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La universidad de la UE en el exilio

BUDAPEST/VIENA – El 15 de noviembre, la Universidad Centroeuropea (CEU) inauguró oficialmente su nuevo campus en Viena (Austria), tras su arbitraria expulsión de Hungría. Ese mismo día, el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán abrió otro gran estadio deportivo en Budapest.

Previsiblemente, los medios húngaros controlados por el gobierno centraron su atención en el segundo acontecimiento y no hablaron de la partida de la CEU, la universidad húngara mejor calificada en Europa y el mundo. Pero la dirigencia de la Unión Europea también se quedó mayoritariamente en silencio (un silencio que ensordece y desalienta), el día de la apertura de la primera “universidad en el exilio” de la UE en la capital de un estado miembro vecino.

En cambio, el alcalde de Viena, Michael Ludwig, resaltó la importancia de la ocasión. “Hace dos años, fuimos testigos de algo que yo creía inimaginable, y que de hecho no debería tener lugar en una Europa unida. A una institución académica se le dijo que ya no era bienvenida en la capital de una nación”. Pero en el resto de la UE, las palabras de Ludwig no hallaron mucho eco.

Es verdad que casi todos los actores políticos clave de la UE han expresado solidaridad con la CEU en uno u otro momento. En un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo en Bruselas en abril de 2017, el presidente y rector de la CEU Michael Ignatieff pudo decir: “Tengo apoyo en Washington. Tengo apoyo en Berlín, tengo apoyo en Budapest (…) Conseguí apoyo en Múnich. Ya es hora de conseguir algo de apoyo en Bruselas”.

Y algún respaldo consiguió, al menos al principio. En diciembre de 2017, la Comisión Europea demandó a Hungría ante el Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) por la así llamada “ley CEU” del gobierno húngaro, cuyo objetivo según la universidad era obligarla a abandonar el país. Como informóThe Guardian en aquel momento, “Bruselas intensifica su lucha para la protección de los valores democráticos en Europa central”.

Luego, en marzo de 2019, el Partido Popular Europeo (PPE), la mayor agrupación política en el Parlamento Europeo, suspendió la membresía de Fidesz, el partido de Orbán. Es verdad que la decisión obedeció ante todo a la campaña de noticias falsas que emprendió Fidesz contra el presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, más que a sus ataques a la libertad académica. Pero el PPE también exigió al gobierno de Orbán aclarar “las cuestiones legales pendientes relacionadas con la Universidad Centroeuropea”.

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Sin embargo, el gobierno húngaro finalmente no “aclaró” la posición de la CEU dentro del sistema legal del país. Peor aún, al forzar la salida de la universidad, Orbán sentó un precedente para otros líderes de la UE de ideas similares. Es elocuente que cinco días después de la inauguración del campus vienés de la CEU, Hungría y Polonia hayan vetado una resolución de la UE para que la Comisión publique un informe anual sobre la situación del Estado de derecho en cada uno de los países de la UE.

La expulsión de la CEU de Hungría pone de manifiesto dos realidades de la UE. En primer lugar, pese al catastrófico intento del Partido Conservador británico de reclamarle a la UE “soberanía” a través del Brexit, y a la derrota de partidos “soberanistas” más moderados en la elección de mayo para el Parlamento Europeo, los gobiernos de Polonia y Hungría todavía hacen ondear la bandera populista‑soberanista. No les importan las libertades económicas cuya defensa preocupa a la Comisión y al TEJ, sino más bien la libertad de los gobiernos de los estados miembros de la UE para violar las reglas del bloque a voluntad.

De hecho, el acoso del gobierno de Orbán a la CEU es sólo uno de sus muchos ataques a las libertades y derechos políticos de la ciudadanía húngara. De modo que la incapacidad de las instituciones de la UE para detener el asalto de Orbán a la independencia judicial y a la libertad académica y de prensa revela un desequilibrio institucional fundamental dentro del bloque.

La UE puede sancionar a los estados miembros por limitar las libertades económicas, y también tiene más poderes para imponer políticas financieras y económicas a los gobiernos nacionales que el que tiene el gobierno federal de los Estados Unidos respecto de los cincuenta estados. Por ejemplo, la UE tiene capacidad para limitar el margen para la toma de decisiones democráticas sobre asuntos presupuestarios en el nivel nacional y para restringir el derecho de huelga.

Pero la UE tiene mucho menos poder para defender los derechos no económicos de la ciudadanía del bloque. El jurista Dimitry Kochenov sostiene que la “democracia” de la UE, tan elogiada en textos jurídicos, “se presenta como una fachada bastante endeble para algo distinto, proteger al mercado de los ciudadanos, en vez de lo contrario”.

En segundo lugar, lo sucedido a la CEU, junto con otras violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno húngaro, resalta la falta de voluntad de la dirigencia política europea para poner freno a autócratas del estilo de Orbán. Puede que los miembros del PPE desprecien a Orbán y su revitalización de una idea de soberanía propia de la era soviética; pero como sostiene R. Daniel Kelemen (Rutgers), lo que ganan con los votos que aporta Orbán a su coalición supera con creces el posible costo reputacional de apoyarlo.

Además, la firme defensa que hace Orbán de la negociación a puertas cerradas entre gobiernos nacionales como modo dominante para la toma de decisiones en la UE sirve a los intereses de las fuerzas más conservadoras del bloque. Orbán teme que una transición hacia un modelo europeo federal (mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de la legitimidad y de los poderes del Parlamento Europeo) pueda alentar demandas de que el bloque proteja una variedad más amplia de derechos de la ciudadanía europea, lo que privaría a su régimen de las defensas que tiene en el nivel de la UE.

Para los conservadores europeos, que en su mayoría se agrupan en el PPE, cualquier cambio en dirección del federalismo político puede ser el primer paso hacia una “unión de transferencias”. Temen que los estados miembros de la UE, que ya comparten la soberanía en asuntos económicos, también deban compartir los riesgos que supone el mantenimiento de un mercado europeo de 500 millones de personas. Los ataques de Orbán a “Bruselas” podrán ser un incordio, pero su hostilidad a los “Estados Unidos de Europa” ayuda a revitalizar la causa soberanista y fortificar la posición dominante de los conservadores europeos.

La salida forzada de la CEU de Hungría es un episodio triste y peligroso. Y no será el último, a menos que la UE empiece a hacer frente a autócratas como Orbán y a proteger mejor los derechos civiles.

Traducción: Esteban Flamini

https://prosyn.org/UfRBwLres;

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