MADRID – Tras cuatro largos años de conversaciones en La Habana (Cuba), el presidente colombiano Juan Manuel Santos negoció un final al conflicto armado que sucesivos gobiernos libraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más resistente de América latina. Se calcula que la guerra civil colombiana, que duró seis décadas, provocó la muerte de unas 220 000 personas y el desplazamiento de seis millones. Ponerle fin fue una notable hazaña diplomática, que hace a Santos merecedor del aplauso mundial. Debería ser, de lejos, el principal candidato al Premio Nobel de la Paz de este año.
Tres importantes factores condujeron al acuerdo de paz: la mejora operativa de las fuerzas armadas colombianas, que les permitió diezmar las filas de las FARC; el trabajo diplomático previo de Santos para arreglar las pasadas desavenencias de Colombia con el eje formado por sus vecinos Venezuela, Ecuador y Bolivia, que durante mucho tiempo dieron a las FARC apoyo logístico y político; y la nueva política cubana de reacercamiento a los Estados Unidos, que Santos supo poner al servicio de sus propios esfuerzos de pacificación.
Logradas las condiciones para negociar, lo siguiente que tenía que encarar Santos era la causa original del conflicto. Para ello, en junio de 2011 firmó, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, una ley sobre reconocimiento y reparación a las víctimas y restitución de tierras. La ley fue un hito que en un solo acto pacificó regiones violentas, hizo justicia a millones de campesinos desposeídos, mejoró radicalmente los niveles de vida y le quitó atractivo a un grupo guerrillero que usó la bandera de la reforma agraria para justificar incontables atrocidades. Incluso se ganó el elogio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por sus cláusulas especiales en relación con las mujeres y los niños sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, y las víctimas de discriminación sexual.
MADRID – Tras cuatro largos años de conversaciones en La Habana (Cuba), el presidente colombiano Juan Manuel Santos negoció un final al conflicto armado que sucesivos gobiernos libraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más resistente de América latina. Se calcula que la guerra civil colombiana, que duró seis décadas, provocó la muerte de unas 220 000 personas y el desplazamiento de seis millones. Ponerle fin fue una notable hazaña diplomática, que hace a Santos merecedor del aplauso mundial. Debería ser, de lejos, el principal candidato al Premio Nobel de la Paz de este año.
Tres importantes factores condujeron al acuerdo de paz: la mejora operativa de las fuerzas armadas colombianas, que les permitió diezmar las filas de las FARC; el trabajo diplomático previo de Santos para arreglar las pasadas desavenencias de Colombia con el eje formado por sus vecinos Venezuela, Ecuador y Bolivia, que durante mucho tiempo dieron a las FARC apoyo logístico y político; y la nueva política cubana de reacercamiento a los Estados Unidos, que Santos supo poner al servicio de sus propios esfuerzos de pacificación.
Logradas las condiciones para negociar, lo siguiente que tenía que encarar Santos era la causa original del conflicto. Para ello, en junio de 2011 firmó, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, una ley sobre reconocimiento y reparación a las víctimas y restitución de tierras. La ley fue un hito que en un solo acto pacificó regiones violentas, hizo justicia a millones de campesinos desposeídos, mejoró radicalmente los niveles de vida y le quitó atractivo a un grupo guerrillero que usó la bandera de la reforma agraria para justificar incontables atrocidades. Incluso se ganó el elogio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por sus cláusulas especiales en relación con las mujeres y los niños sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, y las víctimas de discriminación sexual.