MANILA/SANTIAGO – El Fondo Monetario Internacional parece decidido a diluir uno de los mejores ejemplos de cooperación global en la respuesta a las disrupciones económicas causadas por la pandemia de COVID‑19 y el cambio climático. Debe cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde.
La asignación de 650 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del FMI) que tuvo lugar en agosto se venía pidiendo hace mucho tiempo, y fue muy bien recibida. Desde un principio estaba claro que dadas las estrictas reglas del FMI, la inmensa mayoría de los DEG se iba a destinar a países que no los necesitaban. Por eso los líderes del G7 se comprometieron a redirigir hasta cien mil millones de dólares de sus asignaciones hacia los «países más necesitados de [apoyo para enfrentar] la pandemia, estabilizar sus economías, y llevar adelante una recuperación verde y global […] alineada con los objetivos de desarrollo y climáticos compartidos».
Estas acciones parecen pequeñas en comparación con los 17 billones de dólares que gastaron los países ricos para sostener sus economías durante la pandemia, pero son significativas. En octubre, sólo dos meses después de la asignación, el G20 respaldó un plan del FMI y del Banco Mundial para diseñar e implementar un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, a través del cual los países ricos puedan canalizar sus DEG a países de ingresos bajos y medios vulnerables a shocks económicos. Como esta herramienta se podría usar para hacer frente a riesgos relacionados con el cambio climático, resolvería una falencia evidente en el sistema de financiación internacional. El FMI anunció que tendría lista una propuesta para su reunión de abril de 2022.
Pero ¿será suficiente?
Fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo inundaciones y huracanes) pueden provocar inestabilidad financiera en países vulnerables, al eliminar stocks de capital y fuentes de divisas extranjeras. Y la disminución de la demanda de gas y petróleo para cumplir los objetivos climáticos genera incertidumbre fiscal en los países dependientes de la exportación de combustibles fósiles. En ambos casos, los intercambios comerciales pueden verse afectados, y será necesaria una transformación estructural de la economía. Pero muchos países de ingresos bajos y medios no tienen acceso a fuentes de financiación flexibles y con una relación costo/beneficio adecuada que les permitan llevarla adelante.
Un buen diseño del FRS demanda una mayor adaptabilidad de los criterios que usa el FMI para la asignación de recursos y para la selección de los países destinatarios. Por desgracia, la propuesta del FMI contiene cinco errores de diseño que la vuelven ineficaz para la mayoría de los países vulnerables al clima.
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El primer defecto tiene que ver con los criterios de selección. Los programas del FMI están supeditados al nivel de ingresos, pero el cambio climático no hace esas distinciones. El G20 pidió explícitamente un FRS que tuviera en cuenta a los países de ingresos bajos y de ingresos medios vulnerables al clima, pero el FMI adoptó una interpretación estrecha que excluye a los países de ingresos medios por encima de cierto umbral.
Los indicadores de ingresos tradicionales no son un buen criterio de selección. El FMI debe adaptarse a las circunstancias reales y tener en cuenta la vulnerabilidad climática. No debería ser motivo de controversia la incorporación de indicadores sencillos como la susceptibilidad a riesgos climáticos de naturaleza física (inundaciones, sequías, huracanes, etc.) o factores económicos como la participación de los combustibles fósiles en el ingreso total de divisas.
El segundo problema tiene que ver con las condiciones y la accesibilidad de los fondos. Los países en desarrollo no tienen margen de maniobra fiscal para movilizar recursos internos que les permitan hacer los cambios estructurales que necesitan sus economías. Muchos también carecen de acceso a recursos externos en condiciones financieras razonables. Pero según la propuesta del FMI, los usuarios del FRS tendrían que pagar el tipo de interés de los DEG (que hoy es cinco puntos básicos y va en aumento) más un margen de hasta cien puntos básicos. No son tasas muy diferentes de lo que les está cobrando el Fondo a países de ingresos medios. Más problemático todavía es el límite de acceso, que sería un 100% de la cuota, o menos que el equivalente en DEG de mil millones de dólares. Con estas reglas, el programa sólo ayudará a resolver las necesidades financieras de los países más pequeños.
El tercer defecto es la insistencia del FMI en la condicionalidad. El Fondo ve el FRS como un esquema agregado a sus programas preexistentes, y esto es muy preocupante. Según investigaciones del mismo FMI, sus mecanismos de crédito actuales tienen mala fama por los altos niveles de condicionalidad y el pobre desempeño que muestran en materia de recuperación económica y otros indicadores sociales. Se suponía que el FRS iba a ser un nuevo instrumento para reconocer y canalizar recursos a los países más vulnerables al cambio climático. Pero la propuesta del FMI es lo mismo de siempre en otra forma.
[Chart 1]
Los gráficos 1 y 2 muestran que los países vulnerables al clima no pidieron ayuda del FMI ni siquiera durante la pandemia, cuando el uso de los mecanismos del Fondo estuvo en niveles máximos. Sumar un pequeño programa adicional por el mismo precio y con el mismo nivel de condicionalidad supone en esencia inmovilizar fondos que son muy necesarios para financiar medidas de resiliencia climática.
