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¿Deben los acreedores pagar el precio de los bonos dudosos?

DURHAM/GINEBRA/CHAPEL HILL – Es probable que a fines de octubre Venezuela caiga en el impago de $913 millones de un bono clave. Puesto que el país ya ha dejado sin pagar una gran parte de su deuda, uno podría tener la tentación de restar importancia otro impago más. Pero este bono, emitido por la petrolera nacional Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y denominado PDVSA 2020, tiene el respaldo de una jugosa garantía: una participación de control de la joya de la corona económica de Venezuela, la refinería CITGO, situada en territorio estadounidense.

Por lo general, los tenedores de bonos impagos podrían ordenar al fideicomisario de los mismos que se apropie de la garantía. Sin embargo, dado su origen dudoso, el PDVSA 2020 no es un bono común. Se emitió en 2016, cuando PDVSA estaba cerca del impago. Para ganar tiempo, la compañía cambió bonos de corto plazo por este otro de plazo mayor. A cambio de ello, los acreedores recibieron una garantía en la forma de un interés del 50,1 % en la compañía matriz de CITGO.

Esta fue una transacción inusual en al menos un aspecto. La Constitución venezolana exige que la Asamblea Nacional apruebe los contratos que comprometan el interés nacional. Pero la legislatura controlada por la oposición no aprobó esta emisión, que se vio como una maniobra del gobierno del Presidente Nicolás Maduro para ganar tiempo.

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