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Un retroceso en la protección de los derechos humanos

NUEVA YORK – El mundo se ha sumergido en un periodo de brutalidad y quienes cometen actos violentos quedan impunes. Siria se enfrenta a incontables muertes de civiles mientras que un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dividido permanece al margen. El sufrimiento de Gaza continua y aquellos que podrían apaciguarlo solo expresan su preocupación. Irak se consume y el final parece no llegar. En Sudán Meridional y República Centroafricana aumentan las atrocidades, a las que además se suma una epidemia de violencia sexual. Incluso Europa tampoco se salva: una aeronave civil fue derribada en el contexto del conflicto en Ucrania oriental, y se impidió a las autoridades investigar sobre el suceso.

Después de veinticinco años de la caída del Muro de Berlín, y a más de una década de la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), resulta increíble lo poco que se ha hecho para frenar estos abusos, y las perspectivas de que algún día se haga justicia a las víctimas, o que los perpetradores lleguen a pagar sus crímenes, parecen cada vez más y más remotas.

Durante muchos años el mundo parecía avanzar hacia un mayor reconocimiento de los derechos humanos y demandas de hacer justicia. A medida que emergieron democracias en América Latina y Europa central y oriental en los años ochentas y noventa, estos asuntos cobraron una importancia creciente. Aunque las guerras, los conflictos y las atrocidades continuaron, las potencias mundiales trataron, y algunas veces lograron –aunque tarde y de forma caótica– frenar las matanzas.

Asimismo, la comunidad internacional creó estructuras de justicia para abordar las consecuencias de la violencia, acción inimaginable durante la Guerra fría. Se crearon nuevos tribunales híbridos internacionales respaldados por las Naciones Unidas para hacer rendir cuentas a los perpetradores de atrocidades en los Balcanes, Ruanda, Sierra Leona y Camboya. La CPI con jurisdicción para tratar atrocidades en 122 países miembros, se estableció para llevar casos llevados ante ella por terceros países o por el Consejo de Seguridad (aunque tres miembros permanentes –Estados Unidos, Rusia y China– no han ratificado o no se han adherido al Estatuto de Roma, que pone a las partes bajo la jurisdicción de la CPI).