WASHINGTON, DC – Desde el año 2017, los insurgentes partidarios del grupo terrorista denominado Estado Islámico causan estragos en Mozambique. Los militantes de este grupo engendran terror en la provincia norteña de Cabo Delgado, ya que mataron a más de 6.500 personas, destruyeron infraestructura, reclutaron a niños soldados y cometieron actos de violencia sexual y de género. En total este conflicto ha desplazado a casi un millón de personas.
El director y representante del Programa Mundial de Alimentos en Mozambique calificó la crisis humanitaria resultante como una “catástrofe de proporciones épicas extraordinarias”. El desafío más importante, entre otros, que enfrenta la población es la reducción de su acceso a la atención sanitaria. La insurgencia ha obligado al cierre de casi la mitad de los centros de salud de Cabo Delgado. A medida que miles de mozambiqueños se desplazan hacia el sur para huir de la violencia, sus necesidades básicas de atención sanitaria sobrecargan las infraestructuras en otras provincias poniéndolas a prueba, lo que, consiguientemente, debilita la seguridad sanitaria general del país.
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WASHINGTON, DC – Desde el año 2017, los insurgentes partidarios del grupo terrorista denominado Estado Islámico causan estragos en Mozambique. Los militantes de este grupo engendran terror en la provincia norteña de Cabo Delgado, ya que mataron a más de 6.500 personas, destruyeron infraestructura, reclutaron a niños soldados y cometieron actos de violencia sexual y de género. En total este conflicto ha desplazado a casi un millón de personas.
El director y representante del Programa Mundial de Alimentos en Mozambique calificó la crisis humanitaria resultante como una “catástrofe de proporciones épicas extraordinarias”. El desafío más importante, entre otros, que enfrenta la población es la reducción de su acceso a la atención sanitaria. La insurgencia ha obligado al cierre de casi la mitad de los centros de salud de Cabo Delgado. A medida que miles de mozambiqueños se desplazan hacia el sur para huir de la violencia, sus necesidades básicas de atención sanitaria sobrecargan las infraestructuras en otras provincias poniéndolas a prueba, lo que, consiguientemente, debilita la seguridad sanitaria general del país.
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