OXFORD – Las elecciones generales paquistaníes del 8 de febrero, arruinadas por acusaciones de irregularidades generalizadas, tuvieron como resultado la paralización parlamentaria y la formación de un gobierno de coalición por los dos principales partidos dinásticos del país. De todas formas, el resultado representa una aplastante derrota para los poderosos militares del país, ya que los candidatos respaldados por el Movimiento por la Justicia de Pakistán (Tehreek-e-Insaf, PTI) —partido político del ex primer ministro Imran Khan, ahora en prisión— consiguieron más escaños en el parlamento que cualquier otro bloque político, a pesar de la campaña en contra de sus votantes y partidarios que lleva ya dos años.
Aunque el PTI no consiguió suficientes bancas como para formar un gobierno propio, su desempeño inesperadamente sólido —al partido se le prohibió oficialmente participar en las elecciones— pone de relieve el atractivo de Khan para el pueblo. En el período previo a las elecciones, los miembros y partidarios del PTI sufrieron encarcelamientos, acoso y la destrucción de sus empresas. E incluso el día de las elecciones se interrumpieron los servicios de telefonía celular en un esfuerzo desesperado por limitar la cantidad de votantes. Pero, a pesar de esos obstáculos, los votantes pakistaníes dieron un golpe histórico a los militares, cuya interferencia política había enfrentado poca resistencia durante las últimas tres décadas.
Más que una competencia entre partidos políticos, las elecciones pakistaníes constituyeron un enfrentamiento entre quienes se oponen a que los militares se inmiscuyan en la política de manera cada vez más descarada, y quienes colaboran con ellos para obtener beneficios personales y profesionales. Pero el resultado plantea una pregunta importante: ¿a qué se debió una oposición tan generalizada en este momento, especialmente en regiones que desde hace mucho son consideradas bastiones del apoyo a los militares?
OXFORD – Las elecciones generales paquistaníes del 8 de febrero, arruinadas por acusaciones de irregularidades generalizadas, tuvieron como resultado la paralización parlamentaria y la formación de un gobierno de coalición por los dos principales partidos dinásticos del país. De todas formas, el resultado representa una aplastante derrota para los poderosos militares del país, ya que los candidatos respaldados por el Movimiento por la Justicia de Pakistán (Tehreek-e-Insaf, PTI) —partido político del ex primer ministro Imran Khan, ahora en prisión— consiguieron más escaños en el parlamento que cualquier otro bloque político, a pesar de la campaña en contra de sus votantes y partidarios que lleva ya dos años.
Aunque el PTI no consiguió suficientes bancas como para formar un gobierno propio, su desempeño inesperadamente sólido —al partido se le prohibió oficialmente participar en las elecciones— pone de relieve el atractivo de Khan para el pueblo. En el período previo a las elecciones, los miembros y partidarios del PTI sufrieron encarcelamientos, acoso y la destrucción de sus empresas. E incluso el día de las elecciones se interrumpieron los servicios de telefonía celular en un esfuerzo desesperado por limitar la cantidad de votantes. Pero, a pesar de esos obstáculos, los votantes pakistaníes dieron un golpe histórico a los militares, cuya interferencia política había enfrentado poca resistencia durante las últimas tres décadas.
Más que una competencia entre partidos políticos, las elecciones pakistaníes constituyeron un enfrentamiento entre quienes se oponen a que los militares se inmiscuyan en la política de manera cada vez más descarada, y quienes colaboran con ellos para obtener beneficios personales y profesionales. Pero el resultado plantea una pregunta importante: ¿a qué se debió una oposición tan generalizada en este momento, especialmente en regiones que desde hace mucho son consideradas bastiones del apoyo a los militares?