PARÍS – La transparencia fue un tema central de la elección presidencial francesa de 2017. Incluso antes de que se revelara que François Fillon, del partido conservador Les Républicains, había pagado a su esposa con fondos públicos por tareas que no realizó, el futuro vencedor, Emmanuel Macron, ya había hecho de la transparencia un eje de su campaña.
Así que es irónico que cuatro de los quince miembros del primer gabinete de Macron (incluido uno de los asesores más cercanos del presidente) hayan tenido que renunciar por denuncias de mala conducta o malversación de fondos públicos, incluso sin un fallo judicial. También tuvo que renunciar un recién designado integrante del Consejo Constitucional de Francia, cuando la prensa informó que siendo miembro del Senado había empleado a su hija en un puesto inexistente.
Los medios franceses siguieron investigando otros posibles escándalos, pero por ahora, parece que esta serie de traspiés llegó a su fin. A tono con su promesa de campaña, Macron promulgó una nueva ley de ética pública, la “Ley para el Restablecimiento de la Confianza en la Acción Pública”, que amplía las restricciones para los funcionarios: ya no podrán emplear a familiares; se elimina la asignación fija que tenían para el pago de honorarios profesionales; y se les prohíbe usar el “fondo de reserva parlamentario” para financiar iniciativas locales.
PARÍS – La transparencia fue un tema central de la elección presidencial francesa de 2017. Incluso antes de que se revelara que François Fillon, del partido conservador Les Républicains, había pagado a su esposa con fondos públicos por tareas que no realizó, el futuro vencedor, Emmanuel Macron, ya había hecho de la transparencia un eje de su campaña.
Así que es irónico que cuatro de los quince miembros del primer gabinete de Macron (incluido uno de los asesores más cercanos del presidente) hayan tenido que renunciar por denuncias de mala conducta o malversación de fondos públicos, incluso sin un fallo judicial. También tuvo que renunciar un recién designado integrante del Consejo Constitucional de Francia, cuando la prensa informó que siendo miembro del Senado había empleado a su hija en un puesto inexistente.
Los medios franceses siguieron investigando otros posibles escándalos, pero por ahora, parece que esta serie de traspiés llegó a su fin. A tono con su promesa de campaña, Macron promulgó una nueva ley de ética pública, la “Ley para el Restablecimiento de la Confianza en la Acción Pública”, que amplía las restricciones para los funcionarios: ya no podrán emplear a familiares; se elimina la asignación fija que tenían para el pago de honorarios profesionales; y se les prohíbe usar el “fondo de reserva parlamentario” para financiar iniciativas locales.