Justicia para los periodistas

ÁMSTERDAM – Han pasado más de ocho meses desde que Jamal Khashoggi, un prominente periodista saudí, crítico del gobierno de su propio país, que había estado viviendo en autoexilio, fue torturado, asesinado y descuartizado dentro del consulado saudita en Estambul. Como los sauditas se esforzaron por oscurecer la verdad sobre el destino de Khashoggi, Turquía lanzó una investigación. Tal como se esperaba, no se ha averiguado mucho.

Turquía no es precisamente un defensor creíble de la libertad de prensa: en 2018, más de 80 periodistas en el país recibieron largas sentencias de prisión o sanciones por su trabajo. Pero aún si la indignación del gobierno turco por el asesinato de Khashoggi fue exagerada por un rédito diplomático, el sistema judicial de Turquía ha cumplido con sus obligaciones internacionales de investigar.

Arabia Saudita, en cambio, está desacatando por completo sus obligaciones en esta materia. Bajo presión internacional, el reino está llevando a cabo audiencias de 11 sospechosos. Pero, según Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas audiencias secretas a puertas cerradas tienen más que ver con guardar las apariencias que con garantizar justicia.