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De una guerra comercial a una guerra de subsidios

LONDRES – Para consternación de muchos economistas, el gobierno del presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha mantenido la mayoría de los aranceles y barreras comerciales de su predecesor. De hecho, contra lo que esperaba la mayor parte de los analistas, Estados Unidos ha impuesto nuevas medidas proteccionistas, por ejemplo las políticas de «compre nacional» de Biden; el resultado es un aumento de costos para los consumidores y contribuyentes estadounidenses.

Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio. La administración Trump inició una guerra comercial con China, se retiró del Acuerdo Transpacífico (ATP) que habían negociado los presidentes George Bush (hijo) y Barack Obama con doce países de la Cuenca del Pacífico, y «renegoció» el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que rebautizó Acuerdo Estados Unidos‑México‑Canadá.

Trump optó por estas y otras acciones unilaterales, a pesar de que un proceso multilateral a través de la Organización Mundial del Comercio hubiera sido mucho más eficaz y con menos riesgo de perjudicar a aliados de Estados Unidos. Pero la administración Biden fue incluso más lejos, con la plena adopción de una política industrial mediante la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por la sigla en inglés), con un presupuesto de 430 000 millones de dólares (que en buena parte se destinarán a subsidiar las tecnologías verdes y las energías renovables), y con la Ley de CHIPS y Ciencia (280 000 millones de dólares), cuyo objetivo es fomentar la creación de una fuerte industria estadounidense de los semiconductores.

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