NUEVA YORK – Ante la acusación federal formal contra Donald Trump de conspirar para invalidar las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y continuar en el cargo, sus abogados y defensores sostienen que simplemente ejerció su derecho a la libertad de expresión de acuerdo con la Primera Enmienda a la Constitución de EE. UU. Hay que entender entonces dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito de defraudación.
Que las acciones de Trump hayan sido palabras no implica que estén protegidas por la Constitución; por el contrario, numerosos delitos implican transponer los límites de lo que se puede decir. Por ejemplo, es ilegal mentir a los funcionarios de las fuerzas del orden o a un jurado, o presentar un producto como seguro cuando no lo es. Tampoco se puede incitar intencionalmente a la violencia inminente, calumniar a sabiendas la reputación de la gente ni caracterizar a menores de manera sexualmente explícita. Esas leyes, y otras que también ponen límites a la información, existen por buenas razones: protegen a la sociedad de daños significativos.
En una democracia liberal, socavar deliberadamente al sistema electoral puede ser el más grave de esos perjuicios. Es por ello que existen leyes para proteger a legitimidad y justicia de las elecciones, prohibiendo la difusión irresponsable o intencional de declaraciones patentemente falsas. En muchos estados está prohibido crear boletas falsas o mentir sobre los pasos necesarios para emitir el voto, ya que eso interfiere con el derecho a votar. Tampoco se puede mentir sobre las afiliaciones con las campañas, ni en las declaraciones de campaña o publicidad política. En todos esos casos, confundir o engañar intencionalmente a los votantes sobre temas o candidatos puede constituir un delito.
NUEVA YORK – Ante la acusación federal formal contra Donald Trump de conspirar para invalidar las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y continuar en el cargo, sus abogados y defensores sostienen que simplemente ejerció su derecho a la libertad de expresión de acuerdo con la Primera Enmienda a la Constitución de EE. UU. Hay que entender entonces dónde termina la libertad de expresión y empieza el delito de defraudación.
Que las acciones de Trump hayan sido palabras no implica que estén protegidas por la Constitución; por el contrario, numerosos delitos implican transponer los límites de lo que se puede decir. Por ejemplo, es ilegal mentir a los funcionarios de las fuerzas del orden o a un jurado, o presentar un producto como seguro cuando no lo es. Tampoco se puede incitar intencionalmente a la violencia inminente, calumniar a sabiendas la reputación de la gente ni caracterizar a menores de manera sexualmente explícita. Esas leyes, y otras que también ponen límites a la información, existen por buenas razones: protegen a la sociedad de daños significativos.
En una democracia liberal, socavar deliberadamente al sistema electoral puede ser el más grave de esos perjuicios. Es por ello que existen leyes para proteger a legitimidad y justicia de las elecciones, prohibiendo la difusión irresponsable o intencional de declaraciones patentemente falsas. En muchos estados está prohibido crear boletas falsas o mentir sobre los pasos necesarios para emitir el voto, ya que eso interfiere con el derecho a votar. Tampoco se puede mentir sobre las afiliaciones con las campañas, ni en las declaraciones de campaña o publicidad política. En todos esos casos, confundir o engañar intencionalmente a los votantes sobre temas o candidatos puede constituir un delito.