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Prisioneros del dolor

PRINCETON – El mes pasado, un tribunal egipcio condenó a Laura Plummer, una inglesa empleada de tienda de 33 años de edad, a tres años en prisión por contrabandear 320 dosis de tramadol al país. Tramadol es un medicamento opioide de venta con receta disponible en el Reino Unido para el alivio del dolor. Está prohibido en Egipto, donde hay altos niveles de adicción a él. Plummer dijo que se lo llevaba a su novio egipcio que sufre de dolores crónicos y que no sabía que estaba violando las leyes egipcias.

Los medios británicos han estado llenos de historias que simpatizan con el gran aprieto en que se encuentra Plummer, a pesar del hecho de que llevaba más pastillas que las que los doctores británicos pueden recetar. Sin embargo, más allá de las ventajas y desventajas de su arresto y sentencia, el caso ilumina un asunto con muchas más ramificaciones.

En octubre pasado, la Comisión de la revista The Lancet sobre Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor publicó un impresionante informe de 64 páginas en que se argumentaba que aliviar el dolor severo es un “imperativo de igualdad y sanidad global”. La Comisión no es la primera en afirmar esto, pero su informe recoge una abundancia de evidencias para demostrar la seriedad del problema. Cada año 25,5 millones de personas mueren en agonía por falta de morfina o un calmante similarmente potente. Solo un 14% de los 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos los recibe.

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