NUEVA YORK – Ahora que la política riesgosa en torno al límite de deuda federal de Estados Unidos se ha suspendido hasta el 1 de enero de 2025, dos desafíos importantes e interdependientes en materia de política fiscal demandan nuestra atención. Primero, la deuda pública de Estados Unidos debe pasar a estar en una trayectoria más segura y sustentable; y, segundo, los líderes del país tienen que determinar el tamaño óptimo del sector público, medido según el gasto público primario (excluyendo pagos de intereses) como porcentaje del PIB.
Según el informe del Monitor Fiscal de abril de 2023 del Fondo Monetario Internacional, la deuda neta gubernamental general de Estados Unidos era del 94,2% del PIB en 2022, comparado con un promedio del 81,6% en las economías avanzadas y un promedio global del 74,6%. Si bien el coeficiente de deuda neta de Estados Unidos ya era elevado en 2019 (83,1%), se disparó a 98,3% en 2020 en tanto el COVID-19, y la respuesta política que se implementó en consecuencia, impulsaron el numerador y deprimieron el denominador. Estas cifras recientes no solo no tienen precedentes en tiempos de paz; también exceden los picos de fines de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los coeficientes más elevados se vieron erosionados rápidamente como consecuencia de la inflación y el crecimiento (no anticipados).
Las políticas fiscales deberían garantizar que la deuda no monetaria neta del estado consolidado (incluyendo el banco central) no exceda el valor presente descontado de los excedentes primarios actuales y futuros, incluyendo el señoreaje no inflacionario. Mientras que la Reserva Federal generará algunos ingresos a partir de la emisión de base monetaria neta de todo interés pagado sobre el stock pendiente de dinero del banco central, el señoreaje consistente con su meta de inflación probablemente sea inferior al 0,5% del PIB. Ni siquiera los acólitos de la Teoría Monetaria Moderna podrían hacer que estos números funcionaran.
NUEVA YORK – Ahora que la política riesgosa en torno al límite de deuda federal de Estados Unidos se ha suspendido hasta el 1 de enero de 2025, dos desafíos importantes e interdependientes en materia de política fiscal demandan nuestra atención. Primero, la deuda pública de Estados Unidos debe pasar a estar en una trayectoria más segura y sustentable; y, segundo, los líderes del país tienen que determinar el tamaño óptimo del sector público, medido según el gasto público primario (excluyendo pagos de intereses) como porcentaje del PIB.
Según el informe del Monitor Fiscal de abril de 2023 del Fondo Monetario Internacional, la deuda neta gubernamental general de Estados Unidos era del 94,2% del PIB en 2022, comparado con un promedio del 81,6% en las economías avanzadas y un promedio global del 74,6%. Si bien el coeficiente de deuda neta de Estados Unidos ya era elevado en 2019 (83,1%), se disparó a 98,3% en 2020 en tanto el COVID-19, y la respuesta política que se implementó en consecuencia, impulsaron el numerador y deprimieron el denominador. Estas cifras recientes no solo no tienen precedentes en tiempos de paz; también exceden los picos de fines de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando los coeficientes más elevados se vieron erosionados rápidamente como consecuencia de la inflación y el crecimiento (no anticipados).
Las políticas fiscales deberían garantizar que la deuda no monetaria neta del estado consolidado (incluyendo el banco central) no exceda el valor presente descontado de los excedentes primarios actuales y futuros, incluyendo el señoreaje no inflacionario. Mientras que la Reserva Federal generará algunos ingresos a partir de la emisión de base monetaria neta de todo interés pagado sobre el stock pendiente de dinero del banco central, el señoreaje consistente con su meta de inflación probablemente sea inferior al 0,5% del PIB. Ni siquiera los acólitos de la Teoría Monetaria Moderna podrían hacer que estos números funcionaran.