[Chart 2]
El cuarto defecto es que el FRS estará bajo la dirección del FMI, que apenas está empezando a diseñar una estrategia para el cambio climático. Los bancos multilaterales y regionales de desarrollo también son tenedores autorizados de DEG, y tienen una perspectiva a más largo plazo y mejor historial en materia de política climática. Tienen que ser parte de la estructura de gobernanza del FRS.
El último problema es de escala. La directora gerente del FMI Kristalina Georgieva dijo que el FRS tendrá un presupuesto inicial de unos 30 000 millones de dólares que luego se aumentarán a 50 000 millones. Dejando a un lado el hecho de que el FRS no puede ser sustituto de la financiación que se necesita para enfrentar los efectos cada vez más intensos del cambio climático, una evaluación de la comisión permanente sobre financiación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático calcula que la cifra necesaria es seis billones de dólares (y hay otras estimaciones considerablemente mayores). En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la primera ministra de Barbados (uno de los países más vulnerables) Mia Amor Mottley propuso un incremento anual de los DEG por 500 000 millones de dólares durante veinte años para financiar medidas de resiliencia y sostenibilidad.
Es necesario que los accionistas del FMI y sus partes interesadas reconsideren el diseño del FRS. Su éxito depende de que incluya a todos los países en desarrollo vulnerables al clima, cualquiera sea su nivel de ingresos. Debe proveer financiación a bajo costo que no vuelva insostenibles las deudas de los países miembros y no esté atada a programas preexistentes del FMI sujetos a pesadas condicionalidades. Debe estar bajo la dirección de partes interesadas clave en los organismos de financiación del desarrollo. Y su volumen se tiene que adaptar con el correr del tiempo.
El FMI debe introducir los cambios necesarios a su propuesta de FRS; si no puede hacerlo, los países acreedores deben abstenerse de capitalizarlo.
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The US retirement system is failing American workers. But after decades of pushing fake fixes – especially forcing people to work longer – US policymakers have an opportunity to make real progress in bolstering Americans' economic security in old age.
proposes a Grey New Deal that would boost economic security for all US workers in old age.
From a long list of criminal indictments to unfavorable voter demographics, there is plenty standing between presumptive GOP nominee Donald Trump and a second term in the White House. But a Trump victory in the November election remains a distinct possibility – and a cause for serious economic concern.
Contrary to what former US President Donald Trump would have the American public believe, no president enjoys absolute immunity from criminal prosecution. To suggest otherwise is to reject a bedrock principle of American democracy: the president is not a monarch.
explains why the US Supreme Court must reject the former president's claim to immunity from prosecution.
MANILA/SANTIAGO – El Fondo Monetario Internacional parece decidido a diluir uno de los mejores ejemplos de cooperación global en la respuesta a las disrupciones económicas causadas por la pandemia de COVID‑19 y el cambio climático. Debe cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde.
La asignación de 650 000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del FMI) que tuvo lugar en agosto se venía pidiendo hace mucho tiempo, y fue muy bien recibida. Desde un principio estaba claro que dadas las estrictas reglas del FMI, la inmensa mayoría de los DEG se iba a destinar a países que no los necesitaban. Por eso los líderes del G7 se comprometieron a redirigir hasta cien mil millones de dólares de sus asignaciones hacia los «países más necesitados de [apoyo para enfrentar] la pandemia, estabilizar sus economías, y llevar adelante una recuperación verde y global […] alineada con los objetivos de desarrollo y climáticos compartidos».
Estas acciones parecen pequeñas en comparación con los 17 billones de dólares que gastaron los países ricos para sostener sus economías durante la pandemia, pero son significativas. En octubre, sólo dos meses después de la asignación, el G20 respaldó un plan del FMI y del Banco Mundial para diseñar e implementar un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, a través del cual los países ricos puedan canalizar sus DEG a países de ingresos bajos y medios vulnerables a shocks económicos. Como esta herramienta se podría usar para hacer frente a riesgos relacionados con el cambio climático, resolvería una falencia evidente en el sistema de financiación internacional. El FMI anunció que tendría lista una propuesta para su reunión de abril de 2022.
Pero ¿será suficiente?
Fenómenos meteorológicos extremos (por ejemplo inundaciones y huracanes) pueden provocar inestabilidad financiera en países vulnerables, al eliminar stocks de capital y fuentes de divisas extranjeras. Y la disminución de la demanda de gas y petróleo para cumplir los objetivos climáticos genera incertidumbre fiscal en los países dependientes de la exportación de combustibles fósiles. En ambos casos, los intercambios comerciales pueden verse afectados, y será necesaria una transformación estructural de la economía. Pero muchos países de ingresos bajos y medios no tienen acceso a fuentes de financiación flexibles y con una relación costo/beneficio adecuada que les permitan llevarla adelante.
