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La esperanza de los recursos naturales

WASHINGTON, DC – Cuando un país cuadruplica sus entradas fiscales en un solo año, merece la pena prestarle atención. Es el caso de Ghana entre 2010 y 2011, gracias a los ingresos procedentes de sus industrias extractivas.

No es el único. Los crecientes ingresos por impuestos de los países en desarrollo ricos en recursos naturales reflejan no solamente los mayores precios de los productos básicos o commodities, sino también las normas internacionales que han mejorado la transparencia financiera en las actividades de extracción de petróleo, gas y minerales, reduciendo de manera importante las oportunidades de evasión fiscal. Estas normas tuvieron protagonismo en el temario de la Cumbre del G-8, celebrada recientemente en Irlanda del Norte. Es importante valorar estas iniciativas y exigir otras más.

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Los mercados internacionales de productos básicos se encuentran bajo un alto nivel de presión. Desde el año 2000, los precios han ido ascendiendo, y la enorme demanda solo se ha visto interrumpida brevemente durante la crisis financiera de 2008, con la consecuencia evidente de que los precios han mostrado una extrema volatilidad. Al mismo tiempo, crecen los incentivos para entrar en mercados ilegales: cerca de un 20% del mercado mundial del coltán, metal precioso utilizado en equipos de comunicaciones móviles, se comercia ilegalmente.

Contar con una mayor transparencia financiera es un paso importante hacia el perfeccionamiento de los mercados y la gobernanza en los países ricos en recursos, ya que es sinónimo de menores niveles de corrupción, fraude y evasión tributaria, así como una mayor participación pública e instituciones democráticas más sólidas. Más aún, los contratos justos pueden ayudar a estabilizar el ingreso de los países productores. De hecho, si se logra alcanzar niveles de solidez en la industria extractiva y las inversiones para un desarrollo sostenible, sería posible impulsar las perspectivas económicas de los cerca de 100 países en desarrollo que poseen abundancia de recursos naturales, en los que habitan alrededor de 3,5 mil millones de personas.

Los primeros hitos han sido notables. Por ejemplo, hace poco la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, pos sus siglas en inglés), mejoró su estándar mundial al requerir la divulgación tanto de los pagos de corporaciones como los ingresos de los gobiernos. En la actualidad, 23 países cumplen estos criterios, entre ellos Azerbaiyán, Ghana, Irak, Nigeria y Noruega, y se ha suspendido la calidad de miembros de los países que no los cumplen. Los pagos que han sido informados alcanzan cerca del billón de dólares.

De manera similar, la Sección 1504 de la Ley Dodd-Frank, promulgada en Estados Unidos en 2010, contiene normas sobre transparencia en la industria extractiva. Las compañías que participen del desarrollo comercial de petróleo, gas o minerales deben enviar informes cada año a la Comisión de Valores y Cambio (SEC) de Estados Unidos, en los que hagan públicos sus pagos a gobiernos.

Además, a principios de este mes el Parlamento Europeo aprobó nuevas y ambiciosas normas de transparencia para las industrias extractivas (incluido el sector forestal).

Considerando que estas normas cuentan con el apoyo de la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, junto a varias ONG y compañías que se han sumado voluntariamente, es poco probable que tengan éxito sus oponentes, como el Instituto Estadounidense del Petróleo, que ha presentado una demanda contra la SEC. De hecho, la transparencia en el sector de los recursos naturales debería ir más allá de la mera divulgación de los pagos.

Por supuesto, su incumplimiento sigue siendo un reto importante. Resulta estimulante el hecho de que Rusia haya firmado la Declaración de Lough Erne del G-8 sobre la transparencia en los pagos de la industria extractiva, pero el peso que poseen en los mercados mundiales algunas grandes economías emergentes podría seguir obstaculizando la cooperación internacional. Lo que es más importante, para lograr una buena gobernanza en las economías emergentes y los países en desarrollo es necesario un sistema fiscal que funcione adecuadamente, leyes que resulten siendo una buena base para una minería sostenible e instituciones “incluyentes” que promuevan la transparencia, la participación y el desarrollo equitativo.

Con respecto al uso que se da a los recursos, el principal reto es su nexo global, es decir, la interacción entre los distintos recursos necesarios para producir combustible, insumos industriales y alimentos. El muy debatido nexo energía-agua-alimentos se aplica asimismo a los recursos minerales y obliga a las industrias extractivas a abordarlo. Según la declaración del G-8, las transacciones de terrenos deben ser transparentes y respetar los derechos de las comunidades locales, entre ellos la seguridad alimentaria e hídrica.

Es necesario contar con una mejor coordinación y liderazgo en el uso de los recursos y la transparencia financiera, apuntando a reducir la dependencia de la ayuda al desarrollo y elevar los ingresos en los países en desarrollo ricos en recursos naturales.

En particular, se deben hacer públicas todas las transacciones financieras relacionadas con las actividades tempranas de la cadena de valor, entre las que se incluyen aquellas realizadas por compañías estatales y fondos soberanos. Más adelante en dicha cadena deben incluirse además los mercados internacionales de reciclaje y desecho, lo que también ayudaría a aumentar la eficiencia del uso de los recursos. El paso siguiente sería extender la transparencia a los presupuestos públicos y los contratos relacionados, así como coordinar iniciativas para llegar a las economías emergentes.

En cuanto a la gestión sostenible de los recursos, el proceso que están llevando a cabo los firmantes del EITI se podría convertir en una potente herramienta para promover planes de acción nacionales. De manera similar, se podría crear un portal abierto de datos internacionales sobre uso de recursos para compilar información reunida por entidades geológicas y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Agencia Internacional de la Energía, así como información sobre presiones ambientales derivadas del uso de recursos y coeficientes de áreas de producción con altos índices de extracción.

Más aún, los países en desarrollo ricos en recursos podrían aplicar impuestos a las actividades extractivas y apoyar nuevos sistemas fiscales que promuevan altos estándares en el lugar de trabajo, la reducción de la pobreza, así como educación, investigación e innovación. A nivel internacional, se podrían añadir iniciativas de acompañamiento claves, como un foro multipartito para el uso sostenible de los recursos y un pacto internacional sobre metales que promueva el reciclaje y la gestión del flujo de materiales, del que participe este sector de la industria.

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En el largo plazo habría que apuntar a un acuerdo internacional sobre la gestión de los recursos. A pesar de las buenas perspectivas de los países en desarrollo ricos en recursos, se requiere una coordinación global, con iniciativas orientadas a promover la transparencia fiscal, para lograr realmente una gestión sostenible de los recursos naturales.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen