EDINBURGO – Con su ambiciosa Agenda Bridgetown de reformas a la arquitectura financiera internacional, la Primera Ministra de Barbados Mia Amor Mottley se ha convertido en una potente promotora de la justicia climática. Pero no es solo ella el único líder en ascenso para enfrentar los profundos desafíos que enfrentamos hoy. Una nueva generación de líderes del Sur Global está haciendo que sus voces sean escuchadas.
El Presidente keniata William Ruto, por ejemplo, está forjando un nuevo camino hacia un crecimiento que no perjudique el medio ambiente en África: mediante el aprovechamiento de sus abundantes recursos naturales y haciendo realidad su potencial de manufactura ecológica, el continente podría suministrar al mundo desarrollado los bienes y servicios necesarios para acelerar la transición a las energías verdes. En América Latina, el Presidente colombiano Gustavo Petro ha llamado a organizar un nuevo Plan Marshall para financiar las medidas climáticas globales. Y Luiz Inácio Lula da Silva, ahora en su tercer mandato no consecutivo como presidente de Brasil, se propone enfrentar el hambre, la pobreza y la inequidad, promover un desarrollo sostenible y reformar normativas de gobernanza global caducas durante la presidencia de su país del G20 en 2024.
Después de una década de proteccionismo y fragmentación, estas iniciativas apuntan a crear un consenso global en torno a reformas tremendamente necesarias. El mundo post-COVID-19 está viviendo lo que el G20 ha llamado “una cascada de crisis”, incluido un radical aumento de los precios de la energía y los alimentos, cargas de deuda inmanejables en los países más pobres del planeta y un máximo histórico de desastres climáticos. Los países en desarrollo necesitan al menos $1 billón anual para dar pasos significativos en la transición climática y lograr sus objetivos de desarrollo. Pero los costes de la inacción son aún mayores.
Nuestro futuro colectivo depende de un drástico aumento en la financiación, y el lugar donde comenzar es un impuesto a las excepcionales ganancias del sector de los combustibles fósiles. Según Fatih Birol, Director ejecutivo de Agencia Internacional de la Energía, los ingresos de la industria global del petróleo y el gas fueron de cerca de $4 billones en 2022, unos impresionantes $2,5 billones más que el promedio de los años recientes.
¿De dónde viene este dinero? La respuesta corta es desde los consumidores. Algunas de las compañías más ricas del mundo están embolsándose enormes utilidades a causa de una crisis del coste de la vida -en gran parte alimentada por los altos precios de la energía- que ha afectado desproporcionadamente a los pobres y los vulnerables. Los mayores beneficiarios de este impuesto “en la práctica” sobre la economía global han sido los petroestados, cuyos ingresos reales por exportaciones, si se complementan con las ganancias de las exportaciones de países como Canadá, Australia, Irak e Irán, alcanzaron casi $1 billón en 2022.
Los más grandes de estos países, cuyos ingresos per cápita están entre los mayores del mundo, son más que capaces de pagar un impuesto voluntario sobre sus ingresos originados en unas exportaciones de hidrocarburos excepcionalmente altos a un fondo global para el desarrollo sostenible. Un impuesto del 3% anual a las ganancias de las exportaciones petroleras de Emiratos Árabes Unidos ($119 mil millones), Qatar ($116 mil millones), Kuwait ($98 mil millones), Noruega (cerca de $174 mil millones) y Arabia Saudita ($311 mil millones) recaudaría unos $25 mil millones en total, suma no mucho más alta que la que los sauditas han gastado hace poco en fútbol, golf, carreras de Fórmula Uno y otros eventos deportivos.
Por una de las coincidencias de la vida, este año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) se realizará en uno de estos países. Sultan Al Jaber presidente designado de la COP28, nombró la tarea de “enmendar las finanzas climáticas” como uno de sus cuatro pilares, argumentando que “todas las formas de finanzas deben ser más disponibles, más accesibles y más asequibles”. De manera similar, ha llamado a los países donantes con promesas ya vencidas a “que demuestren que sus compromisos iban en serio”.
Pero, como país anfitrión, los EAU tienen la responsabilidad de ir a la vanguardia. La mejor manera de lanzar la COP28 sería el que Al Jaber -que también es el director gerente y CEO de la Compañía Petrolera Nacional de Abu Dabi- anuncie que su país aportará $3 mil millones de sus inesperadas ganancias a un fondo financiero global y que tratará de persuadir a sus adinerados vecinos del Golfo a hacer lo mismo. Más de la mitad de las contribuciones podrían destinarse al Fondo de Pérdidas y Daños, acordado en la COP27 pero que cuenta con pocos aportes iniciales, y el resto se podría usar como capital y financiación de subsidios de nuevas instalaciones destinadas a la mitigación y adaptación climáticas.
Y la comunidad internacional debe usar este impuesto para generar un programa de financiación más amplio para el mundo en desarrollo, que parta del principio de que los contaminantes ricos e históricamente grandes que actualmente tienen la capacidad de pagar, no solo deberían contribuir más para ayudar a los países más pobres a adaptarse al calentamiento global. No solo tendrían que elevarse los presupuestos de ayuda, sino que la Asociación para el Desarrollo Internacional, la entidad de financiación del Banco Mundial para ellos, también debería recibir una generosa reposición el año próximo.
La provisión de $90 mil millones en fondos concesionales para países de bajos ingresos se encuentra al centro de las propuestas del economista N.K. Singh y el ex Secretario del Tesoro estadounidense Lawrence H. Summers en sus dos volúmenes de informes al G20, el primero de los cuales se propuso antes de la reciente cumbre del G20 en Nueva Delhi. Como argumentan, es necesario que el sistema de bancos de desarrollo multilaterales (BDM) aumente su capacidad general, lo que significa triplicar sus compromisos anuales a $300 mil millones en fondos no concesionales para países de ingresos medios.
Como parte de sus propuestas, que contemplan la recapitalización del Banco Mundial mismo, son partidarios de un uso más amplio de las garantías. Los países de altos ingresos pueden y deben proporcionar tales garantías, que habilitarán a los BDM a obtener préstamos en los mercados de capitales en términos atractivos.
Si se gestionan adecuadamente, iniciativas como esta podrían movilizar el crédito del sector privado, esencial para lograr nuestros objetivos climáticos. Y la combinación del impuesto con el uso de garantías, de acordarse en la COP28, podría ser la plataforma para lograr $1 billón en flujos financieros anuales a los países en desarrollo para 2030.
Hace setenta y cinco años, bajo el Plan Marshall original, Estados Unidos prestó $13,3 mil millones ($169 mil millones al tipo de cambio actual) a Europa para su reconstrucción de posguerra. Fue un notable acto de liderazgo global que ayudó a asegurar décadas de crecimiento económico estable y cooperación internacional.
Si bien el mundo y las crisis que enfrenta hoy son muy diferentes, la escala de la respuesta debe ser igual de ambiciosa. Los países del Sur Global están trazando el camino hacia adelante. Ahora, sus contrapartes ricos del Norte Global deben dar el paso y ofrecer los fondos necesarios. El dinero está, pero necesitamos la imaginación política y la voluntad de usarlo antes de que llegue la próxima crisis.
Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Permacrisis: Un plan para arreglar un mundo fracturado) por Gordon Brown, Mohamed A. El-Erian, Michael Spence y Reid Lidow fue publicado el 28 de septiembre de 2023.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
EDINBURGO – Con su ambiciosa Agenda Bridgetown de reformas a la arquitectura financiera internacional, la Primera Ministra de Barbados Mia Amor Mottley se ha convertido en una potente promotora de la justicia climática. Pero no es solo ella el único líder en ascenso para enfrentar los profundos desafíos que enfrentamos hoy. Una nueva generación de líderes del Sur Global está haciendo que sus voces sean escuchadas.
El Presidente keniata William Ruto, por ejemplo, está forjando un nuevo camino hacia un crecimiento que no perjudique el medio ambiente en África: mediante el aprovechamiento de sus abundantes recursos naturales y haciendo realidad su potencial de manufactura ecológica, el continente podría suministrar al mundo desarrollado los bienes y servicios necesarios para acelerar la transición a las energías verdes. En América Latina, el Presidente colombiano Gustavo Petro ha llamado a organizar un nuevo Plan Marshall para financiar las medidas climáticas globales. Y Luiz Inácio Lula da Silva, ahora en su tercer mandato no consecutivo como presidente de Brasil, se propone enfrentar el hambre, la pobreza y la inequidad, promover un desarrollo sostenible y reformar normativas de gobernanza global caducas durante la presidencia de su país del G20 en 2024.
Después de una década de proteccionismo y fragmentación, estas iniciativas apuntan a crear un consenso global en torno a reformas tremendamente necesarias. El mundo post-COVID-19 está viviendo lo que el G20 ha llamado “una cascada de crisis”, incluido un radical aumento de los precios de la energía y los alimentos, cargas de deuda inmanejables en los países más pobres del planeta y un máximo histórico de desastres climáticos. Los países en desarrollo necesitan al menos $1 billón anual para dar pasos significativos en la transición climática y lograr sus objetivos de desarrollo. Pero los costes de la inacción son aún mayores.
Nuestro futuro colectivo depende de un drástico aumento en la financiación, y el lugar donde comenzar es un impuesto a las excepcionales ganancias del sector de los combustibles fósiles. Según Fatih Birol, Director ejecutivo de Agencia Internacional de la Energía, los ingresos de la industria global del petróleo y el gas fueron de cerca de $4 billones en 2022, unos impresionantes $2,5 billones más que el promedio de los años recientes.
¿De dónde viene este dinero? La respuesta corta es desde los consumidores. Algunas de las compañías más ricas del mundo están embolsándose enormes utilidades a causa de una crisis del coste de la vida -en gran parte alimentada por los altos precios de la energía- que ha afectado desproporcionadamente a los pobres y los vulnerables. Los mayores beneficiarios de este impuesto “en la práctica” sobre la economía global han sido los petroestados, cuyos ingresos reales por exportaciones, si se complementan con las ganancias de las exportaciones de países como Canadá, Australia, Irak e Irán, alcanzaron casi $1 billón en 2022.
Los más grandes de estos países, cuyos ingresos per cápita están entre los mayores del mundo, son más que capaces de pagar un impuesto voluntario sobre sus ingresos originados en unas exportaciones de hidrocarburos excepcionalmente altos a un fondo global para el desarrollo sostenible. Un impuesto del 3% anual a las ganancias de las exportaciones petroleras de Emiratos Árabes Unidos ($119 mil millones), Qatar ($116 mil millones), Kuwait ($98 mil millones), Noruega (cerca de $174 mil millones) y Arabia Saudita ($311 mil millones) recaudaría unos $25 mil millones en total, suma no mucho más alta que la que los sauditas han gastado hace poco en fútbol, golf, carreras de Fórmula Uno y otros eventos deportivos.
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Por una de las coincidencias de la vida, este año la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) se realizará en uno de estos países. Sultan Al Jaber presidente designado de la COP28, nombró la tarea de “enmendar las finanzas climáticas” como uno de sus cuatro pilares, argumentando que “todas las formas de finanzas deben ser más disponibles, más accesibles y más asequibles”. De manera similar, ha llamado a los países donantes con promesas ya vencidas a “que demuestren que sus compromisos iban en serio”.
Pero, como país anfitrión, los EAU tienen la responsabilidad de ir a la vanguardia. La mejor manera de lanzar la COP28 sería el que Al Jaber -que también es el director gerente y CEO de la Compañía Petrolera Nacional de Abu Dabi- anuncie que su país aportará $3 mil millones de sus inesperadas ganancias a un fondo financiero global y que tratará de persuadir a sus adinerados vecinos del Golfo a hacer lo mismo. Más de la mitad de las contribuciones podrían destinarse al Fondo de Pérdidas y Daños, acordado en la COP27 pero que cuenta con pocos aportes iniciales, y el resto se podría usar como capital y financiación de subsidios de nuevas instalaciones destinadas a la mitigación y adaptación climáticas.
Y la comunidad internacional debe usar este impuesto para generar un programa de financiación más amplio para el mundo en desarrollo, que parta del principio de que los contaminantes ricos e históricamente grandes que actualmente tienen la capacidad de pagar, no solo deberían contribuir más para ayudar a los países más pobres a adaptarse al calentamiento global. No solo tendrían que elevarse los presupuestos de ayuda, sino que la Asociación para el Desarrollo Internacional, la entidad de financiación del Banco Mundial para ellos, también debería recibir una generosa reposición el año próximo.
La provisión de $90 mil millones en fondos concesionales para países de bajos ingresos se encuentra al centro de las propuestas del economista N.K. Singh y el ex Secretario del Tesoro estadounidense Lawrence H. Summers en sus dos volúmenes de informes al G20, el primero de los cuales se propuso antes de la reciente cumbre del G20 en Nueva Delhi. Como argumentan, es necesario que el sistema de bancos de desarrollo multilaterales (BDM) aumente su capacidad general, lo que significa triplicar sus compromisos anuales a $300 mil millones en fondos no concesionales para países de ingresos medios.
Como parte de sus propuestas, que contemplan la recapitalización del Banco Mundial mismo, son partidarios de un uso más amplio de las garantías. Los países de altos ingresos pueden y deben proporcionar tales garantías, que habilitarán a los BDM a obtener préstamos en los mercados de capitales en términos atractivos.
Si se gestionan adecuadamente, iniciativas como esta podrían movilizar el crédito del sector privado, esencial para lograr nuestros objetivos climáticos. Y la combinación del impuesto con el uso de garantías, de acordarse en la COP28, podría ser la plataforma para lograr $1 billón en flujos financieros anuales a los países en desarrollo para 2030.
Hace setenta y cinco años, bajo el Plan Marshall original, Estados Unidos prestó $13,3 mil millones ($169 mil millones al tipo de cambio actual) a Europa para su reconstrucción de posguerra. Fue un notable acto de liderazgo global que ayudó a asegurar décadas de crecimiento económico estable y cooperación internacional.
Si bien el mundo y las crisis que enfrenta hoy son muy diferentes, la escala de la respuesta debe ser igual de ambiciosa. Los países del Sur Global están trazando el camino hacia adelante. Ahora, sus contrapartes ricos del Norte Global deben dar el paso y ofrecer los fondos necesarios. El dinero está, pero necesitamos la imaginación política y la voluntad de usarlo antes de que llegue la próxima crisis.
Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Permacrisis: Un plan para arreglar un mundo fracturado) por Gordon Brown, Mohamed A. El-Erian, Michael Spence y Reid Lidow fue publicado el 28 de septiembre de 2023.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen