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Los caminos divergentes de Egipto y Túnez

CAMBRIDGE – Pasaron cinco años desde que Egipto y Túnez atravesaron por un cambio de régimen y, al día de hoy, ambos países siguen padeciendo un bajo crecimiento económico, grandes déficits fiscales, un alto nivel de desempleo y crecientes deudas públicas. Al no haber podido implementar reformas por cuenta propia, ambos han recurrido al Fondo Monetario Internacional, que selló un acuerdo con Túnez en 2013 y acaba de aprobar un programa de préstamos por 12.000 millones de dólares para Egipto -el primero del país desde 1991, y el más grande de la historia para un país de Oriente Medio.

A juzgar por las apariencias, los países que avanzan hacia una democracia parecen tener la misma probabilidad de experimentar un desempeño económico deficiente que los países que se encaminan hacia una dictadura renovada, porque la inestabilidad política y la incertidumbre de cualquier tipo naturalmente afectan la inversión y el crecimiento. Pero Túnez ha adoptado la inclusión política y pronto podría estar nuevamente en el sendero hacia un crecimiento económico saludable, mientras que la sociedad cerrada de Egipto coloca a su economía en una espiral descendente.

Hasta hace poco, los gobiernos de ambos países mostraban una sorprendente falta de interés por la reforma económica. Por el contrario, se abocaron a cuestiones de identidad y desafíos de seguridad de maneras que reflejan sus senderos políticos divergentes. En Túnez, las contiendas electorales entre el Partido Ennahda, islamista, y el Partido Nidaa Tounes, secular, han permitido un debate productivo sobre el papel de la religión en la política y la sociedad; en Egipto, en cambio, el gobierno autocrático del presidente Abdel Fattah el-Sisi ha reprimido violentamente a la Hermandad Musulmana.

Mientras tanto, los gobiernos en ambos países no pudieron resistir un creciente gasto público. En Egipto, los subsidios estaban todavía por encima del 10% del PIB a mediados de 2016, lo que sugiere un retorno a la antigua negociación autoritaria según la cual los ciudadanos se abstienen de una participación política a cambio de un respaldo económico del gobierno. Ahora, para calificar para la asistencia del FMI, Egipto se ha comprometido a reducir sus subsidios y a instituir un impuesto al valor agregado.