El proceso para determinar la forma definitiva de la Unión Europea está en su recta final. Comenzó con la publicación por parte del
Praesidium
de la Convención sobre el Futuro de Europa de un borrador con los primeros dieciséis artículos del "Tratado para crear una Constitución para Europa". En su mayor parte, el texto reproduce la estructura de la constitución "esqueleto" del Presidente de la Convención, Valery Giscard d'Estaing, presentada en noviembre último, y las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo de la Convención. Aquí las palabras clave son "
en su mayor parte"
.
No hubo la misma fidelidad al original en el caso de la economía. En lo relacionado con los mercados y las empresas, el texto del borador amplía las conclusiones del grupo de trabajo sobre "gobierno económico" a un punto tal que propone un enfoque centralizado, fuertemente orientado al favorecimiento de objetivos sociales, ambientales y de los consumidores, desatendiendo la libertad económica y la economía de mercado.
Comencemos con los pecados de omisión. Los "valores" de la Unión (Artículo 2) son la paz, la justicia, la igualdad para todos ante la ley, y la solidaridad. Todos ellos hermosos y nobles sentimientos. Pero no se hace mención a la libertad de iniciativa y emprendimiento.
De manera similar, los "objetivos fundamentales" de la Unión (Artículo 3) abundan en promesas de promover un crecimiento "sustentable", la cohesión y protección social, la igualdad de género, el medio ambiente y la protección del consumidor. No se incluye la necesidad de una economía de mercado libre y que funcione bien, aunque esta es la precondición fundamental para los altos estándares de vida y protección social que los autores del documento promueven tan resueltamente.
Más aún, el principio de "subsidiariedad" se limita a las relaciones entre estados los miembros y la Unión, o subsidiariedad "vertical". Pero había disponible una alternativa más plena de posibilidades, que garantizaría un derecho amplio a que las personas particulares (y sus asociaciones y organizaciones) estuviesen protegidas de la interferencia de los poderes públicos. Podría haber incluido una presunción
contra
la intervención pública y el peso de probar su necesidad, en cualquier nivel de gobierno, pasaría a quienes la promueven. Esta subsidiariedad "horizontal" ayudaría a asegurar que la UE no interfiera indebidamente en la actividad de mercado.
Pero, aparte de las omisiones del borrador, hay otros puntos preocupantes. El Artículo 11 establece que la Unión "tendrá competencia para coordinar las políticas económicas de los estados miembros". Como si esto no fuera suficiente, el Artículo 13 reitera que la "Unión coordinará las políticas económicas de los estados miembros, en particular mediante la creación de pautas amplias para las mismas".
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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Este lenguaje implica que los estados miembros ya no serán dueños de las orientaciones de sus políticas generales. En lugar de ello, éstas serán confiadas a la Unión, supuestamente con poderes de iniciativa formales de la Comisión para su preparación. Se espera que los parlamentos nacionales cedan sus poderes graciosamente.
La sorpresa clave del borrador de constitución esté en la política social, previamente un coto reservado de las naciones individuales. El Artículo 12 la coloca entre las competencias "compartidas" de la Unión; el Artículo 10 indica que en este caso "los estados miembros ejercerán su competencia sólo y en la medida que la Unión no la haya ejercido". Esto implica una inversión fundamental del enfoque actual, en el cual las políticas sociales corresponden a los estados miembros y la Unión tiene poderes de intervención estrechamente acotados y que, además, sólo se pueden ejercer por unanimidad.
Hasta ahora, la integración Europea funcionaba mejor cuando reducía el papel de la intervención pública (usualmente nacional), abriendo de este modo los mercados nacionales. Parece que hoy en día algunos políticos ya no están satisfechos con esta así llamada integración "negativa". Quieren mucho más espacio para intervenir.
Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre gobierno económico había acordado que la política monetaria sería manejada a nivel de la Unión por un banco central independiente, el ECB. Los políticas fiscales quedarían a cargo de los estados miembros, aunque bajo las limitaciones impuestas por el Tratado de la CE (los procedimientos de coordinación del Artículo 99 y el procedimiento para déficits excesivos del Artículo 104).
No había consenso acerca de la inclusión de otras políticas macroeconómicas entre las "competencias compartidas" de la Unión. Ni había acuerdo sobre la propuesta de otorgar al Eurogrupo (los ministros de economía y finanzas del área del euro) poderes de decisión formales sobre las políticas económicas de los miembros de la UE.
Pero el texto propuesto por el
Praesidium
abre el camino para hacer precisamente eso. Estamos frente al esbozo de una Unión centralizada, dotada de grandes poderes para coordinar políticas económicas e imponer una política social común. La omisión de la libertad de iniciativa privada de los valores y objetivos de la nueva Europa tendrá influencia sobre incontables decisiones judiciales, las que harán que la doctrina legal termine inclinándose hacia una postura intervencionista.
Las cláusulas para la coordinación de las políticas económicas nacionales son probablemente menos peligrosas, ya que son tan vagas que pueden quedar en letra muerta. Pero incluir la política social entre las competencias compartidas de la Unión es potencialmente mucho más serio. Junto con el énfasis en los valores sociales, invita a un proceso de armonización de la protección social. Esto será desastroso para el crecimiento y el empleo, si se consideran las enormes y profundamente arraigadas diferencias de productividad y estándares de vida existentes entre los países de la Unión.
Es una buena noticia el que estas ideas aún no estén consagradas de manera formal. Pero sólo un amplio clamor público convencerá al
Praesidium
de que es necesario desandar este desastroso camino.
