acemoglu58_Chris McGrathGetty Images_turkeyearthquake Chris McGrath/Getty Images

Para reconstruir Turquía, primero hay que reconstruir su democracia

BOSTON – Los devastadores terremotos que en febrero mataron más de 50.000 personas en Turquía (y, al menos, más de 7.000 en el norte de Siria) dejaron expuestos arraigados problemas en los preparativos para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 14 de mayo que bien podrían marcar época. Hoy parece claro que Turquía necesita más que un cambio de gobierno; precisa de una transformación fundamental de su política y su economía, lo que significa enfrentarse a los potentes grupos de presión del sector de la construcción e intentar reconstruir la tambaleante democracia del país.

Aunque los terremotos fueron actos de la naturaleza, la devastación que causaron fue el resultado de la corrupción existente en este sector industrial y otros más. Sin embargo, el caudillista presidente turco Recep Tayyip Erdoğan no dudó en responsabilizar a la naturaleza misma por la inmensidad de las muertes, aunque admitió que el desastre pilló desprevenidas a las autoridades. Se le ha pedido al pueblo de Turquía que crea que todo está bajo control y que hay que confiar en Erdogan para la reconstrucción posterior al desastre.

Y, sin embargo, merece la pena recordar que cuando el país sufrió un terremoto de grandes dimensiones (7,6 en la escala de Richter) en 1999, cerca de la ciudad de Izmit (conocida también como Nicomedia), la gran cantidad de fallecimientos (cerca de 18.000) se atribuyó con razón a malas prácticas de construcción y a una deficiente planificación urbana. El gobierno respondió con la adopción de modernos códigos y normas de construcción para impedir nuevas edificaciones en las áreas de mayor riesgo.

Entonces, ¿por qué los últimos terremotos destruyeron más de 18.000 edificios y dañaron irreversiblemente otros 280.000? La respuesta corta es que no se obedecieron los códigos de construcción. Muchas de las construcciones dañadas hace poco fueron erigidas después de 1999, pero siguieron siendo inseguras (con cimientos débiles sin la cantidad mínima debida de cemento), porque los gobiernos y los inspectores municipales había expedido permisos a las compañías constructoras.

La corrupción es apenas una cara del ascenso más amplio de los grupos de presión de la construcción en Turquía en las últimas dos décadas. El sector representa hoy más del 40% del total invertido en capitales fijos y su influencia política es superior a lo que sugerirían las cifras. Las constructoras se encuentran entre los principales donantes a la totalidad de los partidos políticos principales, y mantienen vínculos inapropiadamente cercanos con los gobiernos municipales, sin que importe el partido político que tenga el control.

Si bien la corrupción que emana de la construcción es un gran problema en muchos otros países, en Turquía es particularmente perniciosa. No solo es un sector desproporcionadamente grande comparado con el tamaño de la economía, sino que está aprovechándose de instituciones democráticas seriamente debilitadas tras dos décadas de régimen autocrático de Erdogan.

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La extraña “amnistía inmobiliaria” del gobierno de Erdogan en 2018 ilustra el poder de presión del sector. Permitía que los propietarios evitaran tener que demoler o reequipar edificaciones que no cumplían la norma simplemente pagando un impuesto adicional, incluso en los casos de estructuras edificadas a lo largo de líneas tectónicas, en humedales, cuencas u otras áreas de alto riesgo.

En las diez provincias que sufrieron la peor devastación de los últimos terremotos, la alarmante cantidad de 294.000 edificaciones habían recibido la amnistía. Si bien en la actualidad no hay datos definitivos con los que evaluar su letalidad, es seguro suponer que muchos de esos edificios estaban entre los que colapsaron y mataron a sus residentes. Se suponía que el “impuesto al terremoto” turco de 1999, que fue elevado en 2021 por decreto presidencial, iba a financiar mejoras para fortalecer la resiliencia de los edificios ante sismos, pero existe no poca incertidumbre sobre su destino final.

Ante la impresionante cantidad de víctimas, tanto fallecidas como los cientos de miles que quedaron sin hogar, cabría esperar que los votantes turcos voten en masa contra el gobierno este 14 de mayo. Sin embargo, por lo menos hasta ahora, hay pocas evidencias de que los medios y la sociedad civil tengan ansias de hacer que los políticos nacionales y municipales rindan cuentas. A diferencia de 1999, cuando la mayoría de los medios de comunicación describían los daños causados por el terremoto como un fracaso de gobernanza, hoy el consenso casi unánime es que fue un “acto de Dios”, implicando que no es necesario culpar a Erdogan y su gobierno.

La situación no es de sorprender, ya que Erdogan ha ido asumiendo gradualmente un control casi directo de todos medios nacionales, incluidos los canales de TV y los periódicos de alta circulación. El disenso abierto se ha vuelto cada vez más peligroso: ya es rutinario saber de periodistas encarcelados por hacer reportajes críticos, y se han cerrado sitios web y plataformas por desafiar a Erdogan.

La creciente represión tuvo en febrero consecuencias inesperadas. Hacía cuatro meses, en octubre de 2022, el parlamento promulgó una “ley de censura” que profundizó de manera importante la censura en línea. Con esta nueva ley, el gobierno bloqueó el acceso a sitios de redes sociales inmediatamente después de los terremotos, complicando inadvertidamente los esfuerzos de rescate.

Este asombroso nivel de control mediático -y la polarización a la que ha dado pie- ha dejado a los partidos y políticos de oposición teniendo que luchar por hacer llegar sus mensajes al electorado, en especial si tratan de hacer conciencia sobre la corrupción endémica y la incompetencia del gobierno.

Pero incluso si una coalición de partidos opositores ganara, los problemas que sufre Turquía no se resolverán con un reemplazo de gobierno. Hay que reconstruir las instituciones del país y ese proceso no se podrá llevar a cabo si no se reduce drásticamente el poder de presión de las constructoras.

Aunque las probabilidades de lograr un cambio transformacional puedan parecer bajas, el control de Erdogan de los medios de comunicación y las instituciones del estado no garantiza su reelección. Hay un deseo palpable de cambio entre el electorado, incluso si no se refleja en los medios. Un lugar donde encontrarlo son los estadios de fútbol. En los últimos partidos de dos de los equipos más populares del país, miles de hinchas cantaban, “Mentiras, trampas, han sido ya 20 años, ¡renuncia!”

Por supuesto, los medios turcos no han difundido esta historia, y los funcionarios y periodistas partidarios de Erdogan han intentado calificar esas manifestaciones de terroristas. Los clubes mismos han tenido que pagar multas, y se ha prohibido a muchos de sus fanáticos la entrada a los estadios. No obstante, es imposible hacer desaparecer estas visiones, y bien podrían influir los resultados de las votaciones.

Las demandas de cambios políticos pueden surgir de lugares inesperados y, cuando lo hacen, pueden ofrecer esperanza a millones. Eso, más que un nuevo gobierno, es lo que exige el verdadero cambio. Para reconstruir la democracia turca, los turcos deben derribar a Erdogan, enfrentarse a las presiones de las constructoras y, entonces, entregarse a la tarea de restaurar las instituciones esenciales, comenzando tal vez por los medios noticiosos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

https://prosyn.org/6ODff25es