Es hora de que los políticos de Europa admitan ante los votantes que los gobiernos no pueden impedir que la gente cruce las fronteras. A pesar de los esfuerzos por construir una Fortaleza Europa, más de un millón de extranjeros evaden sus defensas cada año; algunos entran de manera encubierta, pero la mayoría simplemente se queda más tiempo del permitido por sus visas y trabaja ilícitamente. Aunque Europa se convirtiera en un Estado policial, los inmigrantes llegarían a destino: los documentos se pueden falsificar o robar, las visas se pueden dejar vencer, la gente se puede contrabandear, los funcionarios se pueden sobornar. Si bien las políticas draconianas pueden frenar de alguna manera la migración, básicamente la propician clandestinamente.
Eso crea enormes costos. Además de una crisis humanitaria, con miles de personas que se ahogan cada año intentando llegar a Europa y otras miles que resultan detenidas, existe el creciente costo de los controles fronterizos y la burocracia, una industria de contrabando de personas penalizada y una creciente economía sombra, donde los inmigrantes ilegales son vulnerables a la explotación, donde se quiebran las leyes laborales y donde no se pagan los impuestos. Por otra parte, existe la creciente desconfianza en los políticos que no pueden cumplir con las promesas para frenar la inmigración, sumado a las percepciones de que los inmigrantes son infractores más que personas emprendedoras y al maltrato de los refugiados destinado a disuadir a la gente que quiere trabajar de no solicitar asilo.
Estos problemas no se deben a los inmigrantes, sino a nuestros controles inmigratorios, que no sólo son costosos y crueles, sino también inefectivos y contraproducentes. Lejos de protegernos, socavan la ley y el orden, de la misma manera que la Prohibición le hizo más daño a Estados Unidos de lo que le ha hecho alguna vez la bebida. Con certeza, los gobiernos pragmáticos más bien deberían legalizar y regular la inmigración.
Es hora de que los políticos de Europa admitan ante los votantes que los gobiernos no pueden impedir que la gente cruce las fronteras. A pesar de los esfuerzos por construir una Fortaleza Europa, más de un millón de extranjeros evaden sus defensas cada año; algunos entran de manera encubierta, pero la mayoría simplemente se queda más tiempo del permitido por sus visas y trabaja ilícitamente. Aunque Europa se convirtiera en un Estado policial, los inmigrantes llegarían a destino: los documentos se pueden falsificar o robar, las visas se pueden dejar vencer, la gente se puede contrabandear, los funcionarios se pueden sobornar. Si bien las políticas draconianas pueden frenar de alguna manera la migración, básicamente la propician clandestinamente.
Eso crea enormes costos. Además de una crisis humanitaria, con miles de personas que se ahogan cada año intentando llegar a Europa y otras miles que resultan detenidas, existe el creciente costo de los controles fronterizos y la burocracia, una industria de contrabando de personas penalizada y una creciente economía sombra, donde los inmigrantes ilegales son vulnerables a la explotación, donde se quiebran las leyes laborales y donde no se pagan los impuestos. Por otra parte, existe la creciente desconfianza en los políticos que no pueden cumplir con las promesas para frenar la inmigración, sumado a las percepciones de que los inmigrantes son infractores más que personas emprendedoras y al maltrato de los refugiados destinado a disuadir a la gente que quiere trabajar de no solicitar asilo.
Estos problemas no se deben a los inmigrantes, sino a nuestros controles inmigratorios, que no sólo son costosos y crueles, sino también inefectivos y contraproducentes. Lejos de protegernos, socavan la ley y el orden, de la misma manera que la Prohibición le hizo más daño a Estados Unidos de lo que le ha hecho alguna vez la bebida. Con certeza, los gobiernos pragmáticos más bien deberían legalizar y regular la inmigración.