BRUSELAS – El 9 de noviembre de 2022, la Comisión Europea publicó un proyecto para reformar el marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Entre otras cosas, el documento contempla una estrategia más integrada para la supervisión económica de la UE, una mayor responsabilidad nacional, reglas simplificadas para gobernar los riesgos fiscales y una mejor aplicación de esas reglas. Pero los detalles de la propuesta plantean dudas sobre la posibilidad de alcanzar esos objetivos. Específicamente, el componente fiscal del marco propuesto deja tres interrogantes fundamentales sin responder.
El primero es sobre si las nuevas reglas impedirían o no una insolvencia soberana. En 2021, siete países de la eurozona tenían una deuda pública que superaba el 100% del PIB, lo que significa que es solo una cuestión de tiempo hasta que los mercados financieros empiecen a inquietarse por la sustentabilidad de la deuda de algunos países. Pero el método propuesto por la Comisión para lidiar con el exceso de deuda es aún más laxo que el que regía bajo el anterior Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC).
El proyecto rechaza la “regla 1/20” anterior para la reducción de deuda con el argumento de que exigirles a los gobiernos que recorten su deuda cada año una veinteava parte del exceso por sobre el 60% del PIB es pedir demasiado. Por el contrario, la Comisión quiere que los estados miembro con problemas de deuda “sustanciales” o “moderados” negocien un plan fiscal de mediano plazo que incluya una trayectoria de deuda descendente. El documento no se explaya sobre la velocidad del ajuste fiscal -que se detallará más adelante en la metodología para el análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD)-, ni especifica los criterios para categorizar los problemas de deuda como “sustanciales”, “moderados” o “bajos”.
BRUSELAS – El 9 de noviembre de 2022, la Comisión Europea publicó un proyecto para reformar el marco de gobernanza económica de la Unión Europea. Entre otras cosas, el documento contempla una estrategia más integrada para la supervisión económica de la UE, una mayor responsabilidad nacional, reglas simplificadas para gobernar los riesgos fiscales y una mejor aplicación de esas reglas. Pero los detalles de la propuesta plantean dudas sobre la posibilidad de alcanzar esos objetivos. Específicamente, el componente fiscal del marco propuesto deja tres interrogantes fundamentales sin responder.
El primero es sobre si las nuevas reglas impedirían o no una insolvencia soberana. En 2021, siete países de la eurozona tenían una deuda pública que superaba el 100% del PIB, lo que significa que es solo una cuestión de tiempo hasta que los mercados financieros empiecen a inquietarse por la sustentabilidad de la deuda de algunos países. Pero el método propuesto por la Comisión para lidiar con el exceso de deuda es aún más laxo que el que regía bajo el anterior Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC).
El proyecto rechaza la “regla 1/20” anterior para la reducción de deuda con el argumento de que exigirles a los gobiernos que recorten su deuda cada año una veinteava parte del exceso por sobre el 60% del PIB es pedir demasiado. Por el contrario, la Comisión quiere que los estados miembro con problemas de deuda “sustanciales” o “moderados” negocien un plan fiscal de mediano plazo que incluya una trayectoria de deuda descendente. El documento no se explaya sobre la velocidad del ajuste fiscal -que se detallará más adelante en la metodología para el análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD)-, ni especifica los criterios para categorizar los problemas de deuda como “sustanciales”, “moderados” o “bajos”.