WASHINGTON, DC – El pasado mes de octubre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) abandonó su demanda de larga data de disposiciones de la Organización Mundial del Comercio para proteger los flujos de datos transfronterizos, impedir una localización forzada de los datos, salvaguardar los códigos fuente y prohibir que los países discriminen contra los productos digitales en base a la nacionalidad. Fue un cambio llamativo, que pone en peligro la supervivencia misma de la Internet abierta, con todo el intercambio de conocimiento, la colaboración global y el comercio transfronterizo que ésta hace posible.
La USTR dice que el cambio era necesario por una noción equivocada de que las disposiciones comerciales pueden obstaculizar la capacidad del Congreso de Estados Unidos para responder a los pedidos de regulación de las Grandes Tecnológicas y la inteligencia artificial. Pero los acuerdos comerciales ya incluyen excepciones para cuestiones legítimas de políticas públicas, y el propio Congreso ha llevado a cabo una investigación que demuestra que los acuerdos comerciales no pueden impedir sus aspiraciones políticas. En resumidas cuentas, Estados Unidos -como sucede con otros países involucrados en acuerdos de la OMC- puede regular su sector digital sin abandonar su rol crucial como defensor de la Internet abierta.
Las consecuencias potenciales del cambio de política de Estados Unidos son tan amplias como peligrosas. El miedo a perjudicar los lazos comerciales con Estados Unidos ha disuadido durante mucho tiempo a otros actores de imponer fronteras nacionales a Internet. Ahora, quienes han oído el canto de sirenas de una supuesta “soberanía digital” como una manera de garantizar que se obedezcan sus leyes en el ámbito digital tienen menos motivos para oponerse. Cuantos más muros digitales se erijan, menos se asemejan las partes amuralladas a Internet.
WASHINGTON, DC – El pasado mes de octubre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés) abandonó su demanda de larga data de disposiciones de la Organización Mundial del Comercio para proteger los flujos de datos transfronterizos, impedir una localización forzada de los datos, salvaguardar los códigos fuente y prohibir que los países discriminen contra los productos digitales en base a la nacionalidad. Fue un cambio llamativo, que pone en peligro la supervivencia misma de la Internet abierta, con todo el intercambio de conocimiento, la colaboración global y el comercio transfronterizo que ésta hace posible.
La USTR dice que el cambio era necesario por una noción equivocada de que las disposiciones comerciales pueden obstaculizar la capacidad del Congreso de Estados Unidos para responder a los pedidos de regulación de las Grandes Tecnológicas y la inteligencia artificial. Pero los acuerdos comerciales ya incluyen excepciones para cuestiones legítimas de políticas públicas, y el propio Congreso ha llevado a cabo una investigación que demuestra que los acuerdos comerciales no pueden impedir sus aspiraciones políticas. En resumidas cuentas, Estados Unidos -como sucede con otros países involucrados en acuerdos de la OMC- puede regular su sector digital sin abandonar su rol crucial como defensor de la Internet abierta.
Las consecuencias potenciales del cambio de política de Estados Unidos son tan amplias como peligrosas. El miedo a perjudicar los lazos comerciales con Estados Unidos ha disuadido durante mucho tiempo a otros actores de imponer fronteras nacionales a Internet. Ahora, quienes han oído el canto de sirenas de una supuesta “soberanía digital” como una manera de garantizar que se obedezcan sus leyes en el ámbito digital tienen menos motivos para oponerse. Cuantos más muros digitales se erijan, menos se asemejan las partes amuralladas a Internet.