlo por un mecanismo que enfrente sus causas subyacentes.

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Los fallos del REDD+ se revelan en el modo mismo en que aborda el problema que busca solucionar. En la vasta mayoría de sus proyectos se considera a los agricultores y pueblos que viven en zonas boscosas como los principales agentes deforestadores. En los proyectos del REDD parece haber preferencia por la restricción de las prácticas de agricultura tradicional, evitándose al mismo tiempo hacer frente a las verdaderas causas del problema: la expansión de la agricultura industrial, la tala a gran escala y el nivel descontrolado de consumo.

Son insuficiencias que quedan bien ilustradas por el Programa Socio Bosque, una iniciativa de REDD+ en Ecuador, en que los esfuerzos por controlar a las comunidades que habitan en esas zonas y las actividades de sus campesinos pasan por alto el mucho mayor potencial de daño de las actividades industriales. En virtud del programa, las comunidades de las áreas forestales han de firmar acuerdos a cinco años con el Ministerio del Medio Ambiente, aceptando restringir el uso del bosque a cambio de pequeños pagos en efectivo. Al mismo tiempo, los documentos del programa anulan explícitamente el acuerdo si en el área bajo su jurisdicción se llegasen a hacer planes de prospecciones y explotación petrolífera o minera. Hoy se prohíbe a los campesinos el uso de los boques como parte de la lucha contra el cambio climático, pero mañana esos mismos bosques se podrían deforestar para dar paso a la extracción de los combustibles fósiles que están en el origen del problema.

Bajo esta miopía hacia los campesinos y los pueblos de las áreas forestales y a la prominencia de este enfoque en las agendas de los programas internacionales y los negociadores del clima existe una lógica perturbadora: el REDD+ ha hecho menos por detener la pérdida de los bosques que por permitir que los países industrializados sigan contaminando el planeta.

Esta mirada es parte de una iniciativa mayor que apunta a crear un mercado para los créditos de emisiones, que permita a los actores contaminantes seguir haciéndolo si pueden justificarlo con certificados que demuestren su contribución a que en otras zonas del planeta se hayan dejado de emitir cantidades equivalentes de gases de invernadero. Los bosques protegidos por REDD+ son importantes productores de estos certificados comercializables, verdaderas licencias para contaminar, conocidos como créditos de carbono. Y la implementación de REDD a través de proyectos experimentales da a los defensores de este enfoque una sólida base para promover sus agendas.

Para los países industrializados, los créditos de carbono han demostrado ser una manera sencilla de cumplir los compromisos internacionales a los que están obligados por acuerdos como el Protocolo de Kioto. Si en París se aprueban los créditos REDD, los países y las compañías tendrán vía libre para pagar a los campesinos de Ecuador u otros países por proteger árboles que según programas como REDD+ de lo contrario se habrían talado, evitándose con ello la necesidad de aplicar complejos cambios estructurales para reducir emisiones en sus lugares de origen. Según la lógica de estas transacciones, no importa tanto el hecho de que se hayan reducido las emisiones, sino haber obtenido un permiso comercializable para contaminar.

Lamentablemente, en pocos de estos encuentros en París habrá para cuestionar este enfoque. Para los gobiernos, programas como REDD+ ofrecen una oportunidad de evitar cambios de alto coste político. Y para grupos conservacionistas internacionales, como The Nature Conservancy, Conservation International, el World Wildlife Fund y la Wildlife Conservation Society, el programa da acceso a fondos filantrópicos y de desarrollo internacional.

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Por supuesto, los mayores beneficiarios son las corporaciones, cuya hambre de tierras está tras la mayor parte de la deforestación a gran escala. Además de permitirles seguir talando árboles durante todo el tiempo que puedan presentar los créditos de carbono necesarios, gracias a programas como el REDD+ logran que, en la práctica, no se las culpe por sus acciones y la responsabilidad recaiga sobre comunidades que en el largo plazo tienen mucho más que perder por la deforestación.

Si a los negociadores que se reúnan en París de verdad les interesa detener la pérdida de los bosques y lograr algún nivel de control del cambio climático, deberían salirse de REDD+ y enfrentar las verdaderas causas de estos problemas. En vez de intentar controlar las vidas y acciones de los campesinos y quienes viven en las áreas boscosas, los esfuerzos en París deberían centrarse en la deforestación a gran escala y lograr que los yacimientos de combustibles fósiles queden sin explotar.