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After a decades-long love affair with laissez-faire policies, many governments – notably in developed countries – are increasingly seeking to shape their economies through tariffs, subsidies, public procurement, and more. But not all industrial policies are created equal, and understanding their nuances and limitations is critical to their success.
Too often, the press and voters treat abortion, and reproductive rights more broadly, as well as other “family” issues – like child tax credits, paid family leave policies and affordable childcare – as somehow different from economic issues. But they are not.
shows why abortion, childcare, and parental leave are not merely “family” issues.
El proceso para determinar la forma definitiva de la Unión Europea está en su recta final. Comenzó con la publicación por parte del Praesidium de la Convención sobre el Futuro de Europa de un borrador con los primeros dieciséis artículos del "Tratado para crear una Constitución para Europa". En su mayor parte, el texto reproduce la estructura de la constitución "esqueleto" del Presidente de la Convención, Valery Giscard d'Estaing, presentada en noviembre último, y las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo de la Convención. Aquí las palabras clave son " en su mayor parte" .
No hubo la misma fidelidad al original en el caso de la economía. En lo relacionado con los mercados y las empresas, el texto del borador amplía las conclusiones del grupo de trabajo sobre "gobierno económico" a un punto tal que propone un enfoque centralizado, fuertemente orientado al favorecimiento de objetivos sociales, ambientales y de los consumidores, desatendiendo la libertad económica y la economía de mercado.
Comencemos con los pecados de omisión. Los "valores" de la Unión (Artículo 2) son la paz, la justicia, la igualdad para todos ante la ley, y la solidaridad. Todos ellos hermosos y nobles sentimientos. Pero no se hace mención a la libertad de iniciativa y emprendimiento.
De manera similar, los "objetivos fundamentales" de la Unión (Artículo 3) abundan en promesas de promover un crecimiento "sustentable", la cohesión y protección social, la igualdad de género, el medio ambiente y la protección del consumidor. No se incluye la necesidad de una economía de mercado libre y que funcione bien, aunque esta es la precondición fundamental para los altos estándares de vida y protección social que los autores del documento promueven tan resueltamente.
Más aún, el principio de "subsidiariedad" se limita a las relaciones entre estados los miembros y la Unión, o subsidiariedad "vertical". Pero había disponible una alternativa más plena de posibilidades, que garantizaría un derecho amplio a que las personas particulares (y sus asociaciones y organizaciones) estuviesen protegidas de la interferencia de los poderes públicos. Podría haber incluido una presunción contra la intervención pública y el peso de probar su necesidad, en cualquier nivel de gobierno, pasaría a quienes la promueven. Esta subsidiariedad "horizontal" ayudaría a asegurar que la UE no interfiera indebidamente en la actividad de mercado.
Pero, aparte de las omisiones del borrador, hay otros puntos preocupantes. El Artículo 11 establece que la Unión "tendrá competencia para coordinar las políticas económicas de los estados miembros". Como si esto no fuera suficiente, el Artículo 13 reitera que la "Unión coordinará las políticas económicas de los estados miembros, en particular mediante la creación de pautas amplias para las mismas".
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Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
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La sorpresa clave del borrador de constitución esté en la política social, previamente un coto reservado de las naciones individuales. El Artículo 12 la coloca entre las competencias "compartidas" de la Unión; el Artículo 10 indica que en este caso "los estados miembros ejercerán su competencia sólo y en la medida que la Unión no la haya ejercido". Esto implica una inversión fundamental del enfoque actual, en el cual las políticas sociales corresponden a los estados miembros y la Unión tiene poderes de intervención estrechamente acotados y que, además, sólo se pueden ejercer por unanimidad.
Hasta ahora, la integración Europea funcionaba mejor cuando reducía el papel de la intervención pública (usualmente nacional), abriendo de este modo los mercados nacionales. Parece que hoy en día algunos políticos ya no están satisfechos con esta así llamada integración "negativa". Quieren mucho más espacio para intervenir.
Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre gobierno económico había acordado que la política monetaria sería manejada a nivel de la Unión por un banco central independiente, el ECB. Los políticas fiscales quedarían a cargo de los estados miembros, aunque bajo las limitaciones impuestas por el Tratado de la CE (los procedimientos de coordinación del Artículo 99 y el procedimiento para déficits excesivos del Artículo 104).
No había consenso acerca de la inclusión de otras políticas macroeconómicas entre las "competencias compartidas" de la Unión. Ni había acuerdo sobre la propuesta de otorgar al Eurogrupo (los ministros de economía y finanzas del área del euro) poderes de decisión formales sobre las políticas económicas de los miembros de la UE.
Pero el texto propuesto por el Praesidium abre el camino para hacer precisamente eso. Estamos frente al esbozo de una Unión centralizada, dotada de grandes poderes para coordinar políticas económicas e imponer una política social común. La omisión de la libertad de iniciativa privada de los valores y objetivos de la nueva Europa tendrá influencia sobre incontables decisiones judiciales, las que harán que la doctrina legal termine inclinándose hacia una postura intervencionista.
Las cláusulas para la coordinación de las políticas económicas nacionales son probablemente menos peligrosas, ya que son tan vagas que pueden quedar en letra muerta. Pero incluir la política social entre las competencias compartidas de la Unión es potencialmente mucho más serio. Junto con el énfasis en los valores sociales, invita a un proceso de armonización de la protección social. Esto será desastroso para el crecimiento y el empleo, si se consideran las enormes y profundamente arraigadas diferencias de productividad y estándares de vida existentes entre los países de la Unión.
Es una buena noticia el que estas ideas aún no estén consagradas de manera formal. Pero sólo un amplio clamor público convencerá al Praesidium de que es necesario desandar este desastroso camino.