BERKELEY – Mientras Texas desfallece bajo una ola de calor inédita, su gobernador ha promulgado una nueva ley de «prelación normativa» (preemption) que impedirá a ciudades como Houston y Dallas fijar normas para los lugares de trabajo locales (por ejemplo, que las personas que trabajan al aire libre tengan pausas garantizadas para beber agua). La «Ley de Coherencia Regulatoria» de Texas señala ocho grandes áreas en las que los gobiernos municipales tendrán prohibido aplicar políticas que trasciendan la legislación estatal (y anula las leyes de nivel local que ya lo hacen). Las ciudades cuyas políticas difieran de las del estado se exponen a pleitos y al pago de indemnizaciones.
Esto implica que los intereses de los votantes en las ciudades de tendencia demócrata del estado están siendo pisoteados por los dirigentes republicanos de nivel estatal y por las empresas que los apoyan. Para colmo, la nueva ley texana no es más que la última en una serie de medidas de los estados que buscan anular la autoridad de los gobiernos locales y la voluntad de sus votantes.
El objetivo aquí es doble: eliminar leyes concretas y destruir la capacidad de los gobiernos locales para regular en áreas que tradicionalmente son parte de sus competencias. En todo el país se está usando el concepto de prelación para imponer una ideología desregulatoria en ciudades de tendencia progresista: la cantidad de esos proyectos creció de 140 en 2017 a más de mil en 2022 (este año ya alcanzaron los 650).
BERKELEY – Mientras Texas desfallece bajo una ola de calor inédita, su gobernador ha promulgado una nueva ley de «prelación normativa» (preemption) que impedirá a ciudades como Houston y Dallas fijar normas para los lugares de trabajo locales (por ejemplo, que las personas que trabajan al aire libre tengan pausas garantizadas para beber agua). La «Ley de Coherencia Regulatoria» de Texas señala ocho grandes áreas en las que los gobiernos municipales tendrán prohibido aplicar políticas que trasciendan la legislación estatal (y anula las leyes de nivel local que ya lo hacen). Las ciudades cuyas políticas difieran de las del estado se exponen a pleitos y al pago de indemnizaciones.
Esto implica que los intereses de los votantes en las ciudades de tendencia demócrata del estado están siendo pisoteados por los dirigentes republicanos de nivel estatal y por las empresas que los apoyan. Para colmo, la nueva ley texana no es más que la última en una serie de medidas de los estados que buscan anular la autoridad de los gobiernos locales y la voluntad de sus votantes.
El objetivo aquí es doble: eliminar leyes concretas y destruir la capacidad de los gobiernos locales para regular en áreas que tradicionalmente son parte de sus competencias. En todo el país se está usando el concepto de prelación para imponer una ideología desregulatoria en ciudades de tendencia progresista: la cantidad de esos proyectos creció de 140 en 2017 a más de mil en 2022 (este año ya alcanzaron los 650).