BOSTON – Desde hace un tiempo, el menosprecio de la industria del tabaco por las vidas de la gente, el derecho internacional y la soberanía nacional está en el candelero. Investigaciones realizadas por entidades de la talla de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el diario Guardian revelaron pruebas innegables de lo que la comunidad de la salud pública sabe hace décadas: que las grandes tabacaleras, en su búsqueda incesante de ganancias, hacen todo lo posible por subvertir, bloquear y debilitar los mecanismos de protección de la salud pública.
Como muestran las investigaciones, corporaciones como Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) apelan constantemente a tácticas encubiertas, hostigamiento declarado y actividades ilícitas para impedir avances en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), instituido en 2003. Ahora, la SFO, una oficina del Reino Unido a cargo de la investigación de fraudes complejos, confirmó que investiga a la BAT en relación con una conspiración de sobornos en África central y oriental.
Es un comienzo. Pero dado el conflicto básico que hay entre los intereses de la industria del tabaco y los objetivos de salud pública, los profesionales de la salud y los gobiernos de todo el mundo deben hacer más por impedir que las grandes tabacaleras interfieran con la política oficial; en la práctica, esto supone alzar una barrera infranqueable, en los niveles nacional e internacional, que impida a la industria influir en la definición de políticas para el sector.
BOSTON – Desde hace un tiempo, el menosprecio de la industria del tabaco por las vidas de la gente, el derecho internacional y la soberanía nacional está en el candelero. Investigaciones realizadas por entidades de la talla de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el diario Guardian revelaron pruebas innegables de lo que la comunidad de la salud pública sabe hace décadas: que las grandes tabacaleras, en su búsqueda incesante de ganancias, hacen todo lo posible por subvertir, bloquear y debilitar los mecanismos de protección de la salud pública.
Como muestran las investigaciones, corporaciones como Philip Morris International (PMI) y British American Tobacco (BAT) apelan constantemente a tácticas encubiertas, hostigamiento declarado y actividades ilícitas para impedir avances en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), instituido en 2003. Ahora, la SFO, una oficina del Reino Unido a cargo de la investigación de fraudes complejos, confirmó que investiga a la BAT en relación con una conspiración de sobornos en África central y oriental.
Es un comienzo. Pero dado el conflicto básico que hay entre los intereses de la industria del tabaco y los objetivos de salud pública, los profesionales de la salud y los gobiernos de todo el mundo deben hacer más por impedir que las grandes tabacaleras interfieran con la política oficial; en la práctica, esto supone alzar una barrera infranqueable, en los niveles nacional e internacional, que impida a la industria influir en la definición de políticas para el sector.