WASHINGTON, DC – Una serie de países europeos se ha retirado del polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en el transcurso del último año. Francia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Eslovenia y Dinamarca se han retirado del TCE o anunciaronsu intención de hacerlo, sumándose a Italia, que lo abandonó en 2016. Al permitir que los inversores extranjeros en energía demanden a los gobiernos nacionales por las pérdidas causadas por cambios de políticas, el TCE impide que los países cumplan con su compromiso de alcanzar las metas del acuerdo climático de París y, en verdad, neutraliza sus planes de gravar los beneficios no previstos de las compañías petroleras.
Si a las economías avanzadas las amedrentan las grandes corporaciones y les cuesta implementar con celeridad las reformas necesarias, la situación de los países en desarrollo es mucho peor. Atraídos por la promesa muchas veces ilusoria de mayores ingresos de capital, muchos han firmado una serie de tratados de inversión bilaterales y multilaterales. Al igual que el TCE, estos acuerdos contienen mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores extranjeros presentar una demanda contra un estado ante un tribunal internacional privado. La insatisfacción con el TCE en Europa podría haber dado lugar a un debate importante sobre cómo el mecanismo de ISDS afecta el futuro del planeta; por el contrario, muchos estados miembro de la Unión Europea siguen presionando a los países en desarrollo para que firmen tratados de inversión.
Creado a fines de la Guerra Fría, el TCE fue diseñado para alentar la inversión occidental en el sector energético de los países del ex bloque soviético, particularmente la industria de los combustibles fósiles. Para calmar los temores de expropiación, rompimiento de contrato y otro trato discriminatorio, el tratado les permite a los inversores presentar disputas para un arbitraje internacional, un foro supuestamente neutral, y no tribunales nacionales. A través de este sistema, las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por pérdidas de inversiones, incluyendo ganancias futuras, que pueden representar miles de millones de dólares. A partir de junio de 2022, se han presentado por lo menos 150 casos de arbitraje de inversión en el marco del TCE.
WASHINGTON, DC – Una serie de países europeos se ha retirado del polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE) en el transcurso del último año. Francia, España, Países Bajos, Alemania, Polonia, Luxemburgo, Eslovenia y Dinamarca se han retirado del TCE o anunciaronsu intención de hacerlo, sumándose a Italia, que lo abandonó en 2016. Al permitir que los inversores extranjeros en energía demanden a los gobiernos nacionales por las pérdidas causadas por cambios de políticas, el TCE impide que los países cumplan con su compromiso de alcanzar las metas del acuerdo climático de París y, en verdad, neutraliza sus planes de gravar los beneficios no previstos de las compañías petroleras.
Si a las economías avanzadas las amedrentan las grandes corporaciones y les cuesta implementar con celeridad las reformas necesarias, la situación de los países en desarrollo es mucho peor. Atraídos por la promesa muchas veces ilusoria de mayores ingresos de capital, muchos han firmado una serie de tratados de inversión bilaterales y multilaterales. Al igual que el TCE, estos acuerdos contienen mecanismos de resolución de controversias entre inversores y estados (ISDS por su sigla en inglés) que les permiten a los inversores extranjeros presentar una demanda contra un estado ante un tribunal internacional privado. La insatisfacción con el TCE en Europa podría haber dado lugar a un debate importante sobre cómo el mecanismo de ISDS afecta el futuro del planeta; por el contrario, muchos estados miembro de la Unión Europea siguen presionando a los países en desarrollo para que firmen tratados de inversión.
Creado a fines de la Guerra Fría, el TCE fue diseñado para alentar la inversión occidental en el sector energético de los países del ex bloque soviético, particularmente la industria de los combustibles fósiles. Para calmar los temores de expropiación, rompimiento de contrato y otro trato discriminatorio, el tratado les permite a los inversores presentar disputas para un arbitraje internacional, un foro supuestamente neutral, y no tribunales nacionales. A través de este sistema, las corporaciones pueden demandar a los gobiernos por pérdidas de inversiones, incluyendo ganancias futuras, que pueden representar miles de millones de dólares. A partir de junio de 2022, se han presentado por lo menos 150 casos de arbitraje de inversión en el marco del TCE.