BANGKOK – Tras haber presenciado las protestas populares que, desde las revoluciones de colores en la ex Unión Soviética a la Primavera Árabe, ponían en cuestión el poder de sus gobernantes, los autócratas del mundo han ido adoptando medidas legales que apuntan a incapacitar a grupos cívicos como los movimientos por la democracia y las ONG de defensa de los derechos humanos. Entre ellas, las de más amplio alcance son las que permiten a los funcionarios monitorear y castigar las iniciativas en línea de los activistas.
BANGKOK – Tras haber presenciado las protestas populares que, desde las revoluciones de colores en la ex Unión Soviética a la Primavera Árabe, ponían en cuestión el poder de sus gobernantes, los autócratas del mundo han ido adoptando medidas legales que apuntan a incapacitar a grupos cívicos como los movimientos por la democracia y las ONG de defensa de los derechos humanos. Entre ellas, las de más amplio alcance son las que permiten a los funcionarios monitorear y castigar las iniciativas en línea de los activistas.