BANGKOK – Tras haber presenciado las protestas populares que, desde las revoluciones de colores en la ex Unión Soviética a la Primavera Árabe, ponían en cuestión el poder de sus gobernantes, los autócratas del mundo han ido adoptando medidas legales que apuntan a incapacitar a grupos cívicos como los movimientos por la democracia y las ONG de defensa de los derechos humanos. Entre ellas, las de más amplio alcance son las que permiten a los funcionarios monitorear y castigar las iniciativas en línea de los activistas.
Aunque siguen siendo una importante preocupación las redadas abiertas de las fuerzas de seguridad, en los últimos años los regímenes autocráticos recurrido cada vez más a herramients legales y burocráticas para obstaculizar las actividades de sus oponentes. Por ejemplo, muchos países como Camboya, China, Egipto, Etiopía, Jordania, Rusia, Tanzania, Tailandia, Uzbekistán y Venezuela, han elevado las restricciones al registro de organizaciones, la financiación extranjera y el derecho a la reunión pública.
Los gobiernos autocráticos han hecho un gran uso de leyes existentes que prohíben delitos vagamente definidos, como la difamación y la sedición, así como leyes antiterroristas. Y hoy están añadiendo leyes sobre delitos cibernéticos al repertorio represivo a su disposición.
BANGKOK – Tras haber presenciado las protestas populares que, desde las revoluciones de colores en la ex Unión Soviética a la Primavera Árabe, ponían en cuestión el poder de sus gobernantes, los autócratas del mundo han ido adoptando medidas legales que apuntan a incapacitar a grupos cívicos como los movimientos por la democracia y las ONG de defensa de los derechos humanos. Entre ellas, las de más amplio alcance son las que permiten a los funcionarios monitorear y castigar las iniciativas en línea de los activistas.
Aunque siguen siendo una importante preocupación las redadas abiertas de las fuerzas de seguridad, en los últimos años los regímenes autocráticos recurrido cada vez más a herramients legales y burocráticas para obstaculizar las actividades de sus oponentes. Por ejemplo, muchos países como Camboya, China, Egipto, Etiopía, Jordania, Rusia, Tanzania, Tailandia, Uzbekistán y Venezuela, han elevado las restricciones al registro de organizaciones, la financiación extranjera y el derecho a la reunión pública.
Los gobiernos autocráticos han hecho un gran uso de leyes existentes que prohíben delitos vagamente definidos, como la difamación y la sedición, así como leyes antiterroristas. Y hoy están añadiendo leyes sobre delitos cibernéticos al repertorio represivo a su disposición.