CLARKSVILLE, MD/KAMPALA – Al menos seis millones de mujeres —frecuentemente, en países con ingresos bajos o medios (PIBM)— trabajan cobrando muy poco, o nada, en centros de salud comunitaria. Muchas se desempeñan como trabajadoras sanitarias de la comunidad (TSC), pero, aunque se trata de tareas calificadas que debieran ser remuneradas, solo 34 países registran, capacitan y ofrecen salarios a los TSC. La mayoría de esos trabajadores queda en situación de explotación, lo que reduce su eficacia con los pacientes. Si nos tomamos en serio que la «salud para todos» debe ser una prioridad mundial, esto debe cambiar.
Los TSC son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud a escala nacional: está demostrado que mejoran los servicios de salud materna e infantil, amplían el acceso a la planificación familiar y apoyan la prevención y tratamiento de las enfermedades, tanto de las infecciosas como de las no transmisibles. Si se usaran TSC para ofrecer en forma continua tan solo 30 servicios de salud capaces de salvar vidas en los países con las mayores cargas de enfermedades, se podrían salvar 6,9 millones de vidas al año y reducir la mortalidad infantil casi a la mitad. Además, con la pandemia de la COVID-19 quedó demostrado que los programas resilientes de salud en la comunidad pueden brindar servicios esenciales incluso en situaciones de gran adversidad.
Pero esos programas solo alcanzarán su máximo potencial si se diseñan los servicios de acuerdo con las mejores prácticas basadas en la evidencia. Eso implica tratar a los TSC como profesionales que requieren capacitación, una remuneración justa y condiciones laborales seguras. Cuando se los emplea como solución provisoria o fuente de mano de obra barata, los TSC son menos eficaces que sus contrapartes que cuentan con recursos adecuados.
CLARKSVILLE, MD/KAMPALA – Al menos seis millones de mujeres —frecuentemente, en países con ingresos bajos o medios (PIBM)— trabajan cobrando muy poco, o nada, en centros de salud comunitaria. Muchas se desempeñan como trabajadoras sanitarias de la comunidad (TSC), pero, aunque se trata de tareas calificadas que debieran ser remuneradas, solo 34 países registran, capacitan y ofrecen salarios a los TSC. La mayoría de esos trabajadores queda en situación de explotación, lo que reduce su eficacia con los pacientes. Si nos tomamos en serio que la «salud para todos» debe ser una prioridad mundial, esto debe cambiar.
Los TSC son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud a escala nacional: está demostrado que mejoran los servicios de salud materna e infantil, amplían el acceso a la planificación familiar y apoyan la prevención y tratamiento de las enfermedades, tanto de las infecciosas como de las no transmisibles. Si se usaran TSC para ofrecer en forma continua tan solo 30 servicios de salud capaces de salvar vidas en los países con las mayores cargas de enfermedades, se podrían salvar 6,9 millones de vidas al año y reducir la mortalidad infantil casi a la mitad. Además, con la pandemia de la COVID-19 quedó demostrado que los programas resilientes de salud en la comunidad pueden brindar servicios esenciales incluso en situaciones de gran adversidad.
Pero esos programas solo alcanzarán su máximo potencial si se diseñan los servicios de acuerdo con las mejores prácticas basadas en la evidencia. Eso implica tratar a los TSC como profesionales que requieren capacitación, una remuneración justa y condiciones laborales seguras. Cuando se los emplea como solución provisoria o fuente de mano de obra barata, los TSC son menos eficaces que sus contrapartes que cuentan con recursos adecuados.