El tratado del Protocolo de Kyoto acaba de entrar en vigencia para las 126 naciones que lo han firmado hasta ahora. Este es el momento de comenzar a pensar en cómo involucrar a todos los países, incluidos los grandes emisores de gases, en las conversaciones sobre qué hacer después de la caducidad del tratado en 2012. Esto es exactamente lo que hizo hace poco la Comisión Europea al proponer su primera estrategia para la era post-Kyoto, que se debatirá en el Consejo Europeo en marzo próximo.
Si bien el Protocolo de Kyoto representa sólo una modesta reducción de las emisiones de gases de carbono en los países industrializados (5,2% entre 2008 y 2012 con respecto a los niveles de 1990, con objetivos variables según el país) es posible lograr avances reales en las iniciativas de desarrollo sostenible y conservación de nuestro planeta.
Sin embargo, primero todos los países deben integrar sus inquietudes medio ambientales al planeamiento de las políticas, y mejorar la calidad de sus gobiernos en áreas clave como son la energía, la infraestructura y el transporte. En otras palabras, debemos actuar de manera consecuente con la constatación de que el cambio climático y sus efectos en las personas, tanto en los países ricos como en los pobres, sigue siendo una amenaza a la seguridad global.
A fin de cuentas, es probable que la estrategia de largo plazo incluya un sistema basado en reglas, un sistema de incentivos, e inversiones para el cambio tecnológico. Cada vez más, la adaptación a nivel nacional se reconocerá como un tema importante que exigirá un financiamiento adecuado. Enfrentar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones no deben ser enfoques mutuamente excluyentes, sino complementarios.
Al mirar al mundo post-Kyoto, tenemos la oportunidad de dar inicio a un nuevo diálogo y considerar nuevas opciones sobre el cambio climático. Las naciones podrían fijarse una meta más ambiciosa, como es limitar el cambio de largo plazo en la temperatura del planeta, y luego asignar derechos de emisiones entre los países, de modo que finalmente se fije un límite aceptable al aumento de la temperatura. Esto exigiría mayores inversiones en investigación y desarrollo energético para lograr nuevas y mejores tecnologías, un proceso que debe recibir el apoyo de una cooperación más sólida entre los sectores público y privado.
Hasta ahora, con sólo el 15% de la población mundial, los países ricos han sido responsables de más del 75% del dióxido de carbono (CO2) mundial y, por ende, de la mayor parte del daño al medio ambiente. Sin embargo, los más vulnerables son los países en desarrollo y, en consecuencia, los pobres del mundo. Es poco realista pedir a los países pobres, donde más de 1,6 mil millones de personas no tienen acceso a energía ni tecnologías limpias, que carguen con los costos relacionados con el tan necesario cambio tecnológico.
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Trabajando en conjunto con sus socios, el Banco Mundial está apoyando estrategias financieras para ayudar a que los países en desarrollo enfrenten los costos del cambio climático. Hasta la fecha se han comprometido más de mil millones de dólares en subvenciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), además de cerca de 8 mil millones de dólares de cofinanciamiento, para programas relacionados con el cambio climático.
Si bien los mecanismos reguladores del Protocolo de Kyoto y el Sistema Europeo de Reducción de Emisiones (ETS) han contribuido a la creación de un mercado emergente para el comercio de emisiones de carbono, actualmente los actores interesados están preocupados sobre el futuro inmediato. Sin un marco regulador que vaya más allá de 2012, la ventana de oportunidad para iniciar transacciones basadas en proyectos se cerrará para los años 2006/2007.
Dado el largo tiempo que se debe contemplar entre la preparación de un proyecto y los primeros beneficios de las reducciones de emisiones, quienes desarrollan los proyectos tienen sólo unos cuantos años para actuar antes de que los pagos por emisiones de carbono dejen de ser una contribución significativa al financiamiento de los proyectos en el contexto actual. El desarrollo de proyectos de infraestructura es un largo proceso que exige de 3 a 7 años desde la identificación a la concesión de licencias, la financiación y la construcción, hasta llegar finalmente a la primera certificación de reducciones de emisiones de carbono.
Por lo tanto, los proyectos deben estar en ejecución a más tardar para el año 2007. El Banco Mundial ha sido un instrumento útil para fomentar el financiamiento basado en el comercio de emisiones de carbono como una herramienta de desarrollo viable, y facilitar la participación del sector privado en este mercado. El Banco se ha concentrado en representar los intereses de sus países prestatarios, ayudándoles a desarrollar recursos para el comercio de carbono según sus propias prioridades.
No obstante, sin un compromiso por parte de los gobiernos para limitar las emisiones de gases causantes del efecto invernadero más allá del año 2012, el mercado del carbono seguirá en una posición incierta y es poco probable que el sector privado, que es vital para su éxito, amplíe su participación de manera significativa y constante. Según una reciente encuesta, apoyada por el Banco Mundial, a compañías interesadas en el financiamiento del mercado del carbono, sólo una de cada cinco encuestadas afirmó tener la intención de comprar reducciones de emisiones posteriores al año 2012.
Este es el momento de mirar hacia adelante y hacer partícipe a la comunidad mundial (sin exclusiones, pero con responsabilidades diferenciadas) en la búsqueda de un mundo más seguro que evite los terribles peligros de la degradación medio ambiental y el conflicto social que la inacción puede implicar.
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The US retirement system is failing American workers. But after decades of pushing fake fixes – especially forcing people to work longer – US policymakers have an opportunity to make real progress in bolstering Americans' economic security in old age.
proposes a Grey New Deal that would boost economic security for all US workers in old age.
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
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El tratado del Protocolo de Kyoto acaba de entrar en vigencia para las 126 naciones que lo han firmado hasta ahora. Este es el momento de comenzar a pensar en cómo involucrar a todos los países, incluidos los grandes emisores de gases, en las conversaciones sobre qué hacer después de la caducidad del tratado en 2012. Esto es exactamente lo que hizo hace poco la Comisión Europea al proponer su primera estrategia para la era post-Kyoto, que se debatirá en el Consejo Europeo en marzo próximo.
Si bien el Protocolo de Kyoto representa sólo una modesta reducción de las emisiones de gases de carbono en los países industrializados (5,2% entre 2008 y 2012 con respecto a los niveles de 1990, con objetivos variables según el país) es posible lograr avances reales en las iniciativas de desarrollo sostenible y conservación de nuestro planeta.
Sin embargo, primero todos los países deben integrar sus inquietudes medio ambientales al planeamiento de las políticas, y mejorar la calidad de sus gobiernos en áreas clave como son la energía, la infraestructura y el transporte. En otras palabras, debemos actuar de manera consecuente con la constatación de que el cambio climático y sus efectos en las personas, tanto en los países ricos como en los pobres, sigue siendo una amenaza a la seguridad global.
A fin de cuentas, es probable que la estrategia de largo plazo incluya un sistema basado en reglas, un sistema de incentivos, e inversiones para el cambio tecnológico. Cada vez más, la adaptación a nivel nacional se reconocerá como un tema importante que exigirá un financiamiento adecuado. Enfrentar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones no deben ser enfoques mutuamente excluyentes, sino complementarios.
Al mirar al mundo post-Kyoto, tenemos la oportunidad de dar inicio a un nuevo diálogo y considerar nuevas opciones sobre el cambio climático. Las naciones podrían fijarse una meta más ambiciosa, como es limitar el cambio de largo plazo en la temperatura del planeta, y luego asignar derechos de emisiones entre los países, de modo que finalmente se fije un límite aceptable al aumento de la temperatura. Esto exigiría mayores inversiones en investigación y desarrollo energético para lograr nuevas y mejores tecnologías, un proceso que debe recibir el apoyo de una cooperación más sólida entre los sectores público y privado.
Hasta ahora, con sólo el 15% de la población mundial, los países ricos han sido responsables de más del 75% del dióxido de carbono (CO2) mundial y, por ende, de la mayor parte del daño al medio ambiente. Sin embargo, los más vulnerables son los países en desarrollo y, en consecuencia, los pobres del mundo. Es poco realista pedir a los países pobres, donde más de 1,6 mil millones de personas no tienen acceso a energía ni tecnologías limpias, que carguen con los costos relacionados con el tan necesario cambio tecnológico.
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Si bien los mecanismos reguladores del Protocolo de Kyoto y el Sistema Europeo de Reducción de Emisiones (ETS) han contribuido a la creación de un mercado emergente para el comercio de emisiones de carbono, actualmente los actores interesados están preocupados sobre el futuro inmediato. Sin un marco regulador que vaya más allá de 2012, la ventana de oportunidad para iniciar transacciones basadas en proyectos se cerrará para los años 2006/2007.
Dado el largo tiempo que se debe contemplar entre la preparación de un proyecto y los primeros beneficios de las reducciones de emisiones, quienes desarrollan los proyectos tienen sólo unos cuantos años para actuar antes de que los pagos por emisiones de carbono dejen de ser una contribución significativa al financiamiento de los proyectos en el contexto actual. El desarrollo de proyectos de infraestructura es un largo proceso que exige de 3 a 7 años desde la identificación a la concesión de licencias, la financiación y la construcción, hasta llegar finalmente a la primera certificación de reducciones de emisiones de carbono.
Por lo tanto, los proyectos deben estar en ejecución a más tardar para el año 2007. El Banco Mundial ha sido un instrumento útil para fomentar el financiamiento basado en el comercio de emisiones de carbono como una herramienta de desarrollo viable, y facilitar la participación del sector privado en este mercado. El Banco se ha concentrado en representar los intereses de sus países prestatarios, ayudándoles a desarrollar recursos para el comercio de carbono según sus propias prioridades.
No obstante, sin un compromiso por parte de los gobiernos para limitar las emisiones de gases causantes del efecto invernadero más allá del año 2012, el mercado del carbono seguirá en una posición incierta y es poco probable que el sector privado, que es vital para su éxito, amplíe su participación de manera significativa y constante. Según una reciente encuesta, apoyada por el Banco Mundial, a compañías interesadas en el financiamiento del mercado del carbono, sólo una de cada cinco encuestadas afirmó tener la intención de comprar reducciones de emisiones posteriores al año 2012.
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