Un buen diseño del FRS demanda una mayor adaptabilidad de los criterios que usa el FMI para la asignación de recursos y para la selección de los países destinatarios. Por desgracia, la propuesta del FMI contiene cinco errores de diseño que la vuelven ineficaz para la mayoría de los países vulnerables al clima.
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El primer defecto tiene que ver con los criterios de selección. Los programas del FMI están supeditados al nivel de ingresos, pero el cambio climático no hace esas distinciones. El G20 pidió explícitamente un FRS que tuviera en cuenta a los países de ingresos bajos y de ingresos medios vulnerables al clima, pero el FMI adoptó una interpretación estrecha que excluye a los países de ingresos medios por encima de cierto umbral.
Los indicadores de ingresos tradicionales no son un buen criterio de selección. El FMI debe adaptarse a las circunstancias reales y tener en cuenta la vulnerabilidad climática. No debería ser motivo de controversia la incorporación de indicadores sencillos como la susceptibilidad a riesgos climáticos de naturaleza física (inundaciones, sequías, huracanes, etc.) o factores económicos como la participación de los combustibles fósiles en el ingreso total de divisas.
El segundo problema tiene que ver con las condiciones y la accesibilidad de los fondos. Los países en desarrollo no tienen margen de maniobra fiscal para movilizar recursos internos que les permitan hacer los cambios estructurales que necesitan sus economías. Muchos también carecen de acceso a recursos externos en condiciones financieras razonables. Pero según la propuesta del FMI, los usuarios del FRS tendrían que pagar el tipo de interés de los DEG (que hoy es cinco puntos básicos y va en aumento) más un margen de hasta cien puntos básicos. No son tasas muy diferentes de lo que les está cobrando el Fondo a países de ingresos medios. Más problemático todavía es el límite de acceso, que sería un 100% de la cuota, o menos que el equivalente en DEG de mil millones de dólares. Con estas reglas, el programa sólo ayudará a resolver las necesidades financieras de los países más pequeños.
El tercer defecto es la insistencia del FMI en la condicionalidad. El Fondo ve el FRS como un esquema agregado a sus programas preexistentes, y esto es muy preocupante. Según investigaciones del mismo FMI, sus mecanismos de crédito actuales tienen mala fama por los altos niveles de condicionalidad y el pobre desempeño que muestran en materia de recuperación económica y otros indicadores sociales. Se suponía que el FRS iba a ser un nuevo instrumento para reconocer y canalizar recursos a los países más vulnerables al cambio climático. Pero la propuesta del FMI es lo mismo de siempre en otra forma.
[Chart 1]
Los gráficos 1 y 2 muestran que los países vulnerables al clima no pidieron ayuda del FMI ni siquiera durante la pandemia, cuando el uso de los mecanismos del Fondo estuvo en niveles máximos. Sumar un pequeño programa adicional por el mismo precio y con el mismo nivel de condicionalidad supone en esencia inmovilizar fondos que son muy necesarios para financiar medidas de resiliencia climática.
[Chart 2]
El cuarto defecto es que el FRS estará bajo la dirección del FMI, que apenas está empezando a diseñar una estrategia para el cambio climático. Los bancos multilaterales y regionales de desarrollo también son tenedores autorizados de DEG, y tienen una perspectiva a más largo plazo y mejor historial en materia de política climática. Tienen que ser parte de la estructura de gobernanza del FRS.
El último problema es de escala. La directora gerente del FMI Kristalina Georgieva dijo que el FRS tendrá un presupuesto inicial de unos 30 000 millones de dólares que luego se aumentarán a 50 000 millones. Dejando a un lado el hecho de que el FRS no puede ser sustituto de la financiación que se necesita para enfrentar los efectos cada vez más intensos del cambio climático, una evaluación de la comisión permanente sobre financiación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático calcula que la cifra necesaria es seis billones de dólares (y hay otras estimaciones considerablemente mayores). En la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la primera ministra de Barbados (uno de los países más vulnerables) Mia Amor Mottley propuso un incremento anual de los DEG por 500 000 millones de dólares durante veinte años para financiar medidas de resiliencia y sostenibilidad.
Es necesario que los accionistas del FMI y sus partes interesadas reconsideren el diseño del FRS. Su éxito depende de que incluya a todos los países en desarrollo vulnerables al clima, cualquiera sea su nivel de ingresos. Debe proveer financiación a bajo costo que no vuelva insostenibles las deudas de los países miembros y no esté atada a programas preexistentes del FMI sujetos a pesadas condicionalidades. Debe estar bajo la dirección de partes interesadas clave en los organismos de financiación del desarrollo. Y su volumen se tiene que adaptar con el correr del tiempo.
El FMI debe introducir los cambios necesarios a su propuesta de FRS; si no puede hacerlo, los países acreedores deben abstenerse de capitalizarlo.
Los autores son integrantes del Grupo de Trabajo sobre Clima, Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.