Workers smooth out a new sidewalk John Moore/Getty Images

Un plan de infraestructura que realmente funcionaría

NUEVA YORK – El plan del presidente estadounidense Donald Trump para impulsar el gasto en infraestructura mediante créditos fiscales no generó mucho entusiasmo en los inversores. Su muy esperada propuesta de actualizar y reparar las decrépitas infraestructuras estadounidenses (rutas, aeropuertos, puentes, túneles, etc.) quedará en nada a menos que todas las partes estén dispuestas a pensar nuevas formas de financiar esos proyectos.

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En la actualidad, las inversiones en infraestructura se pagan con los impuestos o con tarifas a cargo de los usuarios (por ejemplo, peajes). Pero hay una alternativa que permitiría poner a trabajar el patrimonio público presente en el nivel local: la gestión profesional de activos públicos ya existentes.

No hablamos de reciclado de activos o privatización con otro nombre. Para que una privatización aumente la cantidad de recursos disponibles para financiar infraestructuras públicas, hay que vender los activos por una cifra superior al valor actual del beneficio que generan en poder del Estado.

Es comprensible que los políticos de nivel local y los votantes descrean de esquemas de concesión que separan la provisión de bienes y servicios de la financiación pública. Abundan ejemplos de acuerdos de concesión mal estructurados que generan pérdidas para los contribuyentes. En 2008, la ciudad de Chicago arrendó sus parquímetros a un consorcio privado por casi mil millones de dólares menos que los ingresos que le hubiera generado a lo largo de los 75 años del contrato. Cuando el aumento de las tarifas de estacionamiento generó protestas, la ciudad ya no podía cambiar sus políticas sin compensar a los inversores de la concesión.

Estas transferencias indebidas de riqueza pública al sector privado se deben en gran medida a la incapacidad de los gobiernos para gestionar el riesgo comercial. Sin supervisión y rendición de cuentas eficaces, los esquemas de financiación del tipo alianza público‑privada suelen implicar que la administración se entregue al sector privado y los costos de financiación se descarguen sobre los contribuyentes y usuarios finales; es lógico que eso provoque el rechazo de la opinión pública.

Pero los cuantiosos activos comerciales de los gobiernos locales podrían generar un importante flujo de caja positivo, si se los consolidara y se encomendara su gestión profesional a una sociedad de cartera independiente propiedad del Estado. Como mostramos en un nuevo informe Citi GPS, los activos comerciales públicos pueden ser una mina de oro; pero están subutilizados por causa de sistemas de propiedad fragmentarios, métodos contables inexactos o poco claros, y estructuras de gobernanza subóptimas y desactualizadas.

Según cálculos convencionales, el valor contable de los activos comerciales públicos de Estados Unidos en el nivel de gobierno federal es casi igual al PIB anual: alrededor de 16 billones de dólares. Con una gestión competente, es probable que el valor de mercado o valor razonable de esos activos sea incluso superior.

En cuanto a los niveles municipal y estatal, es indudable que el valor total de sus activos es similar o incluso mayor. Al fin y al cabo, los gobiernos locales poseen y administran la mayor parte de los puertos, aeropuertos y servicios públicos como la provisión de agua, cloacas y electricidad (todos ellos muy necesitados de fondos). Pero la mayoría de los activos comerciales públicos son propiedades inmuebles. Según algunos cálculos, los activos públicos representan un cuarto del valor de mercado total de los inmuebles en cualquier ciudad o municipio. Al mismo tiempo, muchas localidades necesitan financiación adicional para la provisión de viviendas accesibles.

En síntesis, este patrimonio público es una oportunidad sustancial para los inversores, los gobiernos locales y el conjunto de la sociedad. Con una gestión profesional, el rendimiento de una cartera de activos comerciales de semejante tamaño bastaría para financiar no sólo inversiones en infraestructura urgentes, sino también otros bienes o servicios públicos demandados.

La clave es consolidar la cartera de activos comerciales de cada municipalidad en fondos de patrimonio urbano (FPU) independientes y administrados profesionalmente, que estén protegidos de influencias políticas cortoplacistas. Estos fondos tendrían poder suficiente para interactuar de igual a igual con el sector privado; y medios para canalizar el valor no aprovechado de toda la cartera hacia inversiones en infraestructura y otros programas públicos, que a su vez generarían rendimientos adicionales.

En términos de estructura de gobernanza y adhesión a normas internacionales de transparencia, los FPU serían comparables a una empresa por acciones. Sus ejecutivos tendrían incentivos para planear las inversiones pensando en las décadas de duración de los activos, en vez de adaptar los proyectos a ciclos políticos medidos en meses o años.

Además, los FPU tendrían un balance independiente que les permitiría financiar los costos de mantenimiento (que suelen ser el 80% del gasto total de los proyectos). Y como se financiarían con el rendimiento de su propia cartera, no tendrían que competir con otros demandantes de fondos públicos. En tanto, el Estado tendría activos que podrían usarse como garantía para la emisión de deuda, en vez de depender exclusivamente de la recaudación impositiva futura.

Un FPU bien diseñado y administrado podría a la vez financiar y administrar nuevos proyectos comercialmente viables en infraestructura y otros servicios. Esto no sólo liberaría a los contribuyentes de tener que proveer fondos adicionales, sino que también permitiría a los gobiernos de nivel local duplicar el gasto total actual en infraestructura y mantenimiento, suponiendo un rendimiento anual superior al 3,5%. Y lo mejor de todo es que la propuesta sería aceptable para políticos de todo el espectro.

Ya tenemos los medios para empezar a actualizar y reparar la infraestructura de transporte, energía, provisión de agua y comunicaciones de Estados Unidos. Sólo hace falta aprovechar las fuentes olvidadas de riqueza pública del país.

Traducción: Esteban Flamini

http://prosyn.org/xCo7ME3/es;

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