CARACAS – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su gobierno han arruinado a su país. Si bien dicen ser redentores de los pobres y proclaman su voluntad para luchar por su "abnegada" causa bolivariana, rechazan la asistencia internacional, obligando a los venezolanos a sufrir o a emigrar (y, en muchos casos, a morir) como consecuencia de una enorme escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos.
Urge ponerle un freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer su viabilidad como estado y sociedad. Eso exige un nuevo gobierno de legitimidad incuestionable, elegido en elecciones presidenciales libres y justas antes de que termine este año, según lo fija la constitución. Sin duda, Maduro y sus socios no dimitirán así como así, ya que perder el poder probablemente significaría largos períodos en prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas o en La Haya por delitos de lesa humanidad. Estas acusaciones han sido corroboradas por fiscales estadounidenses, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus expertos independientes, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Visiblemente, el régimen se ha vuelto aún más desafiante y agresivo. Ha interrumpido todos los "diálogos" para alcanzar la paz en Venezuela, inclusive en mayo cuando -en medio de conversaciones con la oposición- las autoridades llevaron a cabo una elección presidencial espuria. Más del 70% del electorado boicoteó la votación fraudulenta, haciendo caso a los reclamos de la oposición venezolana y de prácticamente todos los gobiernos democráticos del mundo. La elección inocultablemente amañada le dio la victoria a Maduro, quien ahora se proclama autorizado a ejercer un segundo mandato de seis años, que termina en 2025.
CARACAS – El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su gobierno han arruinado a su país. Si bien dicen ser redentores de los pobres y proclaman su voluntad para luchar por su "abnegada" causa bolivariana, rechazan la asistencia internacional, obligando a los venezolanos a sufrir o a emigrar (y, en muchos casos, a morir) como consecuencia de una enorme escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos.
Urge ponerle un freno a la destrucción de Venezuela si se pretende restablecer su viabilidad como estado y sociedad. Eso exige un nuevo gobierno de legitimidad incuestionable, elegido en elecciones presidenciales libres y justas antes de que termine este año, según lo fija la constitución. Sin duda, Maduro y sus socios no dimitirán así como así, ya que perder el poder probablemente significaría largos períodos en prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas o en La Haya por delitos de lesa humanidad. Estas acusaciones han sido corroboradas por fiscales estadounidenses, la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus expertos independientes, y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Visiblemente, el régimen se ha vuelto aún más desafiante y agresivo. Ha interrumpido todos los "diálogos" para alcanzar la paz en Venezuela, inclusive en mayo cuando -en medio de conversaciones con la oposición- las autoridades llevaron a cabo una elección presidencial espuria. Más del 70% del electorado boicoteó la votación fraudulenta, haciendo caso a los reclamos de la oposición venezolana y de prácticamente todos los gobiernos democráticos del mundo. La elección inocultablemente amañada le dio la victoria a Maduro, quien ahora se proclama autorizado a ejercer un segundo mandato de seis años, que termina en 2025.