PARIS – En abril, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se rindió a la policía para comenzar a cumplir una sentencia de prisión de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue el último de una serie de arrestos y procesamientos de líderes políticos y económicos latinoamericanos, una tendencia que comenzó hace cuatro años, con el estallido del escándalo de sobornos del grupo brasileño Odebrecht. Pero si bien se necesita con urgencia una acción contra la corrupción, el enfoque cada vez más politizado de estos procedimientos está colocando a toda la región en una pendiente resbaladiza.
Con los gobiernos y las legislaturas de América Latina enfrentando una profunda crisis de credibilidad, la judicatura se ha convertido en un actor importante en algunos países. En Brasil, por ejemplo, figuras involucradas en la operación Lava Jato (una investigación en curso sobre la corrupción a gran escala en la petrolera estatal Petrobras), como Deltan Dallagnol, el coordinador del grupo de trabajo en el Ministerio Publico, y Sergio Moro, el juez a cargo de la investigación - se han convertido en verdaderos actores políticos. Su influencia ahora excede por mucho su papel como abogados, magistrados o jueces de tribunales de primera instancia.
El problema real, sin embargo, es que funcionarios como Moro han transformado la acción judicial contra la corrupción en una cruzada moral y política, por la cual están dispuestos a doblegar la ley. Los magistrados de la Corte Suprema argumentan que, para poder encarcelar a Lula antes de la campaña presidencial de 2018, Moro ha desobedecido las reglas del procedimiento penal y manipulado los mecanismos de detención preventiva. Moro admite en su veredicto que está condenando a Lula sin ninguna evidencia directa de un acto ilícito.
PARIS – En abril, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se rindió a la policía para comenzar a cumplir una sentencia de prisión de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue el último de una serie de arrestos y procesamientos de líderes políticos y económicos latinoamericanos, una tendencia que comenzó hace cuatro años, con el estallido del escándalo de sobornos del grupo brasileño Odebrecht. Pero si bien se necesita con urgencia una acción contra la corrupción, el enfoque cada vez más politizado de estos procedimientos está colocando a toda la región en una pendiente resbaladiza.
Con los gobiernos y las legislaturas de América Latina enfrentando una profunda crisis de credibilidad, la judicatura se ha convertido en un actor importante en algunos países. En Brasil, por ejemplo, figuras involucradas en la operación Lava Jato (una investigación en curso sobre la corrupción a gran escala en la petrolera estatal Petrobras), como Deltan Dallagnol, el coordinador del grupo de trabajo en el Ministerio Publico, y Sergio Moro, el juez a cargo de la investigación - se han convertido en verdaderos actores políticos. Su influencia ahora excede por mucho su papel como abogados, magistrados o jueces de tribunales de primera instancia.
El problema real, sin embargo, es que funcionarios como Moro han transformado la acción judicial contra la corrupción en una cruzada moral y política, por la cual están dispuestos a doblegar la ley. Los magistrados de la Corte Suprema argumentan que, para poder encarcelar a Lula antes de la campaña presidencial de 2018, Moro ha desobedecido las reglas del procedimiento penal y manipulado los mecanismos de detención preventiva. Moro admite en su veredicto que está condenando a Lula sin ninguna evidencia directa de un acto ilícito.