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La protección de la educación en zonas de conflicto

DOHA, LONDRES – En las zonas de conflicto, los más afectados por la violencia suelen ser los niños. El mes pasado, una sucesión de ataques aéreos sobre un complejo escolar en Idlib (Siria) provocó la muerte de al menos 22 niños; y los que viven en la asediada ciudad siria de Alepo han estado expuestos sin escapatoria a bombardeos casi constantes durante meses. Como informó el New York Times en septiembre: “No pueden jugar, dormir o ir a la escuela. Y cada vez más, tampoco pueden comer”.

Unas pocas semanas antes de ese informe, frente a una escuela del sur de Tailandia estalló una bomba justo cuando los padres dejaban allí a sus hijos. La explosión mató instantáneamente a un padre y a su hija de cuatro años, y provocó heridas a otras diez personas. Brad Adams, representante de Human Rights Watch, describió el atentado como un acto de “brutalidad incomprensible”: “Llamarlo crimen de guerra no termina de expresar el daño hecho a las víctimas, o las amplias consecuencias de estos atentados para los niños de la región”.

Y unas pocas semanas antes del atentado en Tailandia, el 13 de agosto, ataques aéreos sobre una escuela en la región noroccidental de Saada en Yemen provocaron la muerte de diez niños y heridas a otros treinta.

En vista de estos ejemplos recientes, hay una clara necesidad de prevenir ataques sobre instituciones y edificios educativos, sea por parte de fuerzas estatales o de actores no estatales armados. Por eso la iniciativa mundial “La educación ante todo” (EAA, por la sigla en inglés) estableció el programa “Proteger la educación en situaciones de inseguridad y conflicto” (PEIC).

El fundamento del programa PEIC es sencillo: la educación ofrece oportunidades cruciales a niños y jóvenes, y esto vale especialmente para los que viven en zonas de conflicto. Las escuelas y universidades dan a los estudiantes un vínculo vital con la normalidad y los alientan a mantener la esperanza y perseguir sus aspiraciones. No sólo capacitan a la próxima generación de médicos, periodistas, abogados y dirigentes comunitarios; también proveen a los niños tutores, alimento, agua y conocimientos sanitarios e higiénicos básicos. Y sin embargo, los ataques a escuelas en países como Siria, Yemen y Sudán muestran que lo que supuestamente debería ser un refugio seguro está muchas veces bajo amenaza directa.

Si los niños pueden seguir yendo a la escuela durante un conflicto, cuando terminen los combates ellos serán los brotes verdes que surgirán para reconstruir sus sociedades destruidas por la guerra. Para proteger el derecho humano básico de los estudiantes a recibir educación, las universidades y escuelas en zonas de conflicto deben estar resguardadas del mismo modo en que lo están los establecimientos sanitarios. De hecho, lo mismo que los hospitales, las escuelas concentran una de las poblaciones más vulnerables en cualquier sociedad.

Los ataques contra escuelas y niños suelen concitar la condena internacional, pero es evidente que las palabras solas no bastan para disuadirlos. Por eso el programa PEIC asumió la misión de usar los mecanismos de control del derecho internacional para fortalecer la voluntad política de prevenir esos ataques. La iniciativa EAA quiere asegurar que la educación se reconozca como elemento fundamental del desarrollo humano y se le otorgue la más plena protección.

Debemos crear un mundo donde todo aquel que quiera aprender, enseñar o llevar a cabo una investigación académica pueda hacerlo en paz y con dignidad. Pero esta ambición compartida demanda acción compartida, porque requiere colaboración, cooperación y confianza mutua para elaborar los nuevos acuerdos internacionales necesarios para proteger a las instituciones educativas durante los conflictos.

A tal fin, y en sociedad con la “Coalición mundial para proteger de ataques a los sistemas educativos”, el programa PEIC asumió la tarea de promover la Declaración sobre escuelas seguras, que incluye la promesa de preservar las “escuelas y universidades de usos militares durante conflictos armados”. Esta cláusula es esencial para proteger a alumnos, maestros y edificios en tiempos de guerra. Esperamos que llegue el día en que la declaración en su totalidad se convierta en una norma internacional con reconocimiento universal.

En septiembre, Albania pasó a ser su 56.º país firmante, y el gobierno albanés se comprometió públicamente a proteger la educación en períodos de conflicto armado. Con este compromiso, Albania se suma a otros países como Irak (donde hay una necesidad acuciante de proteger el futuro de los niños), así como Argentina, Brasil, Chile, Italia, Kenia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar y Sudán del Sur.

En EAA estamos decididos a impedir que las escuelas se conviertan en campos de batalla, y llamamos a todos los países que todavía no firmaron la declaración a que lo hagan. Esta firma equivale a un compromiso político con proteger la educación incluso durante los conflictos más cruentos; es decir, es un compromiso con proteger a los niños del mundo. Garantizar que los estudiantes de hoy tengan la oportunidad de ser los líderes de mañana redunda en interés de todos los países. Hoy que el mundo observa la destrucción de escuelas en Siria, Yemen y otras zonas de conflicto, la Declaración sobre escuelas seguras es más importante que nunca.

Traducción: Esteban Flamini