La "guerra contra el terror" ha obligado a las democracias a intentar plantearse hasta qué punto pueden permitirse proteger los derechos civiles y las libertades de sus ciudadanos y de los extranjeros. El debate más intenso ha sido el habido en los Estados Unidos, donde se oye una y otra vez el estribillo de que la Constitución no es un "pacto suicida" y la seguridad nacional puede justificar la adopción de medidas extraordinarias. Algunas medidas –registros no autorizados de los datos bancarios y grabaciones de las llamadas telefónicas—comprometen la libertad de todos. Otras –la más objetable: el confinamiento de unos 450 presuntos luchadores musulmanes en la bahía de Guantánamo—afectan a personas consideradas enemigas.
La "guerra contra el terror" ha obligado a las democracias a intentar plantearse hasta qué punto pueden permitirse proteger los derechos civiles y las libertades de sus ciudadanos y de los extranjeros. El debate más intenso ha sido el habido en los Estados Unidos, donde se oye una y otra vez el estribillo de que la Constitución no es un "pacto suicida" y la seguridad nacional puede justificar la adopción de medidas extraordinarias. Algunas medidas –registros no autorizados de los datos bancarios y grabaciones de las llamadas telefónicas—comprometen la libertad de todos. Otras –la más objetable: el confinamiento de unos 450 presuntos luchadores musulmanes en la bahía de Guantánamo—afectan a personas consideradas enemigas.