NUEVA YORK – Los gobiernos a veces tienen que reestructurar sus deudas. De lo contrario, la estabilidad económica y política de un país puede verse amenazada. Pero, en ausencia de un estado de derecho a nivel internacional para resolver las moratorias soberanas, el mundo paga un precio más alto del que debería para tales reestructuraciones. El resultado es un mercado de deuda soberana que funciona deficientemente, marcado por disensos innecesarios y demoras costosas en el abordaje de problemas cuando estos surgen.
Nos enfrentamos a recordatorios de esta situación, una y otra vez. En Argentina, son las batallas que libran las autoridades con un pequeño número de “inversores” (los llamados fondos buitres) que ponen en peligro la reestructuración de la totalidad de la deuda que fue acordada – voluntariamente – por una abrumadora mayoría de los acreedores del país. En Grecia, la mayor parte de los fondos de “rescate” de los programas temporales de “asistencia” se asignan para pagos a acreedores existentes, mientras que se obliga al país a adherirse a políticas de austeridad que han contribuido poderosamente a la disminución del 25% del PIB y han dejado a su población en peor situación. En Ucrania, las posibles ramificaciones políticas de las dificultades con la deuda soberana son enormes.
Por lo tanto, la pregunta sobre cómo gestionar la reestructuración de la deuda soberana – para reducir la deuda a niveles que sean sostenibles – es más apremiante que nunca. El sistema actual confía demasiado en las “virtudes” de los mercados. De manera general, las disputas no se resuelven sobre la base de reglas que garantizan una resolución justa, sino que se resuelven mediante la negociación entre desiguales, en la que los ricos y poderosos suelen imponer su voluntad a los demás. Generalmente, los resultados consiguientes no sólo son desiguales, sino que también son ineficientes.
NUEVA YORK – Los gobiernos a veces tienen que reestructurar sus deudas. De lo contrario, la estabilidad económica y política de un país puede verse amenazada. Pero, en ausencia de un estado de derecho a nivel internacional para resolver las moratorias soberanas, el mundo paga un precio más alto del que debería para tales reestructuraciones. El resultado es un mercado de deuda soberana que funciona deficientemente, marcado por disensos innecesarios y demoras costosas en el abordaje de problemas cuando estos surgen.
Nos enfrentamos a recordatorios de esta situación, una y otra vez. En Argentina, son las batallas que libran las autoridades con un pequeño número de “inversores” (los llamados fondos buitres) que ponen en peligro la reestructuración de la totalidad de la deuda que fue acordada – voluntariamente – por una abrumadora mayoría de los acreedores del país. En Grecia, la mayor parte de los fondos de “rescate” de los programas temporales de “asistencia” se asignan para pagos a acreedores existentes, mientras que se obliga al país a adherirse a políticas de austeridad que han contribuido poderosamente a la disminución del 25% del PIB y han dejado a su población en peor situación. En Ucrania, las posibles ramificaciones políticas de las dificultades con la deuda soberana son enormes.
Por lo tanto, la pregunta sobre cómo gestionar la reestructuración de la deuda soberana – para reducir la deuda a niveles que sean sostenibles – es más apremiante que nunca. El sistema actual confía demasiado en las “virtudes” de los mercados. De manera general, las disputas no se resuelven sobre la base de reglas que garantizan una resolución justa, sino que se resuelven mediante la negociación entre desiguales, en la que los ricos y poderosos suelen imponer su voluntad a los demás. Generalmente, los resultados consiguientes no sólo son desiguales, sino que también son ineficientes.