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La guerra del Kremlin contra el liberalismo

MOSCÚ – Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se lanzó la llamada “Guerra contra el terrorismo”. Las invasiones a Afganistán e Irak lideradas por el ejército estadounidense no fueron su única expresión: muchos países elevaron el monitoreo y el control de sus medios de comunicación y ciudadanos, aduciendo que había que limitar la libertad y la capacidad de expresión para proteger la seguridad.

El daño ha sido particularmente evidente en Rusia, donde a menudo se han usado las normas antiterroristas como herramienta para acallar las voces que ofrecen visiones independientes o alternativas, en particular aquellas que son críticas al gobierno del Presidente Vladimir Putin. Al usar la seguridad como pretexto para burlar las leyes rusas sobre medios de comunicación, que explícitamente protegen a los periodistas ante la censura, el gobierno ha socavado gravemente el ejercicio de esta profesión.

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Son normas basadas en la legislación europea e internacional que representaron una victoria de la democracia en Rusia, pero cuya integridad se ha visto progresivamente desgastada tanto por las enmiendas que limitan la libertad de expresión de los periodistas y su capacidad de ejercer la profesión sin impedimentos como por la aplicación desigual de las normas existentes.

Piénsese en la “ley para contrarrestar las actividades extremistas”, que restringe los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, promulgada en 2012 en medio de las protestas surgidas en todo el país contra las elecciones amañadas y se ha utilizado principalmente en contra de periodistas y blogueros.

Galina Arapova, directora del Centro de Defensa de los Medios de Comunicación (que también ha sido uno de los objetivos), ha hecho notar que esta ley se puede aplicar cada vez que se expresen críticas a grupos o sistemas, lo que subraya el problema central de las leyes antiextremistas: “extremismo” es un término demasiado amplio como para asegurar que realmente se usen como protección contra los ataques terroristas.

Existe una ambigüedad similar en torno a otros términos parecidos, como “difamación” y “discurso del odio”. La difamación (que se define con descriptores más amplios como “calumnia” y “daño a la reputación”) volvió a ser un acto criminal en 2012, con leyes que especifican la “calumnia contra jueces, jurados, fiscales y agentes del orden” como un acto merecedor de severos castigos.

Este tipo de leyes dificultan mucho que los periodistas independientes puedan investigar la corrupción oficial, ya que a menudo han tenido que acudir a los tribunales debido a demandas judiciales de altos funcionarios y gerentes por informar sobre sus lujosos estilos de vida.

Sin embargo, en los últimos años ha decrecido la popularidad de las demandas por difamación en favor de las acusaciones de extremismo e incitación al odio. Hoy en día, investigar la corrupción de la policía local equivale a incitar el odio contra ese “grupo social” y lingüistas “expertos” han encontrado que algunos periodistas “incitan al odio” contra empleados de administraciones locales, jueces y otras autoridades.

Algunas veces esas leyes se pueden aplicar de maneras realmente extravagantes, con el único objeto de obstaculizar el trabajo de los medios noticiosos. Por ejemplo, se ha llegado a acusar y demandar a un periódico por publicar fotos de una bandera nazi en un artículo sobre la Segunda Guerra Mundial.

Y se siguen promulgando leyes. En las últimas décadas se han puesto en vigencia más de 20 nuevas leyes y normas para controlar los medios de comunicación, la mayoría de carácter restrictivo. No sólo limitan los temas que los periodistas pueden cubrir con seguridad, sino también la financiación del periodismo independiente, al imponer restricciones a la inversión y la publicidad extranjeras, haciendo muchos medios no tengan más opción que pasarse al formato digital o cerrar del todo.

Los medios tradicionales no son los únicos afectados. Para apuntar a las publicaciones en línea, como los blogs, Rusia ha impuesto nuevas regulaciones del uso de Internet. Cualquier sitio web con más de 3000 visitas al día (número no demasiado alto) se considera ahora un “medio de comunicación” y, por tanto, sujeto a las leyes restrictivas. Más aún, los blogueros ya no pueden ser anónimos y los medios en línea se pueden prohibir sin previo aviso.

La llamada “ley Yarolava”, firmada por Putin el verano pasado, da un paso más allá en cuanto a represión. Entre otras cosas, obliga a las empresas de telefonía e internet a guardar registros de todas las comunicaciones durante seis meses y de todos los metadatos por tres años, además de ayudar a los organismos de inteligencia a desencriptar mensajes. E impone castigos más severos contra el “extremismo” (léase: críticas) y “disturbios en masa” (léase: protestas).

La única ley que apenas se aplica es el artículo 144 del código penal, que apunta a proteger a los periodistas del acoso y otras acciones que obstruyan sus “legítimas actividades profesionales”. Como resultado, según la Fundación de Defensa de la Transparencia, en Rusia se violan los derechos de los periodistas decenas de veces al mes.

Los periodistas se ven enfrentados a amenazas, ataques, daños a sus materiales de trabajo, multas injustas, despidos, prohibiciones y otras formas de censura, a menudo poco después de publicar algún tipo de crítica a las autoridades regionales, policías o empresarios adinerados. Conscientes de lo fútil de emprender acciones legales contra las autoridades y los personajes influyentes que los amenazan, muchos periodistas prefieren la autocensura.

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La acometida del gobierno ruso contra los medios independientes casi ha acabado con el tipo de análisis en profundidad y el periodismo de investigación tan esenciales para el funcionamiento de una democracia. Se ha silenciado cualquier forma de denuncia; de hecho, pocos hablan de represión. Después de todo, precisamente ese es el punto: la falta de participación pública (por no mencionar la escasa solidaridad y cooperación de los compañeros de profesión) da un amplio margen de acción a las autoridades del país.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen