PRINCETON – Ya es bien sabido que muchas democracias en todo el mundo están bajo presión. Pero hay cada vez más amenazas a un derecho democrático particularmente importante que no han recibido suficiente atención: por diversos medios, los gobiernos están poniendo obstáculos a los ciudadanos que quieren congregarse y protestar.
Las nuevas restricciones al derecho de reunión suelen venir acompañadas de justificaciones de apariencia inocua, por ejemplo la “seguridad pública”. En Estados Unidos, el gobierno de Trump reclamó la prerrogativa de resarcirse los costos de limpieza después de las manifestaciones, lo que en la práctica permitiría al gobierno cobrar a los manifestantes por ejercer su derecho constitucional. Y en un intento todavía más descarado de limitar el disenso público, el gobierno intentó vedar a los manifestantes el 80% de las aceras que rodean la Casa Blanca.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán logró hace poco la aprobación de una ley que hace más difícil manifestarse cerca de residencias privadas y monumentos nacionales, aduciendo la posibilidad de que las protestas “perturben el flujo normal del tránsito”. Las autoridades también quieren prohibir manifestaciones en fechas públicas. Con fundamentos imprecisos, ahora el gobierno puede hacer prácticamente imposible cualquier protesta callejera.
PRINCETON – Ya es bien sabido que muchas democracias en todo el mundo están bajo presión. Pero hay cada vez más amenazas a un derecho democrático particularmente importante que no han recibido suficiente atención: por diversos medios, los gobiernos están poniendo obstáculos a los ciudadanos que quieren congregarse y protestar.
Las nuevas restricciones al derecho de reunión suelen venir acompañadas de justificaciones de apariencia inocua, por ejemplo la “seguridad pública”. En Estados Unidos, el gobierno de Trump reclamó la prerrogativa de resarcirse los costos de limpieza después de las manifestaciones, lo que en la práctica permitiría al gobierno cobrar a los manifestantes por ejercer su derecho constitucional. Y en un intento todavía más descarado de limitar el disenso público, el gobierno intentó vedar a los manifestantes el 80% de las aceras que rodean la Casa Blanca.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán logró hace poco la aprobación de una ley que hace más difícil manifestarse cerca de residencias privadas y monumentos nacionales, aduciendo la posibilidad de que las protestas “perturben el flujo normal del tránsito”. Las autoridades también quieren prohibir manifestaciones en fechas públicas. Con fundamentos imprecisos, ahora el gobierno puede hacer prácticamente imposible cualquier protesta callejera.