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La economía prisionera de los Estados Unidos

BERKELEY – Los Estados Unidos tienen el 5% de la población mundial y el 25% de la población carcelaria del mundo –alrededor de 2.2 millones de personas, 5 veces más que en 1980. Uno de cada 100 adultos estadounidenses está en la cárcel –la tasa per cápita más alta del planeta, 5 a 10 veces superior que en Europa Occidental u otras democracias. El costo social y económico es igualmente elevado.

El aumento explosivo de la población carcelaria en los Estados Unidos en las últimas décadas es el resultado del fortalecimiento de las medidas punitivas de prevención del delito, que incluyen sanciones más duras para los delitos relacionados con las drogas y sentencias mínimas obligatorias, complementadas con cifras crecientes de policías y otros oficiales encargados de aplicar la ley. Más allá de los costos financieros que supone el incremento de las fuerzas policiacas y la mayor presión sobre el sistema judicial está el gasto de 60 mil millones de dólares anuales en las prisiones estatales y federales en comparación con los doce mil millones de dólares que se gastaron hace veinte años. Además, hay que tomar en cuenta los enormes costos para los prisioneros  (muchos de los cuales están encarcelados por delitos no violentos) y para sus familias y comunidades, costos que recaen de manera desproporcionada en los pobres, los que no tienen educación, los afroamericanos, los latinos y los enfermos mentales.

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Tal vez la peor parte es que los beneficios previstos del enfoque de hacer más estricta la ley de los Estados Unidos no se han concretado. En efecto, la correlación entre tasas mayores de encarcelamiento y tasas menores de delitos cometidos es baja.

Asimismo, la tasa de reincidencia es sorprendentemente alta: según un reciente informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos más de la tercera parte de los presos liberados fueron reaprehendidos en menos de seis meses y más de las dos terceras partes en menos de tres años. Para reducir el tamaño de la población carcelaria la tasa de reincidencia debe bajar.

Por supuesto, este es un problema complejo. Los prisioneros liberados se enfrentan a enormes barreras para obtener empleo, vivienda, atención a la salud y educación. Por lo menos la mitad tienen el desafío adicional de padecer problemas de salud mental y de adicciones. Sin embargo, muy pocos tienen redes de apoyopara reintegrarse a la sociedad. Es evidente que se necesita un nuevo enfoque que aproveche las ventajas comparativas del sector privado, las autoridades estatales y el gobierno federal.

El gobierno federal debe recurrir al “federalismo progresivo” para catalizar y financiar programas estatales dedicados a combatir la reincidencia. Muchos de estos programas se pueden basar en contratos de pago por desempeño, tales los bonos de impacto social, en los que los gobiernos federal y estatal comparten el riesgo con actores del sector privado.

Los bonos de impacto social o SIB, por sus siglas en inglés, exigen que los inversionistas privados y otros actores no gubernamentales cubran la mayoría o la totalidad de los costos iniciales de un proyecto piloto que el organismo gubernamental contratante solo rembolsará si evaluadores independientes concluyen que el proyecto cumplió sus objetivos y ahorró dinero a los contribuyentes. El primer SIB del mundo, que se puso en marcha en el Reino Unido en 2010 se centró en reducir las tasas de reincidencia entre los 3000 presos de la prisión de Peterborough  en Cambridgeshire, y arrojó resultados prometedores.

El primer SIB estadounidense, orientado a reducir la reincidencia entre los presos juveniles de la cárcel correccional de Rikers Island en la ciudad de Nueva York, no fue tan efectivo. En efecto, el mes pasado evaluadores independientes concluyeron que el programa no había cumplido los objetivos de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, lejos de ser un fracaso, el proyecto de Rikers island validó el enfoque de pago por desempeño. La ciudad de Nueva York no tuvo que pagar la factura del esfuerzo fallido, pero los funcionarios obtuvieron conocimientos valiosos sobre lo que funciona y lo que no. Con base en esta experiencia, otra empresa estadounidense está desarrollando otro proyecto SIB de reincidencia administrado por el estado de Nueva York.

De hecho, en todo el país se han puesto en marcha muchos proyectos piloto a nivel estatal para reducir la reincidencia, algunos basados en acuerdos de pago por éxito. El estado de Nueva York y Massachusetts han iniciado experimentos de pago por éxito a nivel estatal. Minnesota y Texas han realizado proyectos piloto con resultados prometedores. Con una donación de seis millones de dólares del Departamento de Justicia, Georgia está financiando quince programas piloto que van desde la capacitación para el trabajo y servicios de apoyo a la vivienda para presos liberados, hasta programas internos basados en la fe para los que están en prisión.

De forma colectiva estos proyectos representan una especie de financiamiento masivo (crowdsourcing), método efectivo de probar una amplia variedad de ideas innovadoras, que se pueden ampliar si resultan exitosas. En este sentido, los gobiernos estatales y locales están actuando como “laboratorios de democracia”.

Aquí es cuando entra en juego el federalismo progresivo. El gobierno federal puede trabajar para mejorar y fortalecer los esfuerzos de los estados mediante financiamiento y fomentando las mejores prácticas, sin imponer ninguna ideología a los proyectos. Por ejemplo, los proyectos piloto que reciben asistencia federal para combatir la reincidencia en Georgia, reflejan estrategias tanto “liberales” y “conservadoras”, apoyadas por los demócratas y los republicanos, respectivamente.

El sector social también tiene un papel importante que desempeñar para combatir la reincidencia. Grupos activistas como Coalition for Public Safety que están cambiando el dialogo nacional. Hay toda una subindustria  de organizaciones no lucrativas como Defy Ventures que trabajan para ayudar a ex presidiarios a formarse en nuevas carreras y convertirse en emprendedores. Otros programas, como Measures for Justice están creando los datos necesarios para medir los resultados, mientras que las organizaciones no lucrativas como Pew Charitable Trusts, California Forward y Third Sector Ventures están ayudando a condados y ciudades a encontrar alternativas económicas efectivas a la ampliación inefectiva carcelaria.

Los demócratas desean un gobierno activo que solucione problemas sociales complicados, mientras que los republicanos quieren que esa labor se lleve a cabo con inversión e innovaciones del sector privado. Pero a ambos partidos les agrada la idea de poner a prueba estrategias opuestas en el mundo real, como lo demuestra el apoyo de los dos partidos en el congreso para un nuevo fondo federal destinado a apoyar proyectos de pago por desempeño relacionados con una amplia gama de problemas sociales, como la atención a la salud, la atención infantil y la capacitación para el empleo. La combinación de los contratos de pago por desempeño con el federalismo progresivo parece cumplir las exigencias de ambos bandos.

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La Ley de represión del delito y orden público de 1994 que proporcionó financiamiento a los estados para poner más policías en la calle, imponer sentencias más severas y construir más prisiones, fue un ejemplo de cómo el gobierno federal puede promover las acciones de las autoridades estatales y locales. Un nuevo proyecto de ley federal sobre la delincuencia que incluya contratos de pago por éxito, podría alentar a los estados a adoptar un enfoque más inteligente contra el crimen, que redujera las sentencias obligatorias e invirtiera en programas efectivos contra la reincidencia. Tal enfoque reduciría las tasas de encarcelamiento y reincidencia, y reduciría espectacularmente los onerosos costos sociales, económicos del encarcelamiento.

Traducción de Kena Nequiz