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Salvar a Siria en el Consejo de Seguridad

NUEVA YORK – El derramamiento de sangre actual en Siria no sólo es con mucha diferencia el mayor desastre en materia de asuntos humanitarios hasta ahora, sino también uno de sus más graves riesgos geopolíticos y la actitud actual de los Estados Unidos –una guerra en dos frentes contra el Estado Islámico y el régimen del Presidente Bashar Al Asad– ha fracasado muy lamentablemente. La solución para la crisis de Siria, incluida la crisis de los refugiados en aumento en Europa, debe hacerse por mediación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Las raíces de la estrategia de los Estados Unidos en Siria estriban en una extraña –y fallida– unión de dos veneros de la política exterior americana. Uno comprende el sistema de seguridad de los EE.UU., incluido el Ejército, los organismos encargados de los servicios de inteligencia y sus fervorosos partidarios en el Congreso. El otro surge de la comunidad de los derechos humanos. Su peculiar fusión ha sido evidente en muchas guerras recientes de los EE.UU. en Oriente Medio y en África. Lamentablemente, los resultados han sido constantemente devastadores.

El sistema de seguridad se basa en la dependencia –ya de antiguo– por parte de las autoridades de los EE.UU. de la fuerza militar y las operaciones encubiertas para derribar regímenes considerados perjudiciales para los intereses americanos. Desde 1953, el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh en el Irán y el “otro 11 de septiembre” (el golpe militar, respaldado por los EE.UU., en 1973 contra el Presidente Salvador Allende, democráticamente elegido) hasta los casos del Afganistán, el Iraq, Libia y ahora Siria, el cambio de regímenes ha sido desde hace mucho algo aceptado en el sistema de seguridad de los EE.UU.

Al mismo tiempo, algunos sectores de la comunidad de los derechos humanos han respaldado recientes intervenciones del Ejército de los EE.UU. basándose en el  “deber de proteger”. Esa doctrina, aprobada unánimemente por la Asamblea General de las NN.UU. en 2005, sostiene que la comunidad internacional está obligada a intervenir para proteger a la población civil sometida a un ataque en masa por su propio Gobierno. Ante la brutalidad de Sadam Husein, Muanmar El Gadafi y Asad, algunos defensores de los derechos humanos hicieron causa común con la clase dirigente de la seguridad de los EE.UU.,  mientras que China, Rusia y otros han sostenido que el “deber de proteger” ha pasado a ser un pretexto para el cambio de regímenes por parte de los EE.UU.