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La muerte silenciosa de la gobernanza de la eurozona

BRUSELAS – En algunas oportunidades, lo más importante que sucede es lo que no sucede – o, parafraseando a Sherlock Holmes, lo que importa es por qué no ladró el perro en la noche. La falta de respuesta ante el hecho de que la Comisión Europea no ha exigido el cumplimiento por parte de España y Portugal de los términos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es una de esas oportunidades.

De acuerdo con las normas del PEC, la Comisión debería haber propuesto que se imponga una multa a España y Portugal, debido a que estos países rebasaron, y por un amplio margen, los objetivos de déficit fiscal. La multa habría sido en gran medida simbólica, pero la Comisión parece haber decidido que el simbolismo no valía la pena.

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Además, la Comisión no fue la única que optó por no ladrar; el resto de Europa se mantuvo también en silencio. Ni siquiera Alemania, el principal guardián de la austeridad de la Unión Europea, se animó a hacerlo. De hecho, se han escuchado informes sobre que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, cabildeó para influir en varios miembros de la Comisión con el propósito de que no se impongan multas a España y Portugal. La prensa financiera alemana, que a menudo reprocha a la Comisión Europea por ser demasiado relajada, apenas dio cuenta de la decisión.

¿Cómo se puede explicar este silencio?

Existe precedente para la aplicación de indulgencia fiscal en la UE. En el año 2003, los tres grandes países de la eurozona (Francia, Alemania e Italia) tenían déficits superiores al 3% del PIB, el límite superior establecido por el PEC. Hacia finales de dicho año, se podía observar claramente que Francia y Alemania (en aquel entonces con cifras récord de desempleo) no estaban cumpliendo con sus compromisos de reducción del déficit.

Pero, a diferencia de lo que ocurre hoy, la Comisión sí ladró (aunque no podía realmente morder). Propuso incrementar el llamado procedimiento de déficit excesivo del PEC. La propuesta no implicaba ningún tipo de multas; más bien, se centraba en la etapa previa a la consideración de multas. No obstante, los ministros de Finanzas de la UE se opusieron enérgicamente a ello, en gran parte por razones políticas.

El enfrentamiento ocupó las portadas de los periódicos de toda Europa, especialmente en Alemania, donde la prensa, al igual que la oposición política, tenía muchos deseos de castigar al gobierno del canciller Gerhard Schröder por no mantener la rectitud fiscal. Hubo acalorados debates sobre las normas fiscales y sobre el papel de la Comisión con relación a exigir el cumplimiento de las mismas. En resumen, todos aullaron.

A pesar de la resistencia, la Comisión decidió continuar con su cometido y censurar a Alemania y Francia. Con esa decisión, enviaba un mensaje claro sobre que dicha Comisión tomaba seriamente su responsabilidad de administrar los tratados de la UE – de hecho, tan seriamente que iba a hacer cumplir nomas con las que no estaba necesariamente de acuerdo. De hecho, el entonces presidente de la Comisión, Romano Prodi, ya había criticado fuertemente la rigidez del PEC. En última instancia, sin embargo, los intereses políticos ganaron la lucha de aquel día, y los ministros de Finanzas de la UE votaron en contra de la propuesta.

Los ministros posteriormente propusieron reformar el PEC, desplazando el enfoque desde los déficits globales a una medida de la posición fiscal que toma en cuenta el estado de la economía. La Comisión aceptó la reforma, y desde entonces ha realizado varios cambios adicionales, y en cada una de estas ocasiones la Comisión ha declarado orgullosamente que el PEC es más “flexible” e “inteligente” que nunca.

Hoy en día, España y Portugal no se adhieren, incluso, a las nuevas normas flexibles. No obstante, la actual Comisión, encabezada por su presidente Jean-Claude Juncker, se encuentra dividida con respecto a si debe o no exigir el cumplimiento de dichas normas, y algunos miembros de la Comisión se encuentran a favor de otorgar la mencionada indulgencia. La intervención de Schäuble, parece haber resuelto el asunto. Es evidente que no ha habido mucho cambio cuando se trata de permitir que las consideraciones políticas afecten la exigencia de cumplimento de las normas.

Y, de hecho, en esta ocasión, la Comisión tenía más poder para anular la resistencia ejercida por los ministros de Finanzas. Después de la crisis económica de 2008, Europa introdujo una norma denominada la “norma de la mayoría inversa”, según la cual cualquier propuesta de la Comisión de imponer una multa es definitiva, a menos que los ministros de Finanzas de la UE puedan reunir una mayoría de dos tercios en contra de la misma. Y, es en este punto que radica una diferencia clave entre la situación de hoy en día y la del año 2003: en la actualidad, ha disminuido el nivel de compromiso que tiene la Comisión para exigir el cumplimiento de las normas del PEC.

El relativo silencio del público y de los medios de comunicación remacha este punto. El apoyo a las normas fiscales se ha desvanecido. Quizás, con el aumento en los ataques terroristas, especialmente en Alemania y Francia, los ciudadanos y líderes están demasiado preocupados con problemas de seguridad. La inminente salida del Reino Unido de la UE, la llamada “Brexit”, también consume gran parte de la atención. Y, la persistencia de altos niveles de desempleo en muchos países parece ser un problema económico más urgente que la reducción de los déficits.

Sin embargo, la disminución del apoyo a las normas fiscales europeas conlleva graves riesgos. Si no se aplican rigurosamente los elementos más concretos del marco de gobernanza de la eurozona, ¿qué obligará a los Estados miembros a emprender reformas y estabilizar sus niveles de deuda? Las exhortaciones vagas no van a funcionar. Parece que la crisis y las grandes e insostenibles primas de riesgo que sobrevienen para gobiernos altamente endeudados ya se han olvidado.

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Oficialmente, la Comisión continúa trabajando para llevar a cabo el plan de acción que conducirá  a la creación de una Unión Económica y Monetaria “genuina”. Sin embargo, tras la decisión de la Comisión de no exigir que se cumpla el PEC, este esfuerzo ya no tiene sentido. Ahora es más evidente que nunca que los Estados miembros de la UE dan prioridad a los imperativos políticos internos por encima de las normas comunes – y por encima del bien común de Europa.

Traducción de Rocío L. Barrientos.