En defensa de la política industrial

MILÁN – La política industrial siempre ha sido una dimensión controvertida de las estrategias de crecimiento y desarrollo en las economías emergentes. Ahora, la aprobación de la Ley de CHIPS y Ciencia y la (mal denominada) Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos ha vuelto a encender la llama de un debate similar en las economías avanzadas. Por desgracia, es un debate que a menudo genera más calor que luz.

El objetivo de las políticas industriales es modificar los resultados de la actuación del mercado para ponerlos en concordancia con los objetivos económicos y sociales generales de un país. Aunque esto les ponga los pelos de punta a los puristas del libre mercado, en el mundo real hay muchas intervenciones estatales relativamente indiscutidas (e incluso muy apoyadas) que actúan sobre los resultados del mercado.

Por ejemplo, la inversión pública en infraestructura, educación y en la base científica y tecnológica de la economía se considera un complemento esencial de la inversión privada, que mitiga riesgos, aumenta las rentabilidades y mejora el desempeño económico general. Otras intervenciones generalmente aceptadas que buscan modificar los resultados del mercado incluyen las políticas de defensa de la competencia, las medidas contra faltantes y asimetrías de información y las regulaciones para la solución de externalidades negativas, la protección de datos de los usuarios y la seguridad de un sinfín de cosas (desde los aviones a los alimentos).