Medical students give a check-up to a Jamaican migrant worker  Spencer Platt/Getty Images

Los costes sanitarios de la reforma tributaria

NUEVA YORK – La reforma tributaria integral promulgada por el Presidente estadounidense Donald Trump el 22 de diciembre de 2017 se puede haber presentado como un regalo navideño temprano, pero para los millones de estadounidenses cuyos índices de salud empeorarán como consecuencia, esta ley parece más bien un costoso elefante blanco.

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La Ley de Empleos y Recortes de Impuestos (Tax Cuts and Jobs Act) de Estados Unidos apunta a la atención de salud de tres maneras importantes. Primero, elimina el mandato individual que establecía la Ley de Atención Asequible de 2010 (Obamacare), que impone una penalización tributaria a quienes no poseen seguro de salud. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), esta medida por sí sola reducirá la cantidad de estadounidenses con seguros en cerca de 13 millones a lo largo de la próxima década y elevará el promedio de las primas de seguros de salud en cerca de un 10%. Más aún, la eliminación del mandato individual podría significar una disrupción en los mercados de seguros de salud, porque habrá menos personas jóvenes y sanas que lo adquieran.

Segundo, la CBO estima que la ley hará que el déficit se profundice en $1,45 billones a lo largo de la próxima década, lo que podría generar recortes de programas de atención de salud para los adultos mayores, los pobres y las personas con discapacidades, como Medicare y Medicaid. Ya son programas que requieren algunas de las partidas presupuestarias más importantes del gobierno, representando $1 billón en 2016 (un 26% del presupuesto general). Los más vulnerables se verán afectados desproporcionadamente por cualquier recorte en el nombre de la reducción del déficit.

En tercer lugar, la ley tributaria reducirá el gasto de salud de los consumidores y afectará negativamente los índices sanitarios en los pobres y las poblaciones en riesgo. Si bien la ley se presentó como un “recorte” tributario, en realidad reducirá los ingresos después de impuestos de cerca de un 53% de los estadounidenses, mientras eleva los ingresos del 5% más pudiente.

Según el Comité Conjunto sobre Tributación, entidad independiente que evalúa las propuestas tributarias ante el Congreso, la declaración tributaria anual de los estadounidenses que ganan más de $1 millón al año se reducirá en promedio unos $12 865 a lo largo de la próxima década. Sin embargo, durante este periodo la carga tributaria aumentará para los estadounidenses más pobres. Quienes ganen menos de $10 000 al año estarán sujetos a un aumento promedio de $152, mientras quienes perciban entre $10 000 y $20 000 al año se verán ante un aumento anual promedio de $2 563.

Los ingresos tienen un inmenso impacto sobre los índices de salud. Un estudio de 2016 publicado en la revista Journal of the American Medical Association determinó que los hombres estadounidenses con una renta perteneciente al 1% superior viven 15 años más que el 1% de los más pobres; en el caso de las mujeres, la brecha es de diez años. La ley tributaria podría empeorar los ingresos de los estadounidenses de ingresos bajos y medios, muchos de los cuales ya viven vidas más breves, en cierta medida debido a la crisis de los opioides que asola a gran parte del país. Por ejemplo, en 2016 la esperanza de vida cayó por segundo año consecutivo, en 0,1 años, hasta quedar en 78,6.

Puesto que los pobres, los desempleados y quienes no están cubiertos por seguros sufren desproporcionadamente del abuso y la adicción a los opiáceos, es probable que esta ley ponga más en riesgo su salud. Cabe la posibilidad de que los menores ingresos y los mayores déficits mercados de seguros de salud se traduzcan en mercados de seguros de salud menos estables y recortes a Medicaid, que reembolsa recetas para naloxona, medicamento utilizado para revertir las sobredosis de opioides.

La evidencia de dos de los estados más afectados por la epidemia de opioides es convincente. El año pasado, investigadores de la Universidad de Harvard determinaron que en Massachusetts, que ha ampliado en los últimos años su cobertura de Medicaid, se evitaron 868 muertes relacionadas con opioides en 2016, mientras que en Tennessee, que no lo hizo, solo se evitaron 11 muertes. Los investigadores concluyeron que “la ampliación de Medicaid ayudó a que más legos dispusieran de un mayor poder de compra, con lo que se amplió el uso de naloxona y se salvaron vidas”.

Cada una de las injusticias de la ley (menos estadounidenses con cobertura de salud, programas públicos recortados, menos ingresos para los pobres, menos acceso a tratamientos para abuso de sustancias) es inequívocamente perjudicial para los resultados de salud. En su conjunto afectarán negativamente la productividad de los trabajadores, con consecuencias para el crecimiento económico general.

Hay quienes argumentan que la predicción inicial del CBO sobre el impacto de revocar el mandato individual fue excesivamente pesimista y que muchos estadounidenses adquirirán un seguro incluso si no hay una penalización. Y, por cierto, no existen garantías de que se recorte el gasto en Medicare y Medicaid, puesto de la ampliación de esta bajo la Obamacare ha dado al programa incluso más popularidad entre sus beneficiarios.

Pero incluso si estos dos supuestos resultan infundados, el bienestar de los estadounidenses seguirá amenazado por las consecuencias no intencionadas de la nueva ley, que pasó a toda velocidad por el Congreso y se promulgó sin ningún debate significativo sobre sus efectos potenciales en la atención de salud. Los legisladores deberán prestar más atención a sus efectos. De lo contrario, podría costar a los estadounidenses algo más valioso que su dinero: su salud.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

http://prosyn.org/m3o8UjH/es